Por: Redacción.
Christof Heyns, relator especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, presentó este día su informe sobre su visita a México, y en él alerta que la escalada de violencia que inició en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se ha mantenido en el país con el nuevo Presidente Enrique Peña Nieto,
por lo que planteó 30 recomendaciones para asegurar el mejoramiento de la protección del derecho a la vida en el país.
Heynes manifestó su preocupación por los altos niveles de violencia en México, así como la persistencia de torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales perpetradas con impunidad.
En el documento, el Relator indica que la decisión del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto el hablar menos de la violencia no cambia esta realidad.
“El hecho de que las autoridades públicas hagan menor hincapié en la cuestión de la violencia y la delincuencia podría no significar necesariamente que en realidad haya disminuido el número de delitos violentos cometidos”.
El relator visitó México entre el 22 de abril y el 2 de mayo del año pasado, estuvo en los estados de Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y el Distrito Federal y también se reunió con personas de Tamaulipas y Coahuila.
“Según la información recibida, cerca del 70% de los homicidios registrados en los últimos años se han atribuido a la delincuencia organizada. Es importante recalcar que sigue siendo responsabilidad del Gobierno de México prevenir esos asesinatos y actuar con diligencia para investigar y enjuiciar los que se lleguen a cometer”, dice el informe.
“Se señaló a la atención del Relator Especial el preocupante hecho de que las fuerzas de seguridad pudieran considerar que en el contexto de la lucha del Estado contra la delincuencia organizada no tenía importancia que murieran personas involucradas en el narcotráfico y que ‘el problema se resolvía solo’ cuando un miembro de un cártel mataba a alguien de otro cártel. Esa tegidas”, agrega.
El reporte hace tres recomendaciones generales:
1. La proteccioìn del derecho a la vida, en particular la cuestioìn de la rendicioìn de cuentas, deberiìa ocupar un lugar central en el plan nacional de derechos humanos que estaì actualmente en proceso de elaboracioìn.
2. Los funcionarios gubernamentales no deberiìan hacer declaraciones puìblicas sobre la licitud de una muerte sin haber examinado los hechos debidamente; de igual manera, jamaìs deberiìa estigmatizarse a las viìctimas de la violencia.
3. Se deberiìa procurar la aplicacioìn pronta y efectiva de la Ley General de Viìctimas y garantizar la participacioìn plena y representativa de la sociedad civil y de las viìctimas en la aplicacioìn y el funcionamiento de la Ley. Meìxico deberiìa asegurarse de que ello ocurra tambieìn a nivel local.
También plantea cuatro conclusiones:
1. Parece haber un amplio consenso entre los diversos niveles de gobierno y la sociedad civil en que la solucioìn a largo plazo del problema de la violencia en Meìxico pasa por el establecimiento de un sistema soìlido de aplicacioìn de las leyes que se ajuste a las normas internacionales relativas al derecho a la vida y otros derechos humanos fundamentales. La necesidad de alcanzar este objetivo lo antes posible deberiìa ser el eje rector de todas las reformas de poliìtica y de otra iìndole.
2. Seraì de primordial importancia para Meìxico y sus vecinos —de hecho para la causa de la proteccioìn del derecho a la vida en todo el mundo— que Meìxico realice un esfuerzo concertado para apartarse de los sistemas de justicia militar y recurrir en su lugar a la justicia civil. En gran parte, estos propoìsitos estaìn declarados en las poliìticas del Gobierno, pero todaviìa no se han traducido en una aplicacioìn concreta. El aspecto principal de cualquier esfuerzo para seguir por este camino que pueda gozar de credibilidad local e internacional tendraì que ser el establecimiento de un sistema de justicia civil soìlido: un sistema en que las instituciones sean fuertes e independientes y esteìn interconectadas y en que las leyes sean claras, se ajusten a las normas internacionales y formen parte integrante de la cultura institucional y puìblica.
3. Tal sistema deberiìa utilizarse entonces en forma coordinada y coherente para hacer frente a los delitos del pasado y los delitos nuevos y para sentar los cimientos de un futuro en el que haya una cultura de la rendicioìn de cuentas. La impunidad constituye el taloìn de Aquiles del sistema actual. Si realmente es verdad —como parecen indicar las cifras citadas— que solo 1 o 2 millares de los maìs de 100.000 homicidios de la administracioìn federal anterior dieron lugar a una sentencia condenatoria, no es necesario seguir buscando las causas de la violencia desenfrenada que impera en ciertas regiones del paiìs. La rendición de cuentas conforme a lo previsto en la ley es la clave para reducir el altiìsimo y alarmante nivel de pérdidas de vidas que se asocia actualmente con Meìxico, rebajaìndolo al menos al nivel que teniìa en un pasado no tan lejano, y seguir avanzando a partir de ahiì.
4. Meìxico deberiìa seguir ajustando sus sistemas nacional y estatal al marco internacional de derechos humanos.
Activistas denunciaron ayer que además del nulo esclarecimiento de los que casos de desaparecidos registrados durante los años sesenta y ochenta, se suman los que se han producido por la guerra declarada por Felipe Calderón Hinojosa al crimen organizado, y los que se han sumado en la actual administración de Enrique Peña Nieto. Las cifras sobre personas desaparecidas en México son inconsistentes, hay opacidad para acceder a ellas, y por la tendencia actual de casos, el gobierno de Peña Nieto podría tener el doble de casos que el de Felipe Calderón Hinojosa, dijo a la investigadora del Área de Derechos Humanos de Fundar, Ximena Antillón Najlis.
Entre el periodo de 2006 y abril de 2013, tres de cada cuatro recomendaciones por violaciones al derecho a la vida emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), iban dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina.
Debido a esto, el Relator concluye que la militarización de las seguridad pública no es una respuesta eficaz ante la ola de violencia que vive el país; al contrario, “lo que urge es fortalecer el Estado de Derecho, especialmente en lo tocante a la investigación y sanción de violaciones a derechos humanos”.
También recomienda que el Estado mexicano forme un instituto forense nacional independiente, cuyos expertos y expertas realicen peritajes y trabajo forense a solicitud de todas las partes en los procesos penales, de los organismos públicos de derechos humanos y del público en general.
Además, indica que el gobierno actual proporcionó información donde se determina que durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se cometieron 102 mil 696 homicidios intencionales.
“Durante la anterior administración federal de 2006 a noviembre de 2012 se cometieron 102 mil 696 homicidios intencionales. El gobierno mexicano reconoce que no menos de 70 mil de esas muertes, casi el 70% estaban relacionadas con el tráfico de drogas. Esto se suma y a la vez se debe a una impunidad sistémica y endémica”.
Al respecto, la CNDH proporcionó información de que hoy en día, sólo el 1 o 2 por ciento de los delitos, incluidos los homicidios, dan lugar a sentencias condenatorias.
El Ejército debe dejar las calles
Si bien reconoció avances en el terreno legislativo, el experto de origen sudafricano insistió en “dejar el mensaje de que el Ejército debe alejarse de la persecución de los delitos, (México) debe alejarse del enfoque militar”.
“El sistema de justicia debe ser fortalecido, la policía debe ser capacitada y fortalecida, las oficinas forenses deben ser fortalecidas y la oficina del procurador tiene que ser independiente, cambiar el enfoque militar y dejar que las fuerzas policiacas civiles manejen los temas de seguridad pública, porque si no se va a entrar a un escalamiento de peligrosidad en el país”, recomendó.
Luego recordó que en cualquier parte del mundo el “paradigma de las fuerzas armadas es el mismo, su entrenamiento y los procedimientos son utilizar la fuerza máxima, ser más eficaces para eliminar al enemigo (…) el despliegue de la fuerza es demasiado y no está bajo el derecho internacional”.
El relator de ONU insistió en que México debe “empoderar el sistema civil para que pueda manejar y ser responsable de lo que está llevando a cabo el Ejército, y el Ejército pueda ser relevado de los temas interno del país”.
Contra manifestantes
Desde el 1 de diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto tomó protesta de la Presidencia de la República, la constante en las manifestaciones han sido grescas entre las personas que protestan y fuerzas de seguridad pública.
Justo ayer, el Jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Miguel Ángel, Mancera Espinosa, fue obligado a salir con escolta del informe de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, luego de que un grupo de jóvenes lo rodeara y le lanzara reclamos por las agresiones sufridas durante distintas manifestaciones públicas desde que asumió la administración de la Ciudad.
Ante este panorama, la ONU alertó que a nivel federal, y en la mayoría de los estados, no hay un marco jurídico coherente y ampliamente aceptado sobre el uso de la fuerza por los agentes de las fuerzas del orden, en particular en las detenciones y las manifestaciones.
En sus recomendaciones, presentó que debería enmendarse la Constitución para aprobar una ley general sobre el uso de la fuerza –en particular durante las manifestaciones y los arrestos– que se aplique a todas las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, de conformidad con las normas internaciones de derechos humanos más exigentes.
Más feminicidios
La ONU refirió que la violencia contra las mujeres, especialmente el feminicidio, sigue siendo un problema muy serio en la práctica. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), desde 2007 se registraron 4 mil 419 feminicidios en el país.
Sin embargo, organizaciones no gubernamentales han planteado que podrían ser muchas más.
Al respecto, el informe del Relator señala que se debería considerar la posibilidad de tipificar el feminicidio en todos los códigos penales pertinentes sobre la base de características objetivas y que se deberían estandarizar los protocolos de investigación policial del feminicidio en todo el país.
Periodistas y activistas
En el más reciente informe de Artículo 19 se señaló que el 2013, primero del gobierno del priista Enrique Peña Nieto, fue el peor para la prensa en México en los últimos siete años.
En el documento “Disentir en Silencio: violencia contra la prensa y criminalización de la protesta, México 2013, la organización internacional denunció que cada 26.5 horas se agrede a un periodista en el país.
Artículo 19 publicó que entre 2007 y 2013 se cometieron 726 agresiones a periodistas, trabajadores de prensa y medios de comunicación. De éstas, el 26 por ciento se cometieron en sólo en 2013, el año más violento en cuanto a agresiones a trabajadores de medios en este periodo, con 192.
De acuerdo con la información recopilada por la ONU, los periodistas que informan sobre la delincuencia y los funcionarios públicos parecen ser los que mayores riesgos corren.
Asimismo, la CNDH documentó que, desde 2005, al menos 18 defensores de los derechos humanos han sido asesinados y muchos otros han recibido amenazas de muerte.
Homicidios y desapariciones
A finales de mayo, diversas organizaciones que forman parte de la Coordinación de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, denunciaron que durante los primeros 18 meses de gobierno del priista del Presidente Enrique Peña Nieto se incrementó 300 por ciento la desaparición forzada de activistas en México respecto al mismo periodo del ex mandatario panista Felipe Calderón Hinojosa.
De acuerdo con información recibida por la ONU, cerca del 70 por ciento de los homicidios registrados en los últimos años se han atribuido a la delincuencia organizada.
En este aspecto, la ONU destacó que la responsabilidad del Gobierno de México para prevenir esos asesinatos y actuar con diligencia para investigar y enjuiciar los que se lleguen a cometer.
El Relator Especial mostró su preocupación porque las fuerzas de seguridad pudieran considerar que en el contexto de la lucha del Estado contra la delincuencia organizada no tenía importancia que murieran personas involucradas en el narcotráfico y que “el problema se resolvía solo” cuando un miembro de un cártel mataba a alguien de otro cártel.
Los migrantes
La ONU destacó el caso de los migrantes indocumentados que transitan por México y que ponen su vida en grave peligro.
En este caso también existe una opacidad en cifras de desaparición y asesinato de migrantes, además que se destacó un vínculo de las agresiones, la delincuencia organizada y la complicidad de las fuerzas del orden.
En el proceso, existe una impunidad crónica, expresó el documento del Relator especial, por lo que se instó a que se investiguen sin demora las muertes de migrantes a fin de castigar a los responsables y otorgar reparación a las víctimas o a sus familiares.
Debería crearse un corredor seguro para los migrantes en tránsito, con mayor protección durante el viaje; debería adoptarse una serie de medidas de protección y rendición de cuentas para prevenir las agresiones en los centros de acogida para migrantes; debería fortalecerse la cooperación entre dependencias estatales y organizaciones comunitarias para prestar asistencia humanitaria a los migrantes; se debería dar reparación adecuada a las víctimas de la violencia cometida en el país; se debería estudiar la posibilidad de adoptar un planteamiento según el cual los migrantes indocumentados puedan ejercer sus derechos, como el de denunciar delitos a las autoridades sin temer que los detengan; y, en coordinación con el Estado de origen, se deberían repatriar los cuerpos en condiciones dignas., recomendó la ONU.
Agresiones a menores
Pese al incremento de noticias sobre agresiones contra niños, la ONU lamentó que no hay datos oficiales sistemáticos ni desglosados sobre el número total de niños que hayan sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Organizaciones de la sociedad civil expusieron al Relator que desde 2007, se ha registrado un incremento constante del número de muertes de jóvenes de entre 12 y 17 años de edad. entre 2006 y 2010, 994 niños perdieron la vida en la llamada guerra contra la delincuencia organizada.
En el marco del Día del Niño y la Niña, el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) urgió al Presidente Enrique Peña Nieto a crear el Sistema Nacional de Garantía de los Derechos de la Infancia y Adolescencia que garantice los derechos de cerca de 40 millones de menores de 18 años en el país, y lo considere con la misma importancia que una reforma estructural.
El director ejecutivo de Redim destacó que la pobreza e inequidad es el problema más extendido entre la infancia mexicana. “Ser niño o niña en este país significa que tiene mayor probabilidad de ser pobre. Ahora mismo, con los datos disponibles, se sabe que más del 53 por ciento de niños, niñas y adolescentes viven en pobreza y más o menos el 12 por ciento de ellos, cuatro millones 700 mil, viven en pobreza extrema”, mencionó.
Comunidad LGBT
Interlocutores presentaron al Relator especial de la ONU que entre 2005 y marzo de 2013 se registraron 555 homicidios motivados por la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas. En muchos de los casos aparentemente se utilizaron armas punzocortantes y los cuerpos de muchas de las víctimas presentaban cortes profundos y otras señales de tortura, como violación anal y mutilación genital.
Los asesinatos de personas LGBT no dan lugar a ninguna investigación o son objeto de investigaciones viciadas, guiadas por estereotipos y prejuicios. Esta preocupación también fue manifestada por la CNDH, que indicó que los delitos y violaciones a los derechos humanos por orientación sexual, identidad o expresión de género no son hechos aislados, obedecen a patrones de conducta de algunos miembros de la sociedad y del proceder recurrente de ciertos servidores públicos, tales como prejuicios, aversiones y rechazos, lo que refleja la existencia de un problema estructural serio de intolerancia.
Se informó al Relator Especial de que las autoridades solían apresurarse en archivar esos expedientes, tildaban esas muertes de “crímenes pasionales” y optaban por no seguir tramitando esas causas con la debida seriedad.
El año pasado la Comisión Ciudadana Contra Crímenes de Odio por Homofobia (CCCCOH) dio a conocer que de 1995 a 2013 fueron asesinadas 887 personas de la comunidad LGBTTTI.
El Instituto Oikos, una Organización No Gubernamental en defensa de la discriminación, declaró que nuestro país ocupa el segundo lugar a nivel mundial en crímenes de odio por este miedo a las personas con preferencias homosexuales.
Las entidades que destacaron fueron el Distrito Federal con 164, Estado de México con 78, Nuevo León con 64 y Michoacán y Jalisco con 54 homicidios.
Recomendaciones de 1999
En las observaciones finales, el relator recuerda una recomendación que hizo una relatora en 1999, donde advirtió que no era conveniente militarizar la seguridad interna, sin embargo, no se hizo caso al respecto.
“La última visita del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias a México había tenido lugar en 1999. En su informe, la entonces Relatora Especial destacó una serie de acontecimientos positivos y desafíos relacionados con el derecho a la vida en México, pero advirtió que no era conveniente militarizar la seguridad interna (E/CN.4/2000/3/Add.3). Después de su visita, la situación se deterioró considerablemente desde el punto de vista del derecho a la vida, y la impunidad sigue siendo uno de los principales problemas del país”.
Heyns anunció que dará seguimiento a la implementación de sus recomendaciones y ofreció su asistencia técnica y cooperación para mejorar la protección del derecho a la vida en el país.
Fuente: Por Esto. (SIN EMBARGO/APRO/EFE)
















