Por: Facundo Rosas.
Lo anterior confirma mi tesis de que la inteligencia brinda certezas para la toma de decisiones, pero no pruebas para sustentar acusaciones, para esto último se requiere la intervención del MP.
Las acusaciones en contra de quien fuera secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Tabasco Hernán Bermúdez Requena vislumbran
que los productos de inteligencia contemplados en la recién aprobada Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública no alcanzan el nivel prueba, sino solo de indicios y pistas en el proceso de investigación.
Desde esta perspectiva, de nada sirvió que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) del Sureste haya obtenido información que vinculara al entonces titular de la SSPC con una persona identificada como “El Fantasma”, que presuntamente pertenecía a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación y era responsable del tráfico de migrantes en la frontera sur de México, ya que tal señalamiento no tuvo carácter probatorio y por lo tanto no se tradujo en una acusación formal en su contra.
Por esta misma razón el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional argumentó que no se alertó a las autoridades estatales porque “no se puede informar de algo que no está comprobado”, dejando entrever que los datos recopilados por las instituciones que formaban parte del CERFI jamás se tradujeron en un producto de inteligencia que permitiera tomar decisiones de carácter preventivo, que en esencia es para lo que es útil la inteligencia, más que para acusar formalmente a una persona, para ello hay que fundar y motivar con base en pruebas o al menos indicios suficientes, como exige la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
De paso confirma que el material “hackeado” por el grupo “Guacamaya Leaks” no es más que un gran cúmulo de datos, reportes e informes “crudos” que no habían sido procesados hasta adquirir el carácter de productos de inteligencia.
Prueba de ello son las palabras del propio titular de la SEDENA en el sentido de que la información filtrada por el grupo “Guacamaya” sobre Bermúdez Requena no es oficial (pese a reunir los requisitos de forma y fondo), pero está a disposición de las fiscalías.
Tuvo que venir una instrucción del nuevo gobernador de Tabasco para que el Ministerio Público del fuero común abriera una Carpeta de Investigación tomando como indicios varias notas periodísticas e información local que indicaba que Bermúdez Requena participaba en actividades delictivas, marcando el inicio del proceso penal al cual se encuentra sujeto dicho ex servidor público.
Lo anterior confirma mi tesis de que la inteligencia brinda certezas para la toma de decisiones pero no pruebas para sustentar acusaciones, para esto último se requiere la intervención del MP, que a final de cuentas es el único que tiene fe ministerial y de acuerdo al Artículo 21 Constitucional es el responsable de la conducción y mando de la investigación, así como de la persecución del delito en el proceso penal. Todos los demás, policías de todos los niveles y colores, así como peritos y personal con funciones de primer respondiente, son auxiliares del MP, más allá de lo que diga la ley en materia de investigación e inteligencia arriba mencionada, ninguna atribución les alcanza como para sustituir al MP y es mejor que no lo hagan enojar.
De paso deja claro que lo que el juez sanciona, previa acusación formulada por el Ministerio Público, son hechos que la ley señala como delitos y no vínculos o relaciones personales, como las que Bermúdez Requena mantenía con presuntos delincuentes. Aquí no aplica la regla matemática condicional de si P entonces Q, es decir cada quien sus relaciones y una no lleva a otra de manera obligada.
Tan es así que los delitos por los que el juez giró la única orden de aprehensión existente en su contra es por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro, todos del fuero común, aunque el secuestro se considere concurrente, es decir que puede ser perseguido por ambos fueros, común y federal, esto último al estar contemplado en la Ley en materia de Delincuencia Organizada.
Pero si la información que circuló el día de ayer después de la “mañanera” del pueblo deja de ser una pista o indicio y se convierte en prueba, la orden de aprehensión tendría que esperar un rato más para poder ser cumplida ya que un juez de Baja California con sede en Tijuana habría otorgado al acusado un amparo que significa una suspensión provisional para que las cosas permanezcan tal como se encuentran hasta en tanto se lleve a cabo la audiencia correspondiente.
POR FACUNDO ROSAS R.
EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL
@FACROSAS
Fuente: HERALDO DE MEXICO.
















