Por: Vicente Bello.
A partir de que Amnistía Internacional (AI) ha presentado un informe sobre la tortura en contra de mujeres en México, al Congreso mexicano le ha costado todavía más seguir haciéndose el tío lolo solo para no reformar leyes que abatan ese delito de lesa humanidad.
AI entregó este lunes a diputadas federales de todos los grupos parlamentarios su informe titulado Sobrevivir a la Muerte.
Tortura de Mujeres por Policías y Fuerzas Armadas en México. Y en él ha planteado al Poder Legislativo mexicano impulse con urgencia un nuevo marco jurídico que abata la tortura en contra de las mujeres y que castigue sin ambages a los responsables, que resultan ser casi siempre policías, o soldados o marinos.
Incluso, propone que se establezcan mesas de diálogo con las secretarías de Gobernación, de la Defensa y de Marina, así como con la Procuraduría General de la República, para “implementar mecanismos que frenen el abuso sexual”.
En un acto celebrado ayer en San Lázaro, AI a través de su investigadora Madeleine Penman ha denunciado que en México “la tortura despuntó de 2003 a 2013”, al grado de que en número de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos aumentó más de 600 por ciento.
“En un solo año”, dijo Madeleine, “hubo más de 12 mil quejas en todo el país por tortura o malos tratos”.
No es nuevo el informe de Amnistía Internacional, pues lo ha presentado desde junio pasado; pero presentarlo ayer en la Cámara de Diputados obligará a los mandamases de los grupos parlamentarios a posicionarse en torno del tema, justo ahora que comienza el periodo ordinario. Un tema en el que el Congreso ha estado renuente a revisarlo.
El informe de marras está sustentado en los testimonio de 100 mujeres recluidas en varias penitenciarías del país entre 2015 y 2016, la mayoría acusadas de delincuencia organizada, contra la salud y secuestro.
Madeleine resaltó un dato que había revelado en agosto ante senadoras: Durante el arresto, del total, 97 denunciaron que fueron víctimas de violencia física, 72 sexual y 33 de violación”.
La investigadora dijo que “es frecuente que sean arrestadas en grupo y acusadas de ser novias de delincuentes o cómplices de actos delictivos, sin que existan pruebas sólidas que respalden esas acusaciones”.
Madeleine acotó: “Un hallazgo es que las mujeres consideran la violencia sexual como algo normal. Además, las víctimas no tienen acceso a ginecólogos después de ser abusadas y las heridas pueden borrarse en una semana”.
Denunció también que “pese al elevado número de denuncias presentadas por mujeres víctimas de violencia sexual, incluida la tortura u otros malos tratos a manos de las fuerzas armadas, el Ejército informó a AI que no se había suspendido del servicio ni un solo soldado por estos delitos entre 2010 y 2015, mientras que, en la Marina, se suspendió a cuatro elementos durante ese mismo periodo”.
La investigadora insistió: “Solo un marino fue condenado por abusos sexuales, que fue dado de baja temporalmente, lo que permite reintegrarse a la corporación, una vez cumplida su pena en prisión. (Y) hasta el momento, la PGR no ha publicado datos desglosados sobre víctimas de tortura. Esto ha tenido como efecto ‘rodear’ el problema con un velo de secretismo y ha impedido dar respuestas informadas con las que abordar la violencia contra las mujeres durante el arresto y la detención”.
Madeleine abundó: “En la policía y en las Fuerzas Armadas se realizan cientos de sesiones de capacitación sobre género, violencia y derechos humanos; pero no parecen haber tenido un impacto apreciable a la hora de reducir las violaciones de los derechos humanos de las mujeres”.
Fue entonces cuando Amnistía Internacional lanzó la recomendación al Congreso mexicano, de “adoptar sin demora la Ley General contra la Tortura”.
Una legislación que, a juicio de AI; tendría que incluir los siguientes elementos jurídicos:
“Penalizar la tortura y otros malos tratos con arreglo a las normas internacionales, en concreto a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
“Excluir de las actuaciones judiciales, todas las declaraciones y pruebas obtenidas bajo tortura u otros malos tratos quedan, excepto en contra de un posible perpetrador, como evidencia de que la tortura ocurrió.
“Garantizar en la ley que cuando se presenten pruebas obtenidas bajo tortura u otros malos tratos, el juez excluya dichas pruebas desde el principio e inicie una investigación dentro del juicio, con el fin de adoptar una decisión final.
“Que la carga de la prueba deba recaer sobre el Estado, para comprobar más allá de toda duda razonable que la evidencia fue obtenida legalmente.
“Y modificar el artículo 48 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para obligar a la CNDH a proporcionar copias de los resultados de los exámenes médicos y sicológicos a las víctimas y a sus representantes, con independencia de que lo exija un juez”.
Claudia Corichi García, diputada federal de Movimiento Ciudadano, pidió, a su vez, lo siguiente:
“Que la minuta del Senado sobre la Ley General contra la Tortura se turne ya a las comisiones de Derechos Humanos, de Justicia y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, para analizar el planteamiento de la tortura sexual con el propósito de presentar propuestas conjuntas”.
Y argumentó: “México atraviesa una de las peores crisis de derechos humanos. A un año de la instalación del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual, de la Secretaría de Gobernación, la violación de los derechos humanos de cientos de mujeres permanece en la impunidad”.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















