Por: Ana Laura Magaloni Kerpel.
Rodrigo Martínez Vásquez, estudiante de Derecho de 23 años, fue asesinado el 31 de agosto de 2014. Iba de camino a su casa aproximadamente a las 11 pm después de una fiesta en la Iglesia de la Esmeralda. Él vivía en la Unidad Habitacional El Milagro, en la delegación Gustavo A. Madero.
El homicidio sucedió dentro de la unidad habitacional a unos cuantos metros de su casa. Según el testimonio de algunos vecinos, lo mató una banda de jóvenes que se dedica al robo en esa zona. Los líderes de la banda son Brandon Bryan y Fredy Hernández. Todo parece indicar que Rodrigo se resistió a ser asaltado y le dieron dos disparos en la cabeza.
El caso estaría resuelto y los responsables en la cárcel si la Procuraduría capitalina hubiese hecho medianamente bien su trabajo. Sin embargo, Mariano Martínez, el padre de Rodrigo, no es una persona con contactos ni con dinero; es un ciudadano común y corriente. Por ello, no tiene acceso a una Procuraduría que al menos se sienta compelida a hacer justicia cuando se trata de un padre al que le acaban de matar a su hijo. No importa de qué se trate el asunto, la Procuraduría sólo sabe tratar de una manera a la gente ordinaria: con indiferencia e ineptitud.
Mariano Martínez ha padecido los problemas que desde hace años existen en el DF cuando se trata de la persecución criminal en casos de homicidio y que inexplicablemente ningún procurador se ha propuesto resolver. El problema más frecuente es que la agencia del MP ordinaria no lleva a cabo las diligencias básicas de la investigación ni tampoco envía inmediatamente la averiguación previa a la agencia especializada de homicidios. En el caso Rodrigo Martínez, el fiscal de Gustavo A. Madero, el licenciado Eduardo Carreño Alvarado, no envió siquiera a la policía a buscar posibles testigos oculares e interrogar a quienes presenciaron los hechos en la unidad habitacional y se tardó cuatro meses en enviar la averiguación previa a la agencia especializada de homicidios. Todo ello puede parecer un mero descuido burocrático, pero no lo es: la experiencia internacional indica que las primeras 48 horas después de sucedido un homicidio son las horas clave para poder descifrar quién lo cometió. El hecho de que el fiscal de la Gustavo A. Madero no hiciera nada durante cuatro meses significa reducir sustantivamente la capacidad de consignar con éxito a quienes mataron al hijo de Mariano.
Ojalá se tratara de un caso atípico. Pero no lo es. Hace algunos años llevé a cabo trabajo de campo en la agencia especializada en homicidio del DF. Para mi sorpresa, dicha agencia cuenta con un grupo selecto de fiscales muy bien capacitados en la investigación de homicidios. También cuenta con los recursos y la infraestructura adecuada para hacer su trabajo. El contraste con las agencias ordinarias del MP es muy considerable. Sin embargo, a pesar de que se cuenta con la capacidad institucional para investigar homicidios en el DF, existe un conjunto de problemas de gestión elementales que hacen que las investigaciones de homicidio fracasen o sean de mala calidad. Entre estos problemas se encuentran dos que me parecen centrales: 1) los fiscales de homicidios no acuden a la escena del crimen, ni supervisan la recolección de la evidencia y 2) la agencia ordinaria le envía la averiguación previa a la agencia especializada 3 y 4 meses después de sucedido el homicidio. Estos dos problemas tan básicos y fáciles de resolver menoscaban sustancialmente la posibilidad de investigar homicidios en el DF. En abstracto este parece un problema más de los muchos que tiene nuestra procuración de justicia; sin embargo, cuando escucho a Mariano y me pongo por un momento en sus zapatos, entiendo el tamaño del descuido (o complicidad) de las autoridades. ¿A quién y por qué le interesa tener una Procuraduría sin posibilidad siquiera de resolver adecuadamente los casos de homicidios?
Fuente: Reforma.
















