Por: Eduardo R. Huchim.
Aun cuando el discurso sea de autocomplacencia, resulta insatisfactoria la fiscalización del Instituto Nacional Electoral sobre los gastos de campaña del proceso 2014-2015. Algunos consejeros, ayunos de autocrítica, han llegado a afirmar que las campañas se financiaron con dinero limpio y que fue usado para fines lícitos.
Esta afirmación es temeraria frente a lo que a muchos mexicanos les consta: el financiamiento de gobiernos y la frecuente compra de votos, masiva en algunas zonas. Cierto que esta conducta implica un delito que compete a la Fepade, pero decir sin matices que partidos y candidatos gastaron sólo en fines lícitos resulta excesivo.
Lo que sí pueden afirmar los consejeros es que su Unidad de Fiscalización (UF) no detectó dinero de origen y destino ilegales. Pero eso es distinto a que no lo haya habido. Es como si un procurador de justicia afirmara que en su ámbito de competencia no hay robos sólo porque él no ha podido probar ninguno.
La percepción empírica -derivada de quienes vieron correr el dinero para actividades comiciales ilícitas- indica que, como otras veces, los partidos y candidatos emplearon recursos excesivos, a veces de procedencia incierta, y que en centenares de casos rebasaron el tope de gastos de campaña. ¿Y cuántos rebases detectó el INE, de entre los más de 12 mil candidatos federales y locales? ¡Treinta y nueve!
A propósito de rebases del límite de gastos (diputados federales: $1 millón 260 mil), Luis Carlos Ugalde, ex presidente del IFE y director de Integralia, escribió recientemente: “El costo (real) promedio de una campaña de diputado federal en zonas urbanas es superior a los 6 millones y en ocasiones puede llegar a los 10 o 12”. Y agrega este testimonio privado de un senador: “En mi entidad en 2012 el gobernador apoyó a los candidatos a diputados federales y senadores con cerca de 100 millones de pesos. A mí me dio siete millones al inicio de la campaña y luego me dio algunos apoyos adicionales. Y pagó toda la estructura de representantes del partido ante las mesas de votación” (Nexos, 01/02/15). Pero los fiscalizadores sólo detectaron 39 rebases y para el INE, si no los halla, no existen. Se resiste a admitir que sí existen, pero no los detecta.
Tiene razón la consejera Pamela San Martín al expresar (20/07/15) que “el ejercicio de fiscalización no fue efectivo y… no permite arribar a conclusiones ciertas”. En consecuencia, propuso devolver dictámenes y proyectos de resolución a la UF, para que completara el trabajo. Y por supuesto, los consejeros de vocación pontificia rechazaron la propuesta.
¿Por qué se justificaba tal devolución? He aquí algunas razones, no todas citadas por la consejera:
a) En los dictámenes no hay información que permita una consolidación nacional de ingresos y gastos, lo cual significa que tampoco es posible identificar los egresos que beneficiaron a más de un candidato en distintas elecciones.
b) ¿Qué informaron las fuentes externas y cuál fue el resultado puntual de su información? En los dictámenes no se da cuenta de qué diligencias se hicieron con autoridades fiscales y financieras (SAT, CNBV, UIF) ni de sus hallazgos. Tampoco se sabe con puntualidad si se confirmaron las operaciones de gastos con proveedores.
c) La información contenida en los dictámenes es insuficiente. No se dice, por ejemplo, por qué una falta inicialmente determinada por la UF se subsanó por parte del partido. Es decir, no existe valoración real de las pruebas ofrecidas y esto obliga a decidir sólo con base en la palabra de la UF.
Cuando se habla del gasto excesivo de los partidos o de la procedencia ilegal de sus recursos, es común escuchar de la autoridad: “Quien tenga pruebas, que las presente”. En este caso sería una reacción errónea. Es a las entidades fiscalizadoras a quienes compete buscar y hallar esas pruebas. Justo esa es su tarea, su deber. Y en este caso, ni tarea bien hecha ni deber cumplido. Fue, sin remedio, una fiscalización fallida.
Con todo, hubo virtudes: la fiscalización se pudo concluir en tiempo récord y no, como antes, cuando los candidatos triunfadores ya ejercían su cargo. Y es de reconocerse el notable esfuerzo, por momentos casi sobrehumano, del equipo de fiscalizadores que realizaron su trabajo en condiciones adversas por la brevedad de los plazos pero también por los sistemas informáticos inconclusos, cuya insuficiencia niegan los consejeros, al hablar de un sistema robusto e integral.
Hay muchas cosas por corregir en esta materia y será mejor hacerlo antes de 2018.
@EduardoRHuchim
Fuente: Reforma.
















