Por: Eduardo R. Huchim.
El Instituto Nacional Electoral (antes IFE) organiza en forma aceptable los comicios, por más que en ciertas regiones los consejeros locales hayan señalado prácticas que hacen dudar de la imparcialidad de varios vocales ejecutivos y sus equipos. En cambio, a la hora de actuar como árbitro y tomar decisiones oportunas y enérgicas,
con frecuencia el INE le queda a deber al electorado, como lo acredita el desafío del Partido Verde.
En el actual proceso electoral, sin embargo, se está dando una serie de fallas que, si no se corrigen con oportunidad, podrían derivar en severos problemas en la operación de las diversas etapas. Incluso actividades que desde hace lustros son miel sobre hojuelas, en esta ocasión, están teniendo tropiezos, la mayoría de tipo informático.
En tal situación se ubican el sistema de contabilidad en línea (herencia envenenada del anterior encargado de la Unidad de Fiscalización) y la segunda insaculación de funcionarios de casillas que esta vez sólo fue posible realizar digitalmente en alrededor del 50% de los distritos. Una de esas fallas fue evidenciada por Jesús Zambrano (PRD), cuando en una reciente sesión (08/04/15) señaló que en Guerrero el sistema informático para la captura de ingresos y egresos de precampañas y campañas de gobernador dejó de funcionar. Otro caso fue el de 50 capacitadores que reclamaron no haber recibido sus salarios completos (Reforma, 18/04/15).
A la luz de las fallas señaladas, hay preocupación respecto del Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE), cuya importancia se describe en el solo nombre. Adicionalmente, en círculos cercanos a la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica se habla de irregularidades, duplicidades, asignación indebida de contratos… y todo ello bajo la sombra de vínculos interpersonales entre funcionarios del INE.
Se trata de focos amarillos que reclaman atención puntual y rápida para que no se conviertan en focos rojos.
Donde la situación es alarmante es en lo concerniente al desafío que mantiene contra las autoridades comiciales el Partido Verde, cuyo registro debe ser cancelado por sus violaciones a la Constitución y a la ley, de las cuales me he ocupado anteriormente. Tres partidos, PAN, PRD y Morena, y un grupo de ciudadanos han demandado esa cancelación. La solicitud ciudadana, en la plataforma change.org, tiene ya el respaldo de más de 115 mil firmas y ha provocado que el consejero presidente del INE hablara de “estridencia de la tribuna”, en una típica muestra de lo que he llamado pretensión pontificia (Reforma, 28/01/15).
La demanda de cancelación de registro del supuesto partido ecologista ha generado un debate en el cual el PVEM ha tenido la defensa de personajes con ascendencia sobre algunos consejeros y que de buena fe se oponen a tal drástica medida, la atribuyen a la malquerencia causada por ese partido y suponen que si el INE determinara la pérdida de su registro, ello abriría una peligrosa vía a la arbitrariedad.
Esa actitud soslaya una realidad: el PVEM ha transgredido flagrantemente la Constitución y las leyes comiciales de una manera sistemática y desafiante, pero la gravedad de sus infracciones no preocupa a los defensores del Verde. Uno de ellos llegó al absurdo de argumentar, en la tv, que violaciones similares las han cometido también otros partidos, pero no por ello han perdido sus registros.
Lamentablemente, esa manera de pensar es frecuente en una porción importante de la sociedad y es una de las causas de que, ante el conformismo y la permisividad, México se aleje cada vez más de la vigencia de un real Estado de derecho. En el caso del PVEM, su conducta no tiene parangón y el propio Lorenzo Córdova ha declarado que carece de precedentes.
Imposible citar todas las transgresiones del PVEM, pero la gravedad de su conducta puede ejemplificarse con la propaganda de sus legisladores (239 mil spots durante 72 días en 48 televisoras), que constituyó una sistemática e integral estrategia propagandística. La intención de los legisladores y del partido fue quebrantar la ley para promover la imagen del PVEM frente a la sociedad, lo cual implicó una trasgresión al modelo de comunicación política previsto en la Constitución federal. Estos datos y afirmaciones no son opinión mía, están contenidos en el SUP-REP-120/2015 del TEPJF.
El foco verde ya dejó atrás el amarillo preventivo y terminará de enrojecer si, ante el reto y las violaciones del PVEM, los consejeros electorales optan por la permisión y la abdicación de sus atribuciones.
@EduardoRHuchim
Fuente: Reforma.
















