Por: Martín Espinosa.
Hay que diferenciar en estos tiempos confusos que vive el país entre el significado de la molestia de la sociedad frente a la incapacidad de sus gobernantes para afrontar problemas que competen a toda la comunidad y los llamados “juicios sumarios” que hace la misma sociedad contra esos malos funcionarios, que en muchos casos se han corrompido en el ejercicio del poder.
Viene a cuento lo anterior por el que, quizá,
ha sido el mayor caso de corrupción que ha provocado el escándalo social, por la forma en que ocurrieron los hechos denunciados por varias entidades gubernamentales, tanto a nivel federal como local: el ejercicio de (des)gobierno en Veracruz, en el que estuvo al frente Javier Duarte de Ochoa, entre el primero de diciembre de 2010 y el 12 de octubre del año pasado, día en que tuvo que solicitar licencia al cargo, en medio de acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito.
Hace unas horas, el que fuera el preso número 27 del penal militar de Matamoros, Guatemala, regresó extraditado a México y al paso de la caravana de policías federales que lo trasladaron del hangar de la Procuraduría General de la República en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las instalaciones del Área de Juzgados Federales, a un costado del Reclusorio Norte de la misma capital mexicana, muchos curiosos se detenían en las calles del recorrido y al enterarse de que en una de las camionetas blindadas que circulaban a toda prisa iba el exgobernador de Veracruz le gritaban toda clase de improperios, reflejo del “malestar social” que prevalece entre la población.
Una cosa es no querer mirar ni preocuparse tampoco del enojo social ante estas circunstancias que se repiten tanto a nivel local como nacional y otra, muy distinta, es anticipar sentencias en procesos judiciales que apenas empiezan, como el caso ya referido. Comienza a surgir dentro de la clase política del país el argumento de que “no hay que anticipar juicios, sino esperar a que sean los encargados de una investigación, así como los propios impartidores de justicia, quienes den su veredicto final”. Lo acabamos de ver con el socavón que se abrió en el Paso Exprés de Cuernavaca, en el que murieron dos personas. ¿Pero qué esperar de una ciudadanía incrédula que ya no le tiene confianza ni siquiera a quienes forman parte del Poder Judicial, que por cierto —como lo publicó la semana pasada el periódico Excélsior— tienen laborando a hijos, parejas, sobrinos y tíos de 500 jueces y magistrados que ocupan plazas en tribunales y juzgados de su adscripción en un evidente acto de nepotismo?
El problema no son los “juicios y sentencias anticipadas” de la opinión pública; el gran tema de unos años a la fecha es la irritación popular ante la falta de resultados, esa sí documentada, de la clase gobernante, tanto en los estados como en el ámbito federal. Por lógica, una sociedad satisfecha con los resultados de sus gobernantes no tendría por qué estar irritada. Al contrario, buscaría por todos los medios posibles darle continuidad a esa forma de gobierno, así como a los responsables de éste. Sin embargo, el gran peligro que hoy enfrenta nuestra incipiente democracia es que la mayoría de los votantes ya no le encuentra razón de ser a este método de elección política y cívica, y corre el riesgo de ir detrás de “promesas ilusorias” que en nada van a resolver el problema actual.
De ahí la trascendencia de los momentos que vivimos.
Fuente: Crónica.
















