Noticia publicada a las 01:08 am 16/10/26

Por: Edmundo Jacobo Molina.

La soberanía es un principio fundamental, pero su significado e implicaciones hoy en día exigen una discusión seria.
A menos de ocho meses de la jornada electoral en la que se renovarán más de 19 mil cargos de gobierno y representación, los partidos políticos, encabezados por Morena, han comenzado a definir candidaturas,

aun cuando los plazos legales no lo permiten y ante la mirada de las autoridades electorales.
Paralelamente, se perfila la narrativa con la que buscarán posicionarse ante el electorado y descalificar a sus adversarios.
En Morena, una vertiente adquiere cada vez mayor visibilidad: la defensa de la soberanía nacional.
Ese fue el eje articulador del discurso de Claudia Sheinbaum con motivo de su Segundo Informe de Gobierno desde Palacio Nacional, durante su recorrido por las 32 entidades, hasta su culminación en el Zócalo capitalino el 27 de septiembre.
El llamado encaja en la lógica polarizante que ha caracterizado al lopezobradorismo: reducir la complejidad política y social a una confrontación entre buenos y malos, como si la riqueza y diversidad de la sociedad admitieran semejante simplificación.
López Obrador recurrió sistemáticamente a la división entre liberales y conservadores y se atribuye la creación de una nueva corriente del pensamiento, el «humanismo mexicano», al que contrapone al neoliberalismo, categoría en la que agrupó a cuantos no coinciden con él.
Sheinbaum recupera ahora ese tono y ese método bajo el paraguas de la soberanía.
Lo preocupante no es únicamente el recurso demagógico, sino además su traducción en reformas constitucionales.
Dos resultan ilustrativas: la posibilidad de anular elecciones por injerencia extranjera y la exigencia de renunciar a una segunda nacionalidad para aspirar a la Presidencia de la República o a una gubernatura.
La primera fue aprobada el 2 de junio, justo dentro del plazo constitucional para modificar normas electorales con efectos en los siguientes comicios.
La segunda, aprobada recientemente, no será aplicable sino a partir de 2028. Ambas comparten como sustento o pretexto a la soberanía y, en el caso de la doble nacionalidad, entra en tensión con derechos reconocidos desde 1998.
Por lo demás, el desempeño de un servidor público difícilmente puede juzgarse por la posesión de otra nacionalidad. El problema es bastante más complejo.
Las reformas apuntalan una narrativa útil tanto para la contienda electoral como para la relación con Estados Unidos.
Frente al endurecimiento del discurso del presidente Trump y de funcionarios de su gobierno sobre el crimen organizado y sus posibles vínculos con autoridades mexicanas, Sheinbaum invoca reiteradamente la soberanía y exige que cualquier investigación se conduzca conforme a las leyes nacionales, sin injerencias extranjeras.
Las reformas constitucionales y el discurso se traducen en la calificación de hechos; dos episodios recientes muestran cómo ese argumento se traslada a la disputa política interna.
El primero ocurrió el 19 de abril en la Sierra Tarahumara, donde murieron dos agentes de la CIA.
Desde entonces, el gobierno federal ha cuestionado a las autoridades de Chihuahua por presuntamente permitir la participación de agentes extranjeros en operativos reservados a instituciones nacionales y sin autorización de la Federación, aun cuando en ellos al parecer participaron fuerzas federales.
El segundo episodio tuvo lugar el 2 de octubre, cuando el embajador estadounidense acudió a Querétaro y, junto con el gobernador, colocó la primera piedra de la «Academia Internacional de Capacitación Policial».
Una vez más, la presidenta directamente acusó al gobierno estatal de ejercer facultades que requerirían autorización federal.
No es un dato menor que sean Chihuahua y Querétaro, dos estados gobernados por el PAN, y ello contrasta con el tratamiento que reciben los señalamientos de corrupción y vínculos de autoridades locales con el crimen organizado en Baja California, Sinaloa y Tabasco, por mencionar sólo tres entidades.
Vistos en conjunto, estos elementos permiten anticipar que la soberanía y la mexicanidad ocuparán un lugar central en la narrativa presidencial rumbo a las elecciones de 2027 y, posteriormente, las de 2030.
Servirán para confrontar a la oposición y para administrar políticamente las tensiones con Estados Unidos.
No deberíamos pasar por alto ni las reformas constitucionales ni el trato diferenciado a hechos que involucran a gobiernos estatales.
La soberanía es un principio fundamental, pero su significado e implicaciones hoy en día exigen una discusión seria; no puede agotarse en consignas ni en una lectura decimonónica de nuestra historia.
En ese contexto tampoco parece casual la reaparición de López Obrador, con el pretexto de presentar su libro “Pueblo”.
Su discurso vuelve a una supuesta esencia de la mexicanidad, como si fuera posible hablar de una identidad pura y convertir la evidencia histórica del mestizaje en una herida que solo admite disculpas.

Fuente: EL FINANCIERO.

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