Noticia publicada a las 02:47 am 14/10/26

Por: Jesús José Castañeda Nevárez.

En la entrega anterior vimos cómo el control sobre la expresión se ha sofisticado en Brasil, por la vía judicial, y en Colombia, mediante la presión discursiva e indirecta. Para dimensionar la llamada “ingeniería del silencio” falta contrastar el autoritarismo comunicacional de Venezuela con el modelo híbrido que hoy se configura en México.

En ambos casos, bajo la premisa de democratizar la información o proteger al pueblo de la desinformación, el Estado se arroga el papel de único árbitro legítimo de la verdad.
Venezuela es la fase terminal del proceso. Lo que en los primeros años del chavismo comenzó como regulación administrativa y condicionamiento de concesiones radioeléctricas se convirtió en un sistema de censura sustentado en instrumentos punitivos como la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (RESORTE) y, más tarde, la Ley contra el Odio. Con esta última se criminalizó la crítica política, con penas de hasta 20 años de prisión por acusaciones ambiguas de “incitación al odio”.
Cuando la conversación pública se desplazó al entorno digital, el control la siguió. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) ha bloqueado a nivel de DNS e IP portales de noticias independientes y ha restringido el acceso a redes sociales en momentos de alta tensión política. Venezuela demuestra que la censura institucional, cuando no encuentra frenos, extingue las garantías democráticas.
México está lejos de ese punto, pero hay señales que deben encender las alertas. Los Lineamientos para el Derecho de las Audiencias buscan que los concesionarios distingan con claridad entre información y opinión, y esa exigencia otorga a la autoridad la potestad burocrática de decidir qué es un “hecho” y qué es simple “subjetividad”. A ello se suman las iniciativas conocidas como “anti-memes”, que pretenden sancionar la alteración digital de imágenes o la sátira política con el pretexto de combatir el ciberacoso y proteger el honor de la clase política. Es un intento por desarmar una de las herramientas más eficaces de la ciudadanía para escrutar al poder: la sátira, desde la caricatura hasta el meme.
Pesa también el uso sistemático de las conferencias matutinas para señalar y deslegitimar a periodistas, analistas y medios críticos. Cuando el poder califica el trabajo de la prensa desde el atril oficial, quebranta la neutralidad gubernamental y genera un efecto inhibitorio sobre el ejercicio periodístico.
El contraste entre Venezuela y México confirma que la erosión de la libertad de expresión no ocurre de la noche a la mañana, sino mediante una normalización regulatoria gradual. Cuando se tolera que el poder califique a la prensa, que se castigue la sátira o que las instituciones de control sean capturadas por el gobierno de turno, se pavimenta el camino hacia la pérdida de la conversación pública libre.
El Estado jamás debe ser el dueño ni el guardián de la verdad. Proteger las instituciones nunca puede lograrse destruyendo el pilar que las sostiene: la libertad de expresarse y criticar al poder.

Fuente: Índice Político.

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