Noticia publicada a las 04:06 am 11/10/26

Por: Darío Celis.

Desde su rancho de Palenque, Andrés Manuel López Obrador reapareció esta semana para defender una de las afirmaciones más ambiciosas de su trayectoria política: que la corrupción se acabó en México. Lo hizo al presentar su libro más reciente y al hacer un balance de su Administración, desde el mismo lugar al que se retiró tras dejar la Presidencia.

La frase levantó ámpula, porque el combate a la corrupción fue mucho más que una propuesta de Gobierno. Fue la bandera que enarboló la Cuarta Transformación. Sobre esa premisa fue que López Obrador justificó recortes presupuestales, programas sociales, obras faraónicas y una confrontación permanente con el viejo régimen.
Sin embargo, la realidad parece empeñada en desmentir al político macupasno, pues si la corrupción hubiera quedado atrás, México no habría cerrado con apenas 26 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, una calificación que ubicó al país en la posición 140 de 180 naciones evaluadas y en el último lugar entre los miembros de la OCDE.
Tampoco seguiría abierto el capítulo de Segalmex, el caso más pesado que cargó el Gobierno obradorista. Las auditorías detectaron irregularidades por miles de millones de pesos. A pesar de procesos de recuperación y aclaración de recursos, todavía existen montos pendientes por justificar y ninguna sentencia definitiva que permita afirmar que el episodio quedó resuelto.
El asunto adquiere otra dimensión porque no se trata de un gobierno cualquiera. Se trata de una Administración que construyó gran parte de su legitimidad en torno a una supuesta honestidad pública. Por eso cada observación de la Auditoría y cada expediente inconcluso tiene un costo político superior al de otros sexenios.
A ello se suman los señalamientos que han alcanzado a personas cercanas al expresidente. El caso más visible es el de Andrés Manuel López Beltrán, uno de los hijos del tabasqueño, cuyo nombre ha aparecido en reportes periodísticos relacionados con presuntas redes de contrabando de combustible y tráfico de influencias.
Reportes recientes señalan que agencias estadunidenses revisan acusaciones en su contra, aunque hasta ahora no existe una investigación formal ni cargos judiciales presentados por autoridades de ese país. Del mismo modo, la Fiscalía mexicana ha sostenido que no hay procesos abiertos en su contra.
Nadie puede decretar culpabilidades desde una columna. Esa tarea corresponde a las autoridades y a los tribunales. Lo que sí puede hacerse es contrastar una declaración política con la evidencia disponible.
Y la evidencia muestra que la corrupción sigue siendo uno de los principales problemas del país, que los organismos internacionales continúan evaluando mal a México en esta materia y que los expedientes más sensibles del sexenio anterior aún no terminan de cerrarse.
Desde Palenque, López Obrador buscó reafirmar su legado. Pero a dos años de haber dejado el poder, la discusión ya no gira alrededor de lo que afirma el expresidente. Gira alrededor de algo mucho más difícil de controlar: lo que siguen diciendo los números.

Fuente: Zócalo de Saltillo. (Frag.)

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