Noticia publicada a las 02:56 am 06/10/26

Por: Carlos Ramírez.

Como ocurre cada año y en función del compromiso obligatorio del artículo IV del convenio constitutivo, el Fondo Monetario Internacional envía un equipo de analistas para revisar el comportamiento de la economía mexicana y acreditar si está cumpliendo o no con la condicionalidad de ese organismo para otorgar avales en créditos internacionales.

El mecanismo surgió en septiembre de 1976 cuando México firmó una Carta de Intención de Política Económica para comprometerse aplicar la condicionalidad del pensamiento estabilizador fondomonetarista en materia de inflación. México había entrado en una larga noche de inflación creciente desde 1973, primero a través del petróleo importado cuyos precios acababan de ser fijados por la OPEP, pero luego por una decisión de política económica interna de aumentar el gasto social rompiendo el equilibrio inflacionario por el lado de la demanda.
Desde la Carta secreta firmada por el presidente Luis Echeverría Álvarez y revelada en septiembre de 1977 por el periodista Manuel Buendía en su columna Sol y Sombra en El Sol de México, existe la obligación de que México se comprometa vía Carta de Intención a mantener el enfoque fondomonetarista de controlar la inflación por el lado de la demanda: salarios bajos, gasto publico decreciente y desaceleración del PIB.
Andrés Manuel López Obrador –activista, luego candidato, después presidente de la República y finalmente gran elector de su sucesora Claudia Sheinbaum Pardo– anunció el fin del ciclo del neoliberalismo, aunque se trató de un discurso político porque el enfoque estabilizador de la inflación por el lado de la demanda –doctrina inflexible del FMI que fue definida nada menos que por el padre del neoliberalismo monetarista Milton Friedman– sigue siendo en la 4T el candado para tratar de disminuir el crecimiento de los precios. Lo que hizo el lopezobradorismo y ha querido vender como “el fin histórico del neoliberalismo en México” ha sido utilizar el gasto público para desarrollar una muy amplia gama de dinero entregado directamente a los sectores vulnerables como política asistencialista de primer piso.
El pasado viernes 2 de octubre, el FMI dio a conocer en su página oficial, los resultados de la visita de una misión de analistas para revisar el cumplimiento de la Carta compromiso de estabilización macroeconómica de México. Todos los miembros del FMI están obligados a firmar la Carta de Intención de Política Económica para cumplir con la condicionalidad antiinflacionaria por el lado de la demanda y a abrir toda esa información de política económica a un grupo de analistas que cada año visitan los diferentes países.
El reporte del Fondo le puso estrellita a México en cuanto al cumplimiento en lo general de la condicionalidad macroeconómica neoliberal, estableció una tasa promedio de PIB anual en 2026 y 2027 de 1.6% y dejó muy en claro su recomendación de que México todavía no ha alcanzado el techo aprobado de 3% de inflación anual y la tasa prevista anda rozando el 4%.
Pero en su evaluación hubo tres importantes de “recomendaciones”: bajar la deuda pública que anda en 62.9%, disminuir el déficit presupuestal de 4% promedio anual y estimular aún más –porque no lo ha hecho en la práctica– un aumento real en la inversión privada, y en este punto los técnicos del Fondo encontraron fallas en el apoyo a la empresa privada: compromisos de infraestructura que no se han cumplido, incertidumbre en el clima de los negocios, cargas regulatorias que inhiben a las empresas, retrasos en la integración comercial, peso negativo de la inseguridad, recomendación para “combatir la corrupción” y reducir la informalidad productiva.
En sus propuestas, el FMI desliza por ahí una que ha puesto nerviosos a los miembros del gabinete económico presidencial: el organismo internacional sugiere la creación de un Consejo Fiscal Independiente para acotar la facultad unidireccional del Ejecutivo y a veces autoritaria de usar la política fiscal como instrumento coercitivo de gobierno. El aspecto fiscal que es clave para disminuir el déficit y por tanto controlar la inflación, y deja entrever que por el lado fiscal se está colando la inflación.
Y finalmente, como condición específica para reactivar la economía y crecer a tasas mayores a 2% sin presión inflacionaria del gasto gubernamental, el FMI jala la atención a un problema que la empresa privada mexicana insiste en puntualizar: la baja gobernanza ofi y la debilidad del Estado de derecho, ambas condiciones cuyo fortalecimiento “es esencial para apuntalar reinversión y el crecimiento”. Y para no dejar pasar las quejas empresariales, el FMI estableció que “se necesitan más esfuerzos para combatir la delincuencia organizada y la corrupción y fortalecer el Estado de derecho”.
La Carta de Intención con el FMI y las evaluaciones obligatorias anuales a que es sometido el país confirman que el neoliberalismo fue derrotado en el discurso, pero sigue siendo esencial en el diseño de la política económica de la 4T.
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Política para dummies: la política, como el dinosaurio de Monterroso, estará ahí cuando todo se despierten.
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