Noticia publicada a las 01:34 am 02/10/26

Por: Julieta del Río.

Porque una cosa es conocer el nombre de una empresa que obtiene un contrato y otra muy distinta es saber quién está realmente detrás de ella. La verdadera pregunta está en conocer cómo se relacionan unas empresas con otras, quiénes reciben finalmente los beneficios, si existen intermediarios y hasta dónde llega la ruta del dinero.

La investigación del periodista Irving Pineda, de TV Azteca, que permitió localizar a Jorge Amílcar Olán Aparicio en Suiza, vuelve a poner sobre la mesa un tema que trasciende a una persona o a un caso particular: la importancia del periodismo de investigación en una democracia.
No se trata únicamente de encontrar el paradero de alguien sobre quien existen diversos señalamientos. Se trata de observar lo que puede hacer una investigación periodística cuando sigue pistas, contrasta información y busca respuestas que todavía no llegan por la vía institucional.
Las redes sociales y las nuevas herramientas de comunicación han permitido que la ciudadanía realice denuncias y señalamientos, en ocasiones de manera anónima por temor a represalias. A lo largo de los años la combinación entre denuncias ciudadanas, periodismo de investigación, libertad de expresión y acceso a la información ha permitido conocer historias que, de otra manera, quizá nunca habrían llegado al espacio público.
La Estafa Maestra es uno de los ejemplos más conocidos, pero a ella se suma la investigación sobre Segalmex, y no son los únicos.
En México se han documentado investigaciones relacionadas con contrataciones públicas, empresas fantasma, obras de infraestructura, seguridad y uso de recursos públicos. También se han investigado redes de corrupción vinculadas con servidores públicos y constructoras en el llamado Cártel Inmobiliario de la Ciudad de México; posibles desvíos y asignaciones directas irregulares en la administración pública federal; así como casos de espionaje y acoso militar documentados por periodistas y presentados en espacios internacionales de periodismo de investigación.
Cada uno tiene circunstancias, protagonistas y procesos distintos. No todos pueden equipararse. Pero todos muestran el valor de seguir las pistas.
Porque una cosa es conocer el nombre de una empresa que obtiene un contrato y otra muy distinta es saber quién está realmente detrás de ella. La verdadera pregunta está en conocer cómo se relacionan unas empresas con otras, quiénes reciben finalmente los beneficios, si existen intermediarios y hasta dónde llega la ruta del dinero. Y, sobre todo, cuántos beneficiarios finales permanecen fuera del escrutinio público.
Ahí encontramos uno de los grandes desafíos de la transparencia. Cuando el acceso a la información pública se vuelve más complicado, seguir la ruta del dinero también se vuelve más difícil.
La opacidad puede cambiar de forma, pero el problema permanece: recursos públicos cuyo destino no siempre resulta sencillo de identificar y estructuras empresariales que pueden dificultar conocer quién se encuentra detrás de determinadas operaciones.
Por eso es importante que existan herramientas para investigar, preguntar y contrastar información. La libertad de expresión no es un obstáculo para la democracia; es una de sus condiciones. Y el periodismo de investigación, cuando se ejerce con rigor y responsabilidad, constituye una herramienta de escrutinio para quienes ejercen el poder y administran recursos públicos.
Esto tampoco significa sustituir a las autoridades. Una investigación periodística puede revelar indicios, documentar hechos y abrir preguntas, pero corresponde a las instituciones competentes investigar y, en su caso, determinar responsabilidades conforme a la ley. Por eso cuando existen elementos que ameritan ser revisados, resulta legítimo preguntar por qué no se inicia una investigación de oficio o por qué no se profundiza en las líneas de investigación existentes.
Una democracia necesita reglas y autoridades que las hagan cumplir, pero también necesita ciudadanos capaces de preguntar, periodistas que puedan investigar y medios que puedan publicar información de interés público.
Por eso, el caso que dio origen a esta conversación no debería quedarse únicamente en la noticia de haber localizado a una persona en otro país. La pregunta de fondo es mucho más amplia: ¿quiénes están detrás de las operaciones que involucran recursos públicos y quiénes terminan beneficiándose de ellas? Ahí es donde la transparencia adquiere verdadero sentido, porque no basta con conocer el nombre de una empresa que recibe un contrato; también es necesario, hasta donde la ley lo permita, conocer las relaciones que existen detrás de esas operaciones y seguir la ruta del dinero.
La transparencia no puede detenerse en la puerta de una empresa. Debe permitir, dentro de los límites que establece la ley, identificar a quienes participan en las operaciones públicas y conocer a los beneficiarios finales. No para prejuzgar ni para convertir una investigación en una sentencia anticipada, sino para que existan elementos suficientes que permitan a las instituciones competentes investigar y, en su caso, determinar responsabilidades.
Porque preguntar no es acusar, investigar no es condenar y exigir transparencia no significa prejuzgar. Significa ejercer un derecho y, al mismo tiempo, reconocer que en una democracia el escrutinio público cumple una función indispensable.
La ciudadanía pregunta y el periodismo investiga. Las autoridades, por su parte, tienen la responsabilidad de atender las preguntas que surgen cuando existen elementos que ameritan ser revisados. Una democracia necesita que esas tres cosas puedan ocurrir: ciudadanos que pregunten, periodistas que investiguen y autoridades que respondan.

Fuente: Proceso.

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