Noticia publicada a las 03:50 am 26/09/26

Por: Jorge Carrillo Olea.

Cuando en un centro de poder surgen indicios que anticipan un riesgo para su gobernabilidad, estos deben entenderse como alertas sobre la necesidad de hacer ajustes en su conducción, pues de otra forma puede empezar a perder capacidad para decidir, ejecutar, controlar, persuadir y mantener el orden político y social, detectarlos y resolverlos es esencial.

Un órgano de inteligencia cooperando en pro de esos altos niveles de gobierno no recomendaría controvertir conflicto por conflicto casuísticamente, como nos está sucediendo. Propondría una estrategia global anticipatoria para evitar que los problemas fueran encarados sólo con el carácter de respuestas personales reactivas que resultan sumamente desgastantes para la figura central, que sólo debería exponerse ante temas sustantivos.
El ambiente en septiembre tiene varias complicaciones simultáneas: comienza formalmente el ciclo electoral de 2027; existen tensiones dentro de Morena por la selección de candidaturas; persiste la violencia en estados como Sinaloa o Morelos y aumenta la presión estadunidense sobre seguridad y corrupción que nuestro propio gobierno ha planteado como requisito evitar que el crimen organizado penetre las candidaturas.
En una estrategia de gobierno proactiva se recomendarían siete decisiones:
1. Cambiar la lógica de “responder” por la de “anticipar”, lo que significaría evitar que la agenda del gobierno sea determinada diariamente por el conflicto. Eso llevaría a crear una unidad predictiva breve y altamente profesional que identifique semanalmente conflictos emergentes, actores involucrados, capacidad de movilización, demandas legítimas e ilegítimas, riesgos de escalamiento, opciones de negociación y “puntos de no retorno”.
Además, definir qué conflicto puede convertirse en crisis dentro de 30, 60 o 90 días. Separar claramente cuatro tipos de conflicto: político, social, económico o extranjero, lo que lleva a no tratar todo automáticamente como problema difícil; hay que dosificar las respuestas. Esta no es tarea del gabinete de las 6 horas, que tiene deberes cotidianos.
Esta diferenciación es particularmente importante en este año y el siguiente, porque la seguridad pública y la competencia electoral empiezan a entrelazarse. El gobierno debe ya haber preparado mecanismos para identificar riesgos de infiltración criminal en candidaturas.
2. Abrir una “política de acuerdos” sin renunciar a principios. Procedería un ajuste importante a ciertas formas de operar. El gobierno no necesita pactar con la oposición todo aquello que ésta proponga, pero sí necesita recuperar la capacidad de acordar aquello que sea de interés nacional.
Se sugeriría reconocer tres categorías de problema y grado de respuesta:
A. No negociable: temas constitucionales, de soberanía, de integridad territorial, combate al crimen organizado, derechos fundamentales y elecciones libres.
B. Negociable: reformas legales, presupuesto, políticas públicas, infraestructura, seguridad y desarrollo regional.
C. Mediante consenso: seguridad nacional, migración, política exterior, inversiones en infraestructura estratégica y socialmente necesarias. Esto permitiría montar un discurso que dijera: “podemos competir electoralmente y, al mismo tiempo, gobernar juntos sobre aquello que requiere una política de Estado”.
3. Despersonalizar la confrontación Ésta sería probablemente una de las sugerencias más firmes: el alto gobierno debe evitar que cada crítica termine convirtiéndose en una agria confrontación gobierno/opositor. La razón es simple: cuanto más personal se vuelve el conflicto, más difícil resultará posteriormente negociar.
La propia Presidenta ha señalado recientemente que las campañas de odio no ayudan al país, y que la contienda debería concentrarse en propuestas. Así, la recomendación sería: menos respuesta personal a la provocación, más anticipación y más respuesta institucional al problema.
4. Preparar desde ahora la gobernabilidad electoral de 2027. Aquí se ven uno de los mayores riesgos. No solamente está en juego la elección, está en juego la capacidad del Estado para manejar el conflicto alrededor de los resultados de los comicios.
Por ello, firmemente se propondría un proyecto 2026-2027, consistente en cinco componentes: seguridad de candidatos, prevención de violencia política, blindaje frente al crimen organizado, comunicación institucional durante la campaña y mecanismos de diálogo entre partidos.
El propio gobierno ya contempla mecanismos voluntarios para revisar antecedentes de candidatos mediante instituciones como el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía General de la República o la Unidad de Inteligfencia Financiera. A ello se debe sumar un acuerdo nacional de los partidos para rechazar la violencia política y la intervención criminal, independientemente de quién sea beneficiario electoralmente.
5. Atender el conflicto dentro del propio movimiento gobernante; ello no concentraría toda la atención en la oposición. Las tensiones internas de Morena aumentarán.
6. Crear un “semáforo de gobernabilidad” presidencial. Para ello se entregaría cada lunes una hoja de una sola página: conflicto/seguimiento que explicitara grado de control: a. En negociación, b. Escalamiento o c. Crisis.
Hay que dar su justo peso a cada palabra que es especialmente importante para el manejo de una supuesta crisis de gobernabilidad: una conflictividad por sí misma no constituye una crisis.
Sólo aparece cuando el Estado no opera a satisfacción sus órganos de inteligencia, y consecuentemente empieza a perder capacidad de decisión, capacidad de ejecución, capacidad de arbitraje y capacidad de generar aceptación popular.
La reflexión central, condensada en una sola frase sería: “El objetivo no debe ser ganar cada conflicto político; debe ser anticiparlos para impedir que su suma se convierta en una crisis de gobernabilidad”.
carrillooleajorge@gmail.com

Fuente: lA jORNADA.

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