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El 6 de junio de 2027 se ponen en juego 19 mil 609 puestos de elección popular, en lo que será la elección más grande en la historia de México. No será como las que hemos conocido durante los últimos 30 años, sino como eran antes, tramposas, fraudulentas, asimétricas, inequitativas y con órganos electorales para que, si las cosas no salen como quieren los mandamases de la ‘4T’, intervengan y cambien los resultados. No necesitamos llegar al día de la elección para saber que lo que está en ciernes es un fraude patriótico, como hizo Manuel Bartlett, uno de los ideólogos del cacique Andrés Manuel López Obrador, cuando, como secretario de Gobernación en los 80, transformó el triunfo del PAN en Chihuahua en una victoria del PRI.
Todas las encuestas, las manipuladas en Palacio Nacional y las independientes, apuntan a una victoria general de Morena, que tiene votos de sobra para conservar el poder. Pero no le basta tener la mayoría simple en el Congreso o la mayor parte de las gubernaturas. La ‘4T’ está articulando una especie de revolución cultural como la de Mao hace 60 años en China, que quiso arrasar con el pasado y que, aunque no alcanzó su meta, la destrucción fue traumática.
El régimen obradorista necesita la victoria total para terminar con la transición democrática y consolidar su transición autoritaria. Quiere finalizar la lucha entre los dos modelos de país que han estado en conflicto en los últimos años, entre la democracia liberal, que exige equilibrios y contrapesos, libertades y descentralización del poder central, contra la democracia iliberal –que es una autocracia–, que en lo que va del siglo ha ido avanzando en todo el mundo, como en los Estados Unidos de Donald Trump y la Rusia de Vladimir Putin.
La ‘4T’ aborrece un sistema político abierto y plural; prefiere uno cerrado y singular. Quiere que el poder quede centralizado en el Ejecutivo, que nadie vigile sus abusos ni se les cruce en el camino, para hacer que el movimiento fundado por López Obrador se convierta en la nueva esencia de un país que, de consumarse, habrá retrocedido una generación en libertades y reformas democráticas que, como en la Venezuela de Hugo Chávez, sirvieron para que reaccionarios disfrazados de izquierda aprovechen los instrumentos de la democracia liberal, para acabarla. Colateralmente, hay otro incentivo para que Morena mantenga el poder y asegure la Presidencia en 2030: impunidad para impedir que figuras de la ‘4T’ que son parte del crimen organizado vayan a la cárcel.
México se encuentra en un proceso de erosión institucional y retroceso hacia prácticas hegemónicas, que ha venido documentándose en los últimos años en la literatura académica y el periodismo. Voceros de la ‘4T’ han inyectado confusión al debate, alegando que la lucha es contra la democracia liberal sin aceptar que se está instalando un régimen que conduce a prácticas autoritarias. Tienen una ética elástica, al criticar a Trump cerrando los ojos en México, donde las cosas están peor que al norte del Bravo.
Hay abundante literatura sobre la erosión institucional, que comenzó con la supresión de órganos autónomos, la desaparición de contrapesos, que eliminó el control sobre el abuso del poder (el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia) y la opacidad (eliminando el Inai, que la transparentaba), las evaluaciones autónomas de la política social y la educación, o acciones punitivas como la prisión preventiva oficiosa (que se ha utilizado contra políticos ajenos a Morena), la ampliación del catálogo de delitos sujetos a prisión automática (un arma en la cabeza de opositores y críticos), las intentonas para censurar a los medios, o la militarización de la seguridad pública.
El INE ha sido colonizado por la ‘4T’, con nuevas leyes que le quitan su carácter de órgano colegiado y lo vuelven discrecional, aunque todavía hay resistencias internas, lo que no sucede con el Tribunal Electoral, que en los últimos años sus resoluciones han sido a favor de Morena, como la marrullería de haberle regalado 75% del Congreso, con lo que obtuvo la mayoría calificada que allanó el camino para el final de un Poder Judicial independiente. Como premio a su entreguismo, la ministra Mónica Soto, que recientemente renunció al Tribunal, recibió el ofrecimiento del gobierno de Claudia Sheinbaum para ser embajadora en uno de los países del llamado “circuito Revlon”, o un consulado general en una de las naciones más importantes para México, que hasta el momento, ni ha aceptado, ni ha rechazado.
Hay otras acciones recientes en la conformación del fraude patriota. Una es la reforma constitucional para anular elecciones federales y locales si se demuestra la intervención o injerencia extranjera, que le permitirá a la ‘4T’, sin prueba alguna y con solo el dicho presidencial en la mañanera, exigir su invalidez cuando la derrota de los candidatos de Morena altere su anhelada correlación de fuerzas o sean retrocesos que sirvan de bandera a la oposición.
La otra es la iniciativa de ley para prohibir que un candidato a la presidencia pueda tener doble nacionalidad y servir a intereses extranjeros, un traje a la medida de Ricardo Salinas, el empresario que se ha convertido en la némesis del régimen y de quien cada vez es más evidente el miedo que tienen en Palacio Nacional a que construya una candidatura para 2030. Es un debate falso. ¿Impide el no tener doble nacionalidad una traición a la patria? Ya hay traidores a la patria en Morena, como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, que ofreció dar información a Estados Unidos a cambio de solucionar sus problemas legales en ese país, y la presidenta no ha hecho nada.
Los incentivos para cometer fraude en las elecciones de 2027 son enormes para la ‘4T’. Las ruedas del autoritarismo que fueron desmanteladas en 1997 las están colocando nuevamente. Le llaman democracia en el régimen, cuando la descripción de la arquitectura política que edifican es de una autocracia. Un reciente informe del proyecto Varieties of Democracy, en el que participa un equipo de científicos políticos e historiadores de Estados Unidos y Europa, concluyó que México es una autocracia electoral, con elecciones formales, pero carentes de equidad, libertad o garantías sustanciales, permitiendo que el poder se centralice y el partido gobernante mantenga ventajas “indebidas” tras haber erosionado los contrapesos democráticos. El diagnóstico fue sobre el pasado reciente y con lo que viene en 2027, se reforzará.
Fuente: EL FINANCIERO.
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