Noticia publicada a las 01:59 am 09/09/26

Por: Arturo Luna Silva.

En el organigrama de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Miguel Ángel Pérez Lugo aparece como jefe de Oficina de la fiscal General. El cargo supone cercanía, coordinación y acceso privilegiado a quien formalmente encabeza la institución: Idamis Pastor Betancourt.
Pero dentro de la Fiscalía aseguran que su poder rebasa por mucho lo que puede leerse en un simple nombramiento.

Pérez Lugo no solamente transmitiría instrucciones. De acuerdo con las versiones que recorren los pasillos, ordena, presiona, exige resultados y advierte consecuencias a ministerios públicos, diligenciarios e incluso fiscales especializados.
La amenaza también tendría distintas intensidades: desde una sanción administrativa hasta la pérdida del empleo.
Todo, aparentemente, en nombre de la fiscal general.
La primera pregunta resulta inevitable: ¿Miguel Ángel Pérez Lugo transmite las decisiones de su jefa o utiliza su cercanía con ella para construir una línea propia?.
La duda ha comenzado a crecer porque, aun cuando dentro de la institución se habría intentado colocar algunos contrapesos -entre ellos Freddy Erazo-, Pérez Lugo continúa apareciendo como el hombre que comunica lo que debe hacerse y lo que puede ocurrirle a quien se resista.
Las quejas, según se comenta internamente, ya habrían llegado al Órgano Interno de Control. Corresponderá a esa instancia determinar si existen elementos, identificar posibles abusos y establecer si las órdenes atribuidas a Pérez Lugo, otro de los tantos exportados del EDOMEX, tienen sustento institucional.
El problema es que las pifias también dejan huellas.
Uno de los episodios que más ruido produjo fue el aparatoso, innecesario y prepotente operativo realizado en Tehuacán para detener a Estela Romero, una mujer de la tercera edad en silla de ruedas. Dentro de la Fiscalía se atribuye a Pérez Lugo la instrucción que terminó exponiendo a la fiscal de Investigación Regional de la FGE, Sandra González de Ita, mediante un despliegue de dimensiones difíciles de justificar.
El operativo no solamente terminó bajo cuestionamiento. También dejó la sospecha de que la maquinaria ministerial pudo ser utilizada para beneficiar a Olga Romero en su prolongada disputa por la herencia de Socorro Romero.
Y cuando una institución encargada de perseguir delitos parece inclinarse dentro de un conflicto familiar, la explicación no puede reducirse a un simple “así lo ordenaron”.
Hay más preguntas.
¿Por qué Miguel Ángel Pérez Lugo presuntamente se reúne con Olga Romero? ¿Por qué recibiría documentos relacionados con sus asuntos? ¿Qué intervención tiene en la apertura o impulso de nuevas carpetas? ¿Esas reuniones forman parte de procedimientos institucionales debidamente registrados o representan una gestión privilegiada?
Olga Romero tiene derecho a denunciar, presentar documentos y defender sus intereses. Lo que no puede tener es una ventanilla privada dentro de la Fiscalía ni un operador que convierta sus peticiones personales en órdenes ministeriales.
La fiscal general también tendrá que aclarar si conoce estas actuaciones, si las autorizó o si alguien está utilizando su nombre para intimidar servidores públicos y mover expedientes.
Porque cualquiera de las respuestas sería delicada.
Si Pérez Lugo -el mismo que a finales de 20225 se convirtió en el centro de una controversia pública tras la filtración de un audio donde justificaba presuntos cobros ilegales por parte de agentes ministeriales por la liberación de vehículos asegurados- cumple instrucciones, debe saberse quién las emite y bajo qué fundamento. Si opera por cuenta propia, alguien tendrá que explicar por qué se le permitió acumular semejante poder.
¿En cuántos otros casos, inclina la balanza a favor de sus amigos?
Debería saberse, por salud de todos.
Porque mientras son peras o manzanas, en la Fiscalía ya no preguntan qué ordenó la fiscal.
Preguntan qué ordenó Miguel.
Y esa sola diferencia revelaría quién parece mandar realmente en el edificio del Bulevar Héroes del 5 de Mayo.

Fuente: PUEBLA ON LINE.

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