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la guerra cristera o “cristiada” y que hoy apenas ocupa un par de páginas en los libros de texto escolares y seis en el libro publicado en 1979 por la Secretaría de la Defensa: El ejército mexicano, una voluminosa historia donde los mapas y listas de poblaciones apenas si dejaron espacio para un brevísimo texto donde lo que realmente llama la atención por venir de donde viene es una especie de conclusión que acepta que los cristeros “mexicanos al fin, lucharon con denuedo” contra el Gobierno establecido.
El tema de la aparición hace exactamente cien años de un ejército popular antigubernamental en el centro del país da pie para una reflexión más profunda pues esa lucha que costó la vida a decenas de miles de mexicanos -no sabemos exactamente cuántos- finalmente no llevó a un cambio político sustantivo.
La pugna iglesia católica-régimen revolucionario devino en guerra justamente, porque las partes fallaron en lo que Clausewitz subrayara: el período anterior a las hostilidades, es decir el tiempo de la negociación política. Lo que ocurrió después del choque violento fue simplemente la consolidación del estatus quo ante en la relación entre el régimen y la iglesia, y que acabó por institucionalizar una convivencia muy cómoda para ambas partes, lo que lleva a preguntarse si la guerra sirvió de algo.
El inicio convencional de la que fue una nueva gran guerra civil, justo cuando apenas había concluido la de la Revolución Mexicana, suele datarse en el 2 de julio de 1926 cuando se publicó en el Diario Oficial la “Ley Calles” -una reglamentación del artículo 130 constitucional que endurecía y reducía el espacio y la forma en que las iglesias (la católica, en realidad) podían desarrollar sus actividades profesionales. Claro que el inicio también podría datarse unos días más adelante, el 26 de ese mes, cuando la iglesia católica anunció que, en protesta por el reglamento que se le imponía, cerraría sus templos y suspendería sus servicios (misas, sacramentos, etc.). Como sea, para fines de agosto tuvieron lugar los primeros choques armados entre las fuerzas del Gobierno y grupos de civiles católicos que terminarían por organizarse como el ejército cristero.
La confrontación que para 1927-1928 se había convertido en un choque armado sustantivo y en el que la parte insurgente buscaría, en nombre de la defensa de la religión católica, poner fin al régimen revolucionario que apenas estaba tomando forma. Sin embargo, la raíz de tamaño empero puede encontrarse muy antes: en la diferencia y choque de los proyectos políticos que emergieron poco después de que México lograra su Independencia. Se trató del choque de dos proyectos de Nación, el liberal y el conservador, que a mediados del siglo XIX se combatieron a muerte pero que a inicios del siglo siguiente parecía que había superado de manera definitiva como resultado del triunfo de las armas liberales en 1867.
Sin embargo, la violencia que por motivos religiosos volvió a convulsionar a nuestro país cuando todavía se vivían las secuelas de la Revolución Mexicana, se puede entender mejor si se le ve como la reemergencia de ese tremendo choque político y militar que fueron las guerras civiles del siglo anterior.
Esa violencia que conocemos como la Guerra de Reforma tuvo como causa central, aunque no única, el esfuerzo del bando liberal por separar de manera radical y definitiva las estructuras del Estado de las de la iglesia católica. La unión Estado-iglesia fue una de las características principales del sistema político de tres siglos en la Nueva España y el proyecto conservador fue justamente mantener esa simbiosis por considerar que en el México independiente era la única manera de dar unidad a una Nación que estaba montada en una base social muy fragmentada. Para los liberales de entonces, por el contrario, desligar al Estado de la influencia de la iglesia era una condición sine qua non para hacer viable a la economía del joven país, empezar a poner fin a la fragmentación histórica de su base social y lograr una identidad nacional más allá de las creencias religiosas.
La derrota del proyecto conservador original sellada con el fusilamiento del emperador Maximiliano no significó como se vería en los acontecimientos de los 1920 la resignación y adaptación de la jerarquía católica a la nueva realidad. La influencia de la iglesia católica en la vida cotidiana del país, sobre todo en los universos del México rural y mayoritario, era dominante. Obras como Pedro Páramo de Juan Rulfo y Al filo del agua de Agustín Yáñez o microhistorias como Pueblo en vilo de Luis González, son otras tantas ventanas que nos permiten aquilatar la importancia no sólo religiosa sino política, cultural e identitaria de la iglesia católica en una buena parte del México central donde, pese a los cambios introducidos por la Revolución o justamente por eso, resultó ser un terreno fértil para el resurgimiento de una reacción violenta contra un Gobierno que, entre otras cosas, seguía empeñado en imponer los valores del Estado laico en ámbitos que, en la práctica, la iglesia y la comunidad católica aún consideraban suyos.
La gran obra -más de mil páginas- de Jean Meyer, La Cristiada, publicada en español y en tres volúmenes en 1973, muestra que en su zona de operaciones el ejército cristero tenía una base social de apoyo sólida, multiclasista y muy motivada por la posibilidad de poner fin no simplemente las medidas anticlericales del gobierno del Presidente Calles sino de poner fin y en nombre de Cristo Rey y la santísima Virgen de Guadalupe, a un régimen que suponían empeñado en acabar con la religión del pueblo. Es de notar que en esa coyuntura y aunque un buen número de curas tomaron las armas, la iglesia católica como tal no optó por sumarse abiertamente a la rebelión.
El Gobierno federal, que en ese período también debió de hacer frente a un antiguo levantamiento con base indígena -el de los Yaquis en Sonora-, tenía un ejército que apenas se estaba organizando y profesionalizando, pero cuya jefatura tenía divisiones internas serias que explotarían más tarde. Como sea, la cabeza de la fuerza del Gobierno -el general Joaquín Amaro- concentró sus efectivos en los estados donde la base social cristera era más fuerte -Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Colima, Aguascalientes, Zacatecas y Durango- y logró que una fuerza de irregulares compuesta por agraristas, notablemente de San Luis Potosí, operara como auxiliar del ejército regular.
Aunque resulta obvio, debe siempre subrayarse la composición social y religiosa de los contendientes en esta guerra civil que tuvo un carácter particularmente brutal por ambos bandos y donde prácticamente no se tomaron prisioneros, resultó muy similar, pues los soldados federales y sus auxiliares agraristas también era mayoritariamente católicos y de origen campesino.
A diferencia de lo ocurrido durante la Revolución, en la guerra cristera no hubo grandes enfrentamientos decisivos como, por ejemplo, fueron unos años antes las grandes batallas de Zacatecas o de Celaya. Los cristeros siempre tuvieron dificultades para armarse y no contaron con el concurso de militares profesionales, salvo por el caso del general Enrique Gorostieta, muerto en acción.
Para 1929 era evidente que los cristeros no iban a derrotar a las fuerzas del Gobierno, pero era igualmente claro que el Gobierno no podría terminar con sus adversarios de manera rápida y contundente. De ahí que con la mediación del Gobierno de Washington -que no deseaba más inestabilidad al sur del Bravo- el Presidente interino Emilio Portes Gil se reunió con dos obispos -Leopoldo Ruiz y Pascual Díaz- para finalmente volver a la política, y declarar cada quien por su lado, que el Gobierno no se proponía interferir con las creencias religiosas de la sociedad ni destruir a la iglesia católica y que ésta, a su vez, no se proponía desconocer la autoridad del Gobierno y que hacía un llamado a los rebeldes a deponer las armas.
El 21 de junio de 1929 las campanas de las iglesias se echaron al vuelo para anunciar el retorno a la normalidad. Pero como los combatientes cristeros mismos no fueron tomados en cuenta en lo que se llamó “los arreglos” del 29, éstos no se consideraron vencidos sino traicionados por la jerarquía católica. La mayoría de los rebeldes depusieron las armas, pero no todos. Y para mejor entender a los que continuaron la lucha hasta fines de los años treinta -en lo que se ha llamado la “Segunda Cristiada”- se puede recurrir a una obra autobiográfica conmovedora: Rescoldo. Los últimos cristeros, de Antonio Estrada.
En 1934 el general Lázaro Cárdenas quedó al frente del nuevo régimen, en 1936 el expresidente y autor de la “Ley Calles” fue expulsado por Cárdenas del país, la Reforma Agraria cobró fuerza y generó una gran base campesina de apoyo al régimen de la Revolución Mexicana. Sin embargo, el rescoldo de la guerra, de la “Segunda Cristiada”, se mantuvo a lo largo de la segunda mitad de los 1930 aunque a partir de 1940 “la cristiada” empezó a ser historia, de nuestra historia como nación.
Y entonces ¿cómo interpretar hoy un conflicto que le costó la vida según cálculos que varían entre 90 mil a 200 mil mexicanos? En la práctica el gobierno se impuso sobre sus adversarios y los católicos militantes ya no volvieron a poner en duda la legitimidad o la reversibilidad del Estado laico. El modus vivendi logrado en 1929 simplemente arraigó y a finales del siglo pasado, en 1992, se institucionalizó con el reconocimiento gubernamental de las iglesias como organizaciones legítimas con derechos y obligaciones, y con el establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Gobierno mexicano y el Vaticano.
¿Se hubiera podido llegar a este resultado sin que la confrontación política se transformara en la guerra que fue? Es muy probable, pues finalmente esa penosa lucha no modificó en nada sustantivo el marco legal en que operaba la laicidad del Estado, sino que la reafirmó. Por otro lado, la catolicidad del grueso de los mexicanos se mantuvo y si algo en este último aspecto cambió fue más producto del paso del tiempo y del cambio social que resultado de políticas específicas del Gobierno.
En fin, que la guerra cristera debe reconocerse como una parte trágica -una entre otras- del proceso de formación de nuestra Nación y también como un ejemplo del alto costo que pueden tener para la sociedad las pugnas políticas entre las cúpulas del poder cuando éstas actúan de manera irresponsable.
contacto@lorenzomeyercossio.com
Fuente: Sin Embargo.
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