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La paridad no fue un regalo de la clase política.
Fue una conquista histórica.
Fue resistencia, fue el trabajo silencioso, constante y valiente de generaciones que abrieron brecha cuando ni siquiera podían votar, cuando su voz era considerada secundaria y su liderazgo una excepción incómoda.
Por eso, cada vez que una mujer llega a un espacio legislativo, no llega sola; se encuentra acompañada por esa historia y representando la posibilidad de que muchas más puedan hacerlo.
La representación femenina trasciende siglas e ideologías.
Sin embargo, en este mismo espacio, el pasado 19 de febrero, hicimos una pausa necesaria para plantear una pregunta fundamental:
¿Qué significa realmente ser legisladora y servidora pública?
En aquel momento dijimos con absoluta claridad que ser legisladora no es ocupar una curul ni tener presencia desmedida en redes sociales.
No es acumular seguidores, ni buscar la declaración viral del día, ni convertir la representación popular en una plataforma de autopromoción personal.
Mencionamos que ser legisladora es estudiar, debatir, construir, reformar, leer iniciativas completas, entender impactos presupuestales, participar con rigor en comisiones, negociar consensos y defender técnicamente una postura.
Advertimos también que cuando una mujer accede a un espacio de poder, la expectativa no es menor: es mayor.
Porque representa la promesa de que el acceso femenino al poder puede y debe elevar el estándar ético e institucional.
Dijimos que la igualdad no significa inmunidad a la crítica, sino igualdad en la exigencia.
Y planteamos la advertencia: cuando el debate público alrededor de una representante gira más en torno a polémicas, declaraciones virales o escándalos mediáticos que a reformas estructurales, algo en el sistema democrático se ha distorsionado.
Lo que ha sucedido en las últimas semanas no es un hecho aislado, ni una casualidad, ni un desafortunado malentendido.
Es la confirmación contundente de ese diagnóstico.
Cuando la funcion pública se reduce al espectáculo, tarde o temprano la realidad termina por alcanzar al discurso.
Lo que durante meses pretendió hacerse pasar como frescura o irreverencia política chocó de frente con el límite de las instituciones, demostrando que la falta de rigor no solo debilita el trabajo legislativo, sino que tarde o temprano genera un costo político e institucional ineludible.
La prueba más clara de este colapso entre la política de espectáculo y el deber ser institucional ocurrió precisamente en las filas del partido que las postuló.
La reciente resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena mediante la cual se determinó la suspensión precautoria de los derechos partidistas de las diputadas Nayeli Salvatori Bojalil y Elvia Graciela Palomares, tras sus expresiones en el podcast Descasadas coloca en el centro de la discusión pública una realidad insoslayable: la frivolidad en la función pública termina por pasar factura institucional.
Durante años se ha pretendido instalar una narrativa sumamente conveniente para quienes ocupan un cargo de elección popular sin la preparación adecuada: la idea de que la provocación es frescura, de que el exceso es irreverencia y de que cualquier falta de respeto o desatino verbal puede justificarse bajo el cómodo manto de la “comedia” o el “contenido digital”.
Pero en la política y en el servicio público, la forma es fondo.
Incurrir en comentarios discriminatorios, sesgos de edadismo y descalificaciones hacia las personas adultas mayores desde la comodidad de un micrófono no es comedia.
Es una falta de respeto institucional a un sector de la sociedad que exige la garantía de sus derechos, dignidad y políticas públicas efectivas, no burlas, ni mofas, ni la condescendencia de quienes tienen la responsabilidad de legislar para ellos.
Existe una frontera muy clara entre la libertad de expresión y la irresponsabilidad en el ejercicio del poder.
Quienes se escudan en la figura de la “influencer” o la “comediante” para evadir el escrutinio suelen olvidar un detalle elemental: ya no están en una estación de radio privada ni administrando una cuenta personal sin impacto social.
Son servidoras públicas cuyos salarios, asesores, estructuras, viáticos y oficinas se sostienen íntegramente con los recursos de la ciudadanía.
Y cuando el actuar de un representante público se aleja de la técnica normativa para instalarse en el espectáculo, el costo no solo lo paga la persona: lo paga la institución que representa y la ciudadanía que financia su espacio.
Hay además una dinámica preocupante que debe ser analizada con frialdad.
Durante mucho tiempo hemos visto cómo se utiliza el micrófono público para atacar, señalar o denigrar a terceros, para después -cuando llega el cuestionamiento periodístico, la exigencia de rendición de cuentas o la sanción disciplinaria- recurrir a la victimización.
Esa conducta, fría y calculada, atenta contra el sentido mismo de la representación.
La crítica hacia la gestión de una funcionaria no es agresión, no es violencia y no es misoginia: es la evaluación objetiva del desempeño a la que todo servidor público está obligado por ley.
Y es que cuando la fiscalización no proviene de la malevolencia sino del estricto escrutinio público, el tiempo termina por poner las cosas en su lugar.
Lo que en su momento pretendió descalificarse como un ataque personal o una postura incómoda desde el periodismo, encontró finalmente su validación institucional en las instancias encargadas de velar por la ética del propio movimiento que las llevó al poder.
La realidad rebasó a la narrativa del espectáculo.
El desacato a las medidas cautelares y el desprecio a la norma.
Frente a la gravedad de los hechos y la afectación a la imagen institucional del partido que las postuló, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena no sólo ordenó la suspensión de sus derechos partidistas y la imposibilidad de ser postuladas a cargos de elección popular en el corto plazo, sino que estableció una medida cautelar clara: la restricción de emitir declaraciones públicos o contenidos que continuaran agraviando a la ciudadanía o vulnerando los principios del instituto político.
¿Cuál fue la respuesta ante la instrucción del órgano de justicia de su propia casa política?
El desacato.
Lejos de asumir una postura de madurez, prudencia o contrición institucional, la ciudadanía fue testigo de la continuación del espectáculo a través de plataformas como TikTok.
Videos desafiantes, declaraciones irónicas y la insistencia en minimizar una sanción formal emitida por la autoridad partidista.
Ese desacato no es un detalle menor en la biografía política de una legisladora.
Es la manifestación pública de una postura frente a la regla.
Si una representante popular ignora, desafía y minimiza las resoluciones dictadas por el órgano de disciplina del propio movimiento que le otorgó la candidatura, la pregunta ciudadana es inevitable:
¿Con qué rigor, con qué respeto y con qué compromiso abordará las leyes y reglamentos que afectan la vida de millones de personas?
Quien actúa bajo la premisa de que los algoritmos, las reproducciones y los comentarios de una red social están por encima de la normativa interna de un partido o de las leyes de un estado, demuestra una profunda incomprensión de lo que significa el estado de derecho.
Cree que la notoriedad mediática otorga un fuero moral o una patente de corso para ignorar el mandato de las instituciones.
Y esa es, precisamente, la ilusión sobre la cual se ha edificado una forma de hacer política que hoy muestra sus grietas más profundas.
Pero el problema no concluye en la insubordinación partidista.
Cuando la falta de rigor legal se convierte en norma de conducta personal, la afectación deja de ser un asunto interno de un instituto político y pasa a impactar directamente las garantías constitucionales de los ciudadanos a quienes representan.
La misma ligereza con la que se desoyen las resoluciones de su partido es la que se aplica para administrar la interacción pública con los electores.
A todo esto hay un tema que parece tambien es importante, el bloqueo ciudadano como violación constitucional.
A la irrelevancia en el trabajo legislativo, la búsqueda del escándalo y el desacato a las autoridades de su partido, se suma una conducta recurrente que atenta de forma directa contra los derechos fundamentales de los representados: el bloqueo sistemático de ciudadanos en redes sociales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado un criterio jurisprudencial firme y obligatorio en el país: cuando un servidor público utiliza sus cuentas de redes sociales para difundir actos de gobierno, informar sobre su labor legislativa, compartir actividades del cargo o debatir asuntos de interés público, esa cuenta pierde su carácter estrictamente privado y se convierte en un canal de comunicación institucional y de interés general.
En consecuencia, bloquear a un ciudadano, a un periodista o a un crítico en esas plataformas constituye una violación flagrante al derecho de acceso a la información y a la libertad de expresión, garantizados por el Artículo 6.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el caso particular de figuras como Elvia Graciela Palomares, el uso del bloqueo digital ha sido una herramienta constante para eludir la incomodidad de la exigencia ciudadana.
Se bloquea al usuario que cuestiona la falta de iniciativas de fondo, se borra el comentario que pide transparencia sobre el trabajo en comisiones y se silencia la voz que exige resultados.
Es una contradicción inaceptable: se pide el voto a las ciudadanas y los ciudadanos en campaña, se cobran salarios del erario público, pero cuando la ciudadanía acude a las plataformas de la legisladora a pedir cuentas, se le cierra la puerta digital.
No se puede pretender administrar la interacción pública con los criterios de una cuenta privada.
El servidor público que no esté dispuesto a someterse a la revisión, al cuestionamiento y al escrutinio permanente de la sociedad en sus redes de difusión, simplemente no debe ocupar un cargo de representación popular.
No se trata únicamente de gestionar el daño reputacional de un escándalo mediático, ni de emitir sanciones administrativas de ocasión.
La verdadera encrucijada radica en definir qué tipo de representación quiere ofrecerle a la ciudadanía y hasta dónde está dispuesto a permitir que el proyecto político sea rehén de la frivolidad.
Asignar candidaturas es un derecho de los partidos políticos, pero es, sobre todo, un compromiso de cara a la sociedad.
Cuando se abren las puertas a perfiles cuya única carta de presentación es la sobreexposición mediática, el pragmatismo o el escándalo viral, el riesgo de que la conducta de esos personajes termine degradando la función pública y traicionando los principios fundacionales del proyecto es altísimo.
La responsabilidad histórica de Morena frente al electorado.
Este escenario coloca al Partido Morena ante una encrucijada ética y política que trasciende la coyuntura del momento.
La resolución cautelar emitida por la Comisión de Honor y Justicia es un paso formal, pero la verdadera prueba de congruencia dependerá de lo que ocurra en los hechos.
El partido tiene hoy la responsabilidad histórica de demostrar que sus estatutos no son letra muerta y que los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo aplican sin concesiones ni amiguismos.
Si un perfil se ha dedicado a mofarse de grupos vulnerables, a utilizar la política como plataforma de entretenimiento personal, a desobedecer las determinaciones de la justicia partidista y a ejercer el cargo con superficialidad, la respuesta institucional no puede ser la tibieza ni el perdón acomodaticio con el paso del tiempo.
Retirar la confianza, aplicar las sanciones de fondo que correspondan y cerrar de manera definitiva la posibilidad de futuras postulaciones a quienes han abaratado la función pública no es un acto de persecución: es un acto de higiene democrática y de respeto al electorado.
La política debe volver a ser el espacio de la preparación, de la trayectoria, de la sensibilidad social, del estudio técnico y de la dignidad institucional.
Para finalizar, es necesario reiterar con absoluta claridad el compromiso ético que sostiene a esta columna.
Cuando desde este espacio se analiza, se cuestiona y se evalúa la conducta de funcionarias o funcionarios públicos, se hace desde los hechos, desde la revisión de sus obligaciones legales y desde el impacto real de su trabajo en la sociedad.
No nos interesa la vida privada de nadie.
Las decisiones personales, las relaciones íntimas o la esfera individual de cada ser humano pertenecen exclusivamente a su privacidad.
Si en algún momento esos aspectos han salido a la luz, ha sido por decisión de los propios involucrados de exhibirlos públicamente para ganar minutos de atención.
Mi análisis es, y seguirá siendo, estrictamente institucional.
Existen antecedentes, mensajes y documentos que jamás han sido ni serán utilizados en esta columna, porque el periodismo que represento no se alimenta del chisme, de la extorsión ni del escándalo de pasillo.
Nos debemos a la verdad, a la norma y a la rendición de cuentas.
Quienes creen que responder al análisis periodístico con ataques a la vida personal, descalificaciones anónimas o burlas en redes sociales van a silenciar el escrutinio, se equivocan.
Yo no necesito esconderme detrás de perfiles falsos, ni de guiones de comedia, ni de comparsas mediáticas.
Yo firmo lo que escribo, sostengo cada dato y mantengo la cara de frente a la ciudadanía.
La diferencia entre el espectáculo y el periodismo es categórica: el espectáculo busca el aplauso fácil sin importar la degradación del espacio; el periodismo busca la fiscalización del poder y la defensa del interés público.
Puebla no necesita más política de pasarela, ni más protagonismos vacíos, ni más representantes que confundan el Congreso del Estado con un foro de transmisión en vivo.
Puebla necesita leyes útiles, fiscalización de recursos, organismos autónomos independientes y servidoras y servidores públicos que entiendan que el poder no es un privilegio para alimentar el ego, sino una altísima responsabilidad que se honra con trabajo, decoro y resultados.
La paridad abrió las puertas del poder para las mujeres tras décadas de esfuerzo colectivo.
Defender esa conquista exige no permitir que nadie, bajo ninguna circunstancia, la reduzca a un espectáculo.
El género no es un escudo para la mediocridad: es un compromiso con la excelencia.
Y la ciudadanía tiene todo el derecho de exigirlo.
Y antes de concluir estas líneas, es necesario hacer una llamado claro a quienes nos leen y nos escuchan: no le demos espacio ni legitimidad a esas pseudofeministas como Edurne Ochoa que actúan bajo la lógica del oportunismo; aquellas que, como la carroña ante la caída ajena, sólo aparecen para lucrar con la coyuntura, aunque en los hechos no hayan servido jamás ni como verdaderas defensoras de las causas de las mujeres ni como asesoras serias de la función pública.
A la señora Elvia Graciela Palomares y a la señora Nayeli Salvatori, la lección que les deja este episodio es tan simple como elemental en la política: antes de abrir el micrófono, hay que conectar la boca con el cerebro; y antes de ocupar una curul, hay que entender la responsabilidad de servir.
Y a la dirigencia del Partido Morena, en específico a su Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, la ciudadanía les exige actuar con absoluta neutralidad, objetividad e inteligencia política al momento de emitir la resolución definitiva.
El hecho de que ustedes hayan sido el vehículo partidista que las postuló y las colocó en una boleta electoral no obliga a la sociedad a tolerar la ocurrencia, la falta de preparación ni el constante desacato a la responsabilidad pública.
Postular a un candidato es una facultad de partido; permitir que se demerite la representación popular es una afrenta a los ciudadanos que pagan sus salarios.
La próxima semana les tendré una historia completamente diferente a todo lo que hemos tocado en esta línea editorial: la historia de Miranda.
Se las cuento en la siguiente columna.
Fuente: Status.
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