Noticia publicada a las 02:17 am 21/08/26

Por: Arturo Luna Silva.

En política, conocer gente poderosa sirve. El problema comienza cuando alguien cree que conocerla significa poder hablar en su nombre.
En Puebla empiezan a cruzarse demasiados nombres alrededor de una misma mesa: Samuel Aguilar Pala, Pablo Salazar Vicentello, Violeta Becerril Fragoso, Olga Romero Garci Crespo y, desde otra cancha, Miguel Ángel Celis Romero.

Unos están unidos por política. Otros aparecen alrededor de litigios. Algunos mantienen relaciones personales entre sí.
Y cuando esas líneas se cruzan, comienza el peligro.
Pablo Salazar se convirtió en uno de los hombres de confianza de Aguilar Pala. Primero llegó a Gobernación y después aterrizó en Morena como coordinador de delegados, una posición desde la cual hoy tiene contacto directo con estructuras, operadores y aspirantes que acuden a él como si de un Tlatoani versión 4T se tratara.
Hasta ahí, política.
El problema aparece cuando alrededor del poder empiezan a construirse pequeños círculos donde una relación personal se interpreta como influencia, una amistad como instrucción y un nombre importante como salvoconducto… ¡a nombre del gobernador!.
Y mientras eso ocurre, está el enorme elefante dentro de la habitación:
Olga Romero y la herencia de Socorro Romero.
No hablamos de un pleito nuevo. Olga reconoció públicamente desde 2022 que llevaba alrededor de una década disputando judicialmente la sucesión. Ese mismo año un juez federal dejó sin efectos actuaciones del juicio intestamentario que ella había promovido y reconoció el albaceazgo relacionado con Miguel Ángel Celis, “El Animal”.
Desde entonces el conflicto no se apagó.
Todo lo contrario.
Este año volvió a escalar entre detenciones, procesos penales y señalamientos políticos. Después ocurrió algo particularmente interesante: Miguel Ángel Celis salió de prisión en junio, luego de que un juez modificara la medida cautelar que lo mantenía recluido mientras enfrenta su proceso.
Legalmente, una resolución judicial.
Políticamente, otra sacudida.
Porque mientras Olga Ronero continúa litigando una herencia dentro de las instituciones, comenzaron a aparecer versiones, deslindes y sospechas sobre quién habla con quién y, sobre todo, quién presume hablar en nombre de quién.
Y es ahí donde nombres como Samuel Aguilar Pala, Violeta Becerril y sobre todo Pablo Salazar adquieren relevancia.
No porque exista evidencia pública que permita afirmar que alguno de ellos haya operado ilegalmente un expediente, pero si porque dentro del entorno de Miguel Ángel los relacionaban en operaciones a su favor.
Ese parece ser uno de los problemas que Olga no calculó.
Su posición política hizo inevitable que cualquier actuación favorable dentro de su batalla familiar despertara sospechas de tráfico de influencias. Pero el poder tiene una característica incómoda: cuando demasiadas personas comienzan a consultar si realmente existe “línea de arriba”, alguna puede descubrir que arriba nadie dio ninguna línea.
Y entonces el “influyente” queda desnudo.
Quizá por eso el problema de Olga Romero ya trascendió su permanencia en Morena.
Su pleito familiar terminó convirtiéndose también en un problema político para quienes gobiernan Puebla, porque cada vez que alguien utiliza un cargo, una amistad o una supuesta instrucción para intentar darle peso a un expediente particular, compromete nombres mucho más grandes que el suyo.
Samuel Aguilar Pala debería entenderlo.
Pablo Salazar, quien se asume como el dueño de Morena en Puebla aunque sea repudiado hasta por Ariadna Montiel, también.
Y claro, cualquier funcionario de la Fiscalía o el poder Judicial, todavía más.
Porque el verdadero escándalo no sería descubrir que dentro del gobierno existen grupos diferentes con relaciones distintas.
Eso siempre ha existido y nadie se espanta.
El escándalo sería descubrir que alguien está utilizando esas relaciones para vender favores que nadie autorizó.
Y peor todavía:
Que haya funcionarios suficientemente ingenuos para comprarlos.

Fuente: PUEBLA ON LINE.

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