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En efecto, desde la crisis de la deuda de los años ochenta, México ha experimentado un prolongado estancamiento económico, con un ritmo de crecimiento promedio anual del PIB, de 1980 al 2018, apenas superior al 2%; una tasa insuficiente para absorber la expansión de la fuerza laboral, elevar de manera sostenida la productividad y cerrar las profundas brechas territoriales y sociales. Más preocupante aún: en los últimos 8 años, el dinamismo económico se ha debilitado todavía más, con una tasa de crecimiento apenas cercana al 1% anual del PIB.
En el fondo de lo anterior se encuentra el hecho de que el país perdió la capacidad institucional para construir un proceso integral de desarrollo, lo que implica ampliar las capacidades humanas, garantizar derechos, fortalecer las instituciones democráticas, preservar el patrimonio ecológico y distribuir de manera justa las tareas y beneficios sociales.
Al mismo tiempo, el deterioro institucional ha incrementado la incertidumbre sobre el futuro. Las controversias derivadas de las reformas al Poder Judicial, la desaparición o transformación de organismos constitucionalmente autónomos y las tensiones respecto de los mecanismos de equilibrio entre poderes han alimentado dudas sobre el Estado de derecho y la estabilidad de las reglas del juego. En cualquier economía moderna, la confianza constituye un activo tan importante como el capital físico, por ello, instituciones poco confiables disminuyen los incentivos para invertir, innovar y asumir riesgos de largo plazo.
En este contexto, la inversión pública dejó de desempeñar el papel estratégico que históricamente tuvo como detonante del desarrollo. La infraestructura productiva, la investigación científica, la innovación tecnológica y las capacidades estatales requieren horizontes de planeación que trasciendan los ciclos políticos. La inversión privada, por su parte, tampoco ha mostrado el dinamismo necesario para impulsar una transformación estructural de la economía, mientras que una parte importante de la inversión extranjera directa refleja la reinversión de empresas ya establecidas más que la llegada sostenida de nuevos proyectos capaces de modificar significativamente la estructura productiva nacional.
A ello se suma una asignatura pendiente: la construcción de una reforma fiscal integral. El Estado mexicano continúa operando con una capacidad recaudatoria limitada para las responsabilidades que constitucionalmente ha asumido. Sin una hacienda pública robusta resulta extremadamente difícil financiar sistemas universales de salud, educación, cuidados, ciencia, infraestructura y protección ambiental. El endeudamiento creciente alivia temporalmente las restricciones presupuestales, pero termina reduciendo el margen fiscal presente y futuro.
En el ámbito social aparece una paradoja. Diversas mediciones muestran una reducción de la pobreza monetaria en años recientes, impulsada en buena medida por el incremento sostenido del salario mínimo, cuya recuperación constituye, sin duda, una corrección histórica frente al prolongado deterioro del ingreso laboral. No obstante, ese avance convive con una realidad mucho más compleja: millones de personas permanecen atrapadas en la informalidad, los sistemas públicos de salud enfrentan enormes desafíos, la calidad educativa continúa siendo profundamente desigual y las enfermedades crónicas -como la diabetes y la hipertensión- siguen provocando cientos de miles de muertes cada año y consumiendo una proporción creciente de los recursos públicos.
Esta contradicción obliga a distinguir entre ingreso y bienestar. Incrementar el ingreso disponible constituye una condición necesaria para mejorar la calidad de vida, pero está lejos de ser suficiente. El desarrollo exige acceso efectivo a servicios públicos de calidad, movilidad social, seguridad, justicia, vivienda adecuada, cultura, conocimiento y entornos ambientales saludables. Cuando esas dimensiones permanecen estancadas, el incremento del ingreso puede generar una percepción parcial de mejoría sin modificar las condiciones estructurales que limitan las oportunidades de las personas.
Existe una dimensión adicional: el crecimiento del siglo XXI ya no puede reproducir los patrones extractivos que caracterizaron al desarrollo industrial del siglo pasado. La crisis climática, la pérdida acelerada de biodiversidad, el deterioro de los acuíferos, la deforestación y la degradación de los suelos obligan a replantear la relación entre economía y naturaleza. La prosperidad debe entenderse, frente a lo anterior, como la capacidad de construir relaciones equilibradas entre las personas, las instituciones y los ecosistemas de los cuales depende toda forma de vida.
Por ello, México necesita crecer una vez más, pero de otra manera: requiere una política industrial orientada hacia la innovación tecnológica, la transición energética, la economía circular, la restauración ecológica y la generación de empleos de alta productividad. Necesita recuperar la planeación democrática del desarrollo regional, fortalecer sus instituciones, reconstruir la confianza pública y emprender una reforma hacendaria progresiva que permita financiar un auténtico Estado social.
El mayor reto consiste en construir un nuevo pacto para el desarrollo donde la creación de riqueza sea compatible con la justicia social y con los límites ecológicos del planeta. México no puede resignarse más a administrar el estancamiento ni a conformarse con indicadores parciales de bienestar. Debe recuperar la capacidad de crecer sostenidamente, proteger y restaurar su patrimonio natural y diseñar mecanismos mucho más eficaces de distribución de la riqueza que hagan posible avanzar hacia un verdadero Estado de bienestar, capaz de garantizar derechos, ampliar libertades y asegurar que el desarrollo alcance, sin excepción, a todas las personas y a todos los territorios del país.
Investigador del PUED-UNAM
Fuente: Crónica.
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