Noticia publicada a las 02:12 am 08/08/26

Por: Alfredo Ríos Camarena.

"…nada es verdad ni mentira; todo es según el color del cristal con que se mira."
Elucidar sobre la verdad es una tarea compleja, de naturaleza filosófica y con múltiples aristas. Por ello, puede afirmarse que nadie es dueño de la verdad absoluta.
En días recientes se presentó un anteproyecto para regular los derechos de las audiencias,

sustentado en los artículos 6º, 7º y 28 de la Constitución, así como en la legislación aplicable en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. En principio, la intención de esta regulación resulta correcta. Los derechos de las audiencias deben ser reconocidos y protegidos, particularmente frente a los excesos que en ocasiones pueden cometer los grandes medios de comunicación y que terminan influyendo en las percepciones y conductas de la sociedad.
Sin embargo, el punto medular de la discusión se encuentra en el concepto de veracidad de la información pública y en la forma en que ésta puede distinguirse de la opinión, la interpretación o incluso la publicidad. Dejar a criterios subjetivos la definición de lo que es verdadero o falso constituye el origen de la intensa polémica que se ha suscitado en las últimas semanas.
La controversia se agrava por el clima de polarización que vive el país. Las posiciones del gobierno y de la oposición suelen expresarse en términos extremos, e incluso ofensivos. Resulta inadmisible descalificar a quienes piensan distinto calificándolos como “traidores a la patria”, del mismo modo que también lo es afirmar de manera indiscriminada que todos los integrantes de un partido o de una administración forman parte de un supuesto “narcoestado”. Los excesos verbales de ambos extremos deterioran el debate público, dificultan la construcción de acuerdos y generan divisiones innecesarias dentro de la sociedad mexicana.
La propuesta que finalmente apruebe el Congreso deberá equilibrar la protección de los derechos de las audiencias y la libertad de expresión. El riesgo es que una regulación legítima termine incentivando la autocensura ante la posibilidad de sanciones económicas significativas.
Es previsible que el Congreso actúe conforme a la correlación de fuerzas que hoy existe en el Poder Legislativo. No obstante, todavía es posible que el diálogo público permita perfeccionar el contenido de la norma para garantizar efectivamente los derechos de las audiencias sin menoscabar las libertades fundamentales que sostienen a una sociedad democrática.
En los próximos días se desarrollarán foros de consulta respecto de este tema. La expectativa ciudadana es que dichos ejercicios se lleven a cabo con amplitud de criterio y responsabilidad institucional.
Los puntos que previsiblemente generarán mayor discusión son los previstos en los artículos 12 y 54 del proyecto. El primero obliga a concesionarios y programadores a adoptar medidas para evitar la difusión de información falsa o descontextualizada, sujetándose además a sus propios códigos de ética. El segundo establece un régimen de sanciones económicas para quienes incumplan estas disposiciones.
La columna vertebral de la democracia se centra en la libertad de expresión; si ésta es vulnerada o restringida, nos encontramos frente al abrupto camino de la dictadura.
POR ALFREDO RÍOS CAMARENA
CATEDRÁTICO DE DERECHO EN LA UNAM

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