Noticia publicada a las 02:22 am 05/08/26

Por: Luis Fernando Salazar.

La libertad de expresión y los derechos de las audiencias no son principios opuestos, sino elementos indispensables de una democracia.
El debate sobre la propuesta de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, elaborada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones,

debe abordarse con seriedad, apertura y una visión orientada al bien común. Algunos medios concesionados a particulares han señalado que esta regulación podría convertirse en un mecanismo de censura o en una amenaza para la libertad de expresión. Es una preocupación que debe discutirse públicamente, pero a partir del contenido concreto de la Constitución, la ley y los lineamientos, no de interpretaciones anticipadas o alarmistas.
Los críticos pasan por alto que los derechos de las audiencias fueron incorporados expresamente al artículo 6.º constitucional mediante la reforma de 2013. Este precepto protege la libertad de expresión y establece que la manifestación de las ideas no será objeto de inquisición judicial o administrativa, salvo cuando ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Asimismo, la Constitución garantiza el derecho a la información, prohíbe la censura previa y dispone que la ley establecerá los derechos de las audiencias y los mecanismos para protegerlos.
La tarea reglamentaria en esta materia no ha concluido. Desde el inicio surgió una oposición similar a la actual, que derivó en una reforma legislativa en 2017, posteriormente invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este contexto, el año pasado el Congreso de la Unión aprobó la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, después de un debate público en el que participaron representantes de la industria y otros sectores interesados.
La ley creó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como órgano administrativo desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con independencia técnica, operativa y de gestión. Entre sus atribuciones se encuentra emitir los lineamientos necesarios para proteger los derechos de las audiencias. En ejercicio de esta facultad, la Comisión ha sometido a consulta pública su propuesta.
Algunos concesionarios y medios han desplegado una intensa campaña en la que acusan al gobierno de pretender censurar contenidos y actuar de manera autoritaria. Esta reacción deja en segundo plano deberes elementales como distinguir la información noticiosa de la opinión de quien la presenta; contrastar diferentes perspectivas; evitar que la publicidad se presente como información periodística, y respetar la vida privada y los derechos de terceros.
La libertad de expresión y los derechos de las audiencias no son principios opuestos, sino elementos indispensables de una democracia. México necesita medios libres, críticos e independientes, pero también audiencias informadas, respetadas y con mecanismos eficaces para defender sus derechos. Una democracia sólida debe construir las condiciones para que ambas libertades se ejerzan plenamente.

POR: LUIS FERNANDO SALAZAR.

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