Noticia publicada a las 01:40 am 20/07/26

Por: Rolando Cordera Campos.

La roja es, desde hace tiempo, una página cotidiana y obligada de las entregas de los medios de comunicación. Su presencia obligada no obedece, necesariamente, al cultivo nacional del amarillismo, sino a una desafortunada característica de la vida pública mexicana. Secuestros, intervenciones, incautaciones, ¡extracciones!…

han pasado a formar parte del paisaje noticioso “normal” al que los mexicanos han tenido que acostumbrarse.
Cuando se prefiere la primacía del enredo sobre el derecho y la política abierta, pública, el retroceso es ostensible: la noticia debería hablarnos de las expresiones de una degradación política que amenaza contagiar todo, de la vida privada al quehacer político más comprometedor, pero no ocurre así. Los gobernantes y quienes aspiran a sucederlos han hecho de la negación práctica preferida, con el consiguiente y corrosivo desprecio en la práctica de todo lo que huela a estado de derecho. Mientras la vida pública sufre de un deterioro implacable y ominoso…Porque lo peor está por venir.
El gobierno ha elegido a la defensa de la soberanía como su estrategia principal, aunque no parezca dispuesta a hacerse cargo de lo que esto implica. Se dice y redice que la soberanía no se negocia, que ninguna delincuencia organizada pasará por encima del Estado, pero lo cierto es que a este credo no siguen propuestas y razonamientos consecuentes para abordar, con los hechos y los dichos, la gran cuestión que los cambios del mundo nos plantean como asignatura obligatoria: ¿Cómo llevar a cabo una reforma profunda del Estado nacional?
¿De dónde y cómo reclutar el personal estatal futuro blindándolo de lo que parece haberse vuelto disciplina primaria? Me refiero aquí al desprecio con que vemos y juzgamos las leyes y su obediencia, junto con la ineficiencia galopante en el servicio público, expresión depredadora del imperio de la lealtad al jefe y de desprecio militante del compromiso con la probidad del trabajo burocrático. ¿Cómo garantizar el respeto de las leyes y las instituciones si, en varias áreas del edificio institucional, se carece de preparación técnica y moral para realizar un trabajo delicado y cada vez más complejo?
La falta de credibilidad de las instituciones –y de no pocos funcionarios– no es un problema menor; se vuelve plaga inclemente que mina al Estado y pone a aquello de la soberanía en permanente entredicho. Llevamos lustros hablando de batallas contra corrupciones e impunidades, de renovaciones éticas o morales, pero los resultados nos dejan un juicio de reprobación implacable.
En realidad, vivimos como cotidianidad insobornable un rotundo y ruidoso quiebre institucional cuyas repercusiones, me parece, no hemos calibrado del todo.
Vivimos en una sociedad más plural, pero no más responsable; hay más participación gracias a las reformas políticas de inicio del siglo pero, también, groseras tendencias a la secrecía. El delito se politiza. La política se judicializa. La vida pública, se ahoga.
Aprender a dialogar y discutir puntos de vista diferentes, hasta encontrados, debería haber sido el ejercicio diario de quienes se incorporaron al quehacer público gracias a dichas reformas, pero no ha ocurrido así y las diferencias en opinión, puntos de vista y posiciones políticas de más largo alcance se vuelven prólogos de condenas inapelables por traición a la patria.
Del estado actual de crispación y abuso de tal terminología a un momento persecutorio y violatorio de nuestra legalidad constitucional no hay muchos pasos. Y la celebración del encarcelamiento del gobernador Ruffo no puede sino verse como signo amenazador de nuestra caída en un Estado de cuasi naturaleza.
“Las cosas no están ni van bien”. Ni en el subsuelo donde se mal teje la economía del estancamiento, como si fuese ejercicio subversivo, menos en los espacios de lo público donde tendría que buscarse el diario mejoramiento de nuestras prácticas deliberativas y democráticas, se hacen esas y otras cosas para el bien de la república.
De poco nos sirve la retórica cansina en torno a la soberanía y su defensa si quienes tienen el deber de hacerlas realidad viva y constructiva no pueden o no quieren hacer lo mínimo necesario para evitar que contubernios y delincuentes se dediquen a presumir sus múltiples habilidades para esquivar las leyes. Y desde fuera de ese círculo nefasto no pocos se dediquen a convertir esas y otras formas nefastas de la política antidemocrática en virtud nacional. Mal momento éste.

Fuente: La Jornada.

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