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sea cual fuere la clase de precios, derechos y acciones en que consistan, nombre y aplicación que hayan tenido”. Ya no podrían recibir ofrendas, ni indemnizaciones en bienes raíces.
Eso sí, quedaba muy claro que el gobierno protegería el culto público de la religión católica y cualquier otra. Aquello fue un santo mazazo a las almas pías, ahí es dónde hay que pegar a los que utilizan los recursos para crear problemas al país. Antes de que nos vayan a excomulgar, algo difícil de hacer con quien fue considerado hereje a los siete años, y evitar ser acusados de imparciales, les presentaremos la reacción de sus protegidos, pero antes establezcamos el contexto de lo que sucedía entonces.
Desde el 17 de diciembre de 1857, cuando se proclamó el Plan de Tacubaya mediante el cual los conservadores desconocían la Constitución y se autorizaba al presidente ‘reculador’, Ignacio Comonfort y De Los Ríos, para derogarla. Como consecuencia, se inició la Guerra de Reforma. Don Benito era el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos apoyado por el grupo de los Liberales. A la vez, Miguel Gregorio de la Luz Atenógenes Miramón y Tarelo se asumía como el presidente sustituto del Gobierno Supremo de la República que era el patrocinado por los conservadores titiriteados por recursos proporcionados por los miembros de la curia católica.
Recordemos que, en aquellos años, la Iglesia Católica era poseedora, oficialmente, de más de la mitad de los bienes inmuebles del país, a la vez que muchos de los restantes los tenía a nombre de hombres de paja siempre dispuestos al sacrificio espiritual en nombre de su fe. Ahora sí, vayamos a la reacción de los reaccionarios (valga la redundancia) cuando vieron que ante la carencia de bienes pecuniarios tendrían problemas para continuar con sus actividades pías como lo eran promover el enfrentamiento y la muerte de mexicanos.
En honor a la objetividad, no podemos dejar de apuntar que el grupo dirigido por Miramón editaba el llamado Diario Oficial del Gobierno Supremo en el cual se publicaban todos los decretos y disposiciones jurídicas que emitieran ambos grupos. Ello, no significaba que los conservadores dejaran de plantear su postura respecto a las acciones de los Liberales.
En el contexto de lo anterior, en su edición del 29 de julio de 1859, en la editorial de ese Diario Oficial aparecía un escrito titulado “Las Leyes de Veracruz” que daba inicio señalando: “El Gobierno Supremo de la República, guardián de todas las garantías, defensor constante de la propiedad y de todos los intereses legítimos no podía permanecer indiferente al ataque que la Iglesia Católica [hasta donde se sabe no se cuestionó asunto teológico alguno} acaba de recibir de los pretendidos legisladores de Veracruz; los intereses todos de la sociedad, de la nacionalidad misma, reclamaban de los actuales encargados de la cosa pública, una providencia que fuera como un dique puesto a los avances de la demagogia, que previniera las complicaciones que en lo futuro pudieran surgir de esos desatentados avances de la demagogia, qué previniera las complicaciones que en lo futuro pudieran surgir de esos desatentados avances, complicaciones en las que no dejaría de correr un peligro la independencia y nacionalidad de México”.
Ni quien pueda dudarlo, los amantes de retrasar el reloj de la historia siempre han de defender a capa y espada a sus patrocinadores y habrán de ensabanarse con el lábaro patrio para clamar que la patria está en peligro porque sus intereses son amenazados. Afortunadamente, esas son cosas del ayer.
De acuerdo con los conservadores de entonces, “…los proyectos del bando revolucionario… han encontrado en el despojo de los bienes que forman el patrimonio de la Iglesia mexicana [¿Qué no era Católica Apostólica y Romana?], un medio para entrar en negociaciones y contratos que envuelven… un ataque a nuestra nacionalidad”. Nuevamente, el cuento de asemejar el ser mexicano con el de pertenecer a una versión especifica de la interpretación de la fe.
Mientras se autoproclamaban como el único gobierno legalmente constituido por ser emanados del Plan de Tacubaya, los conservadores alegaban que su gobierno, presidido por Miramón, “es el reconocido por la parte sensata de la Nación [léase la gente de ‘razón’], por los que quieren el bien y felicidad de México; este es el gobierno reconocido también por las potencias europeas, que tienen con nosotros celebrados tratados de amistad y comercio; este gobierno, en fin, que es la personificación de todas las garantías, es el gobierno nacional, en consecuencia el único legítimo”.
En ese contexto, vale mencionar el escrito que, el 25 de junio de 1859, fue enviado al “ministro plenipotenciario de Su Majestad el emperador de los franceses”, Vizconde Alexis de Gabriac (Jean-Alexis de Cadoine de Gabriac), en el cual se le advertía que el Gobierno Supremo era el único legalmente constituido (¡!) y, por lo tanto, no habría de reconocer ningún trato que se realizara “con el llamado gobierno de Veracruz”. Asimismo, se criticaba al gobierno de los Estados Unidos de América por haber dado su reconocimiento al gobierno encabezado por Juárez.
Aquella pieza la firmaba el ministro de relaciones interino de Miramón quien respondía al nombre de Octaviano Muñoz Ledo quien después sería fiel seguidor de Maximiliano de Habsburgo. Ese personaje, Octaviano, es en quien se apoyó un contemporáneo de origen guanajuatense para alegar su derecho de sangre. ¿Por qué será que, a los amantes del retroceso, siempre, les parecerá muy importante tener el reconocimiento de Europa y desacreditan todo lo proveniente del Río Bravo o Grande?
En el contexto de ser la autoridad legitima, las huestes de Miramón señalaban que “todo acto que no emane de su autoridad carece, en lo absoluto de carácter legal, es nulo cualquiera especie que se celebre con los que desconocen la autoridad única verdadera, única legitima”. Indicaban a los extranjeros que pretendiesen adquirir bienes que pertenecieron a la Iglesia Católica que habrían de incurrir en una ilegalidad si lo hiciesen. Con tal advertencia, se eximían de cualquier responsabilidad futura. Asimismo, aducían que los “rebeldes de Veracruz” (así los llamaban) carecían de facultades legales para legislar sobre cualquier materia. Ello requería la aprobación del Congreso y ellos no contaban con el visto bueno de éste.
En igual forma, volvían a la carga en lo concerniente a los extranjeros a quienes les precisaban que quienes “de alguna manera entren en especulaciones con los rebeldes, pueden muy bien y deben ser considerados por el gobierno como infractores de la neutralidad que están obligados a guardar en las revueltas intestinas del país que benévolamente los hay acogido y protege la vida y los intereses de todos ellos”. Ya vemos en donde abrevaron algunos de nuestros proceres de la actualidad en eso de la neutralidad. Si tu perspectiva es diferente a la mía, yo tengo todo el derecho de entrometerme y criticarte. Pero eso sí, nada de que tu discrepes de lo que yo hago o apoyes a quien piensa distinto a mí ya que eso es un atentado en contra de la soberanía y la neutralidad. Pero dejemos divagaciones sobre el presente y retornemos a 1859.
Acto seguido, los conservadores de entonces procedían a realizar una critica feroz a Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas Propiedad de Corporaciones Civiles y Eclesiásticas, promulgada el 25 de junio de 1856, a iniciativa del ministro de hacienda, Miguel Lerdo De Tejada y Corral. “La ley establecía que las fincas rústicas y urbanas debían ser vendidas a sus arrendatarios por un valor equivalente a la renta que pagaban, calculada al seis por ciento anual. Si el arrendatario no compraba la propiedad, esta podía ser adquirida por cualquier otra persona”. Argüían que, con las medidas de 1859, contradecían lo propuesto en 1856. Lo que olvidaban era que el objetivo era uno muy simple, la separación del Estado y las Iglesias y acabar con la presencia de un estado dentro de otro, pues ni modo que fueran a negar que los dirigentes de la Iglesia Católica respondían primero a la autoridad eclesiástica de Roma antes que a las civiles de México.
Para cerrar las quejas, las huestes conservadoras acusaban a los Liberales de que “no se atrevieron entonces [en 1856] a dar el aventurado paso que hoy dan, porque tenían algo que perder y contaban conservar algún prestigio, encubriendo las perversas miras que abrigaban. Hoy, se aventuran a hacer lo que antes no hicieron, porque todo lo tienen perdido, ven moribunda su causa y en su despecho recurren a u medio desesperado, a un recurso extremo. Convocan los legisladores de Veracruz con sus pretendidas leyes en torno suyo, a toda la gente perdida, a todos los hombres sin conciencia que sólo buscan especular aun a costa de los bienes más sagrados, y que por un momento pueden alucinarse con supuestas ganancias; ¿pero que les valdrá ese último esfuerzo?
Nada más que el más completo descrédito unido a la más evidente muestra de evidencia en que se encuentra hundido el bando revolucionario. Sólo esta consideración por si sola, basta para que las pretendidas leyes de Veracruz surtan un efecto contrario al que sus autores fingen que esperan alcanzar, y decimos que fingen porque estamos persuadidos de que ellos tienen el convencimiento de que su triunfo es imposible, y que la Nación justa y sensata, rechaza absolutamente sus torpes manejos contra la propiedad de la Iglesia. La hora del desengaño llegará muy breve, entretanto el Gobierno Supremo de la República, firme con la conciencia del buen derecho que le asiste, seguirá como hasta aquí, sosteniendo los derechos sagrados de la religión y de la patria”. Malos salieron para eso de los pronósticos los conservadores, su postura la dictaba el estómago y no el cerebro.
Ni quien lo dudara, las huestes de Miramón eran leales a sus patrocinadores, utilizaban el nombre de la patria para encubrir sus lealtades hacia una entidad trasnacional y, aun así, se presentaban como los adalides de la libertad y el progreso. Eran los agentes del retroceso quienes buscaban engañar a los crédulos. El debate no era alrededor de asuntos inmanentes, se trataba de proteger bienes y caudales que le permitiera a la curia actuar como un gobierno paralelo.
La lucha entonces era entre un grupo, LOS HOMBRES DE LA REFORMA, que miraba hacia el futuro y otro que insistía no solamente en mantener el estado de cosas sino retroceder el reloj de la historia. En eso nada tenía que ver la forma como cada uno llevara su muy personal y respetable relación con El Gran Arquitecto. Era muy fácil endilgarles, a quienes separaban las cosas de Estado de sus perspectivas personales, el sambenito de herejes empecinados en destruir una institución religiosa. Al final de cuentas, sin embargo, los acólitos liderados por Miramón fueron derrotados, el 22 de diciembre de 1861 en Calpulalpan. Como lo sabemos, sin embargo, ese no fue el fin de la lucha. Años más tarde con la bendición papal fueron a traer a Max y, otra vez, a luchar por la creación de la Nación.
Los partidarios de retrasar el reloj de la historia han estado ahí, ayer y hoy, siempre envolviéndose en el lábaro patrio para ocultar sus intenciones auténticas. Son incapaces de mirar hacia el futuro, su objetivo es someter y erigirse como los poseedores de la verdad eterna. Eso pasa por crear una sociedad de iletrados incapaces de analizar y tomar decisiones propias. La reacción no se ha ido, aun cuando hoy traten de presentarse como adalides de las causas populares y se alineen, aparentemente, por el costado izquierdo. vimarisch53@hotmail.com
Añadido (26.27.88) Los medios y sus jilgueros se encargaron de inflar el globito mientras despachaban a rivales de medio pelo para abajo. Cuando llegó uno de jerarquía el helio escaseó y mostraron que son de talla entre chica y mediana. Es entendible que los agrandadores recurran a cuanta justificación exista antes de aceptar que el nivel continúa siendo bajo, recordemos que de eso viven y si no lo hacen se quedarían sin que vender, en el entorno doméstico, durante los meses que vienen.
Añadido (26.27.89) Muy gallito regresó el tal Petro tras de la entrevista que tuvo con su manager. ¿Qué le aconsejaría? No olvidemos que a ese mismo establo pertenecen Pedrito, Cristinita, Danielito y Lula.
Fuente: Índice Político.
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