Noticia publicada a las 03:00 am 09/07/26

Por: José Luis Parra.

Hay pleitos que conviene dar y otros que simplemente no deben provocarse. El que hoy libra el gobierno mexicano con Estados Unidos por el caso de Ismael “El Mayo” Zambada parece encaminado a convertirse en uno de esos conflictos donde todos terminan perdiendo.
La captura —o entrega, según la versión que cada quien prefiera creer—

ocurrió el 25 de julio de 2024. Sin embargo, el expediente volvió a abrirse porque el régimen decidió convertirlo en bandera política. Y cuando se reta a la mayor potencia del mundo, conviene medir muy bien el alcance de las palabras.
Washington difícilmente responderá desde un templete. Su estilo siempre ha sido otro: primero la presión mediática, después el expediente judicial y, finalmente, la aplicación del poder institucional. Es una técnica conocida. El ablandamiento antes del golpe.
Por eso resulta preocupante que desde Palacio Nacional se eleve el tono del conflicto mientras del otro lado de la frontera apenas comienzan a acomodar las piezas.
No, nadie supone seriamente que mañana aparecerán tanques cruzando el Río Bravo. Pero la política internacional también se equivoca. Un error de cálculo, una provocación innecesaria o una escalada de declaraciones pueden derivar en una crisis diplomática de dimensiones desconocidas para México.
Primero llegarían los desencuentros oficiales. Después el enfriamiento de las relaciones bilaterales. Más tarde podrían endurecerse los controles fronterizos, afectar el comercio, la cooperación en seguridad y la relación económica que sostiene buena parte del crecimiento nacional. A partir de ahí, cualquier escenario deja de ser cómodo.
Y mientras tanto aquí seguimos jugando a la telenovela.
Porque todo indica que el verdadero objetivo no es esclarecer cómo llegó El Mayo a territorio estadounidense, sino defender políticamente a quienes hoy aparecen bajo sospecha. Particularmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuyo nombre sigue orbitando alrededor de este episodio como un satélite imposible de ignorar.
En ese contexto apareció una declaración que también merece leerse con calma.
El exembajador estadounidense Ken Salazar aseguró que nunca tuvo pruebas para sostener que Andrés Manuel López Obrador mantuviera vínculos con el crimen organizado. Incluso afirmó que durante su gestión jamás recibió evidencia que permitiera hacer semejante acusación. También sostuvo que Estados Unidos no organizó el operativo mediante el cual llegaron Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López a territorio norteamericano. Según su versión, las autoridades estadounidenses únicamente actuaron cuando ambos ya estaban en suelo de ese país.
Las palabras de Salazar pueden aliviar momentáneamente algunas presiones políticas. Pero difícilmente cierran el expediente.
Porque el problema ya dejó de ser jurídico.
Ahora es diplomático.
Y cuando dos gobiernos comienzan a desmentirse públicamente, alguien inevitablemente termina pagando la factura.
México necesita menos discursos para la tribuna y más temple para la negociación. Defender amistades políticas o lealtades ideológicas puede resultar rentable hacia adentro, pero extraordinariamente costoso frente al exterior.
En política exterior los aplausos duran minutos.
Las consecuencias pueden durar generaciones.

Fuente: Índice Político.

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