Noticia publicada a las 02:05 am 08/07/26

Por: Salvador García Soto.

En una misma semana, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación morenizada, afloraron las dos visiones encontradas que dividen al máximo tribunal constitucional del país. El conflicto y debate interno que vive la nueva Corte, entre el ala radical de ministros encabezada por la ministra Lenia Batres, que insiste en reabrir casos juzgados e impulsa proyectos politizados e ideológicos,

y el ala moderada, que defiende la certeza jurídica que da el concepto de la “cosa juzgada” e intenta mandar mensajes de certidumbre a ciudadanos e inversionistas, confirman que hay razones para la preocupación y alarma por la incertidumbre jurídica que hoy permea en el país.
Y es que el pasado jueves la mayoría de ministros desecharon la propuesta de la ministra Lenia Batres para que la Corte reabriera el juicio que grupo Femsa le ganó al SAT en 2025 por 2,800 millones de pesos. El fallo a favor del grupo empresarial regiomontano fue confirmado por el ministro Giovani Gutiérrez en su proyecto en el que rechazaba reabrir dicha resolución judicial, impugnada por el SAT, bajo el amparo de la reforma a las leyes fiscales del pasado 9 de junio que habilitó la procedencia de revisiones a resoluciones de fondo. El ministro Gutiérrez sostuvo que no se podía aplicar una ley de manera retroactiva y que el caso Femsa era “cosa juzgada” y reabrirlo vulneraría el principio de seguridad jurídica.
“Enviaríamos un mensaje poco alentador para los contribuyentes y, en general, para las personas afectadas por actos administrativos ilícitos. Que, aun y cuando hayan ganado un juicio de nulidad y conseguido una sentencia favorable, las puertas de los tribunales federales estarán abiertas para que las autoridades puedan insistir en la defensa de los actos anulados”, dijo el ministro ponente, que rechazó los argumentos de la ministra Batres para pedir a finales del 2025 que se reabriera dicho juicio y se revisara la sentencia contra el SAT.
A los argumentos del ponente para darle “carpetazo” al tema de Femsa, se sumó la ministra Yasmín Esquivel, quien también rechazó aplicar la reciente reforma fiscal de este año porque afectaría derechos adquiridos por la empresa y tendría efectos retroactivos. “Estamos obligados, como tribunal constitucional, a enviar un mensaje muy claro en el sentido de que México sí ofrece la seguridad jurídica que demanda el sector privado, porque de esa certidumbre somos garantes los tribunales de la Federación”, dijo Esquivel Mossa, quien después en redes sociales insistió en que el país debe ofrecer seguridad jurídica a quienes invierten en el país.
“Esa confianza se construye cuando las autoridades actúan conforme a la ley y las resoluciones de los tribunales se respetan”, dijo la ministra al explicar su voto. “Estoy convencida que cuando una persona o empresa obtiene sentencia favorable después de un largo litigio, no debe verse obligada a seguir defendiendo una decisión judicial que ya reconoció las irregularidades cometidas por la autoridad. Respetar las sentencias firmes fortalece el Estado de Derecho y brinda la certeza jurídica que nuestro país necesita”.
Y es que aun cuando la mayoría de ministros votó por desechar el intento de reabrir el mencionado juicio contra la empresa refresquera nacional, dejando firme la sentencia a su favor, hubo cinco ministros del bloque radical que encabeza Lenia Batres que emitieron “votos concurrentes” por diferir de los argumentos del ministro ponente sobre la inviolavilidad de las sentencias firmes. Junto con Batres difirieron el presidente Hugo Aguilar Ortíz, la ministra María Estela Ríos, y el ministro Irving Espinoza.
El carpetazo al caso Femsa, además de mandar un mensaje necesario y urgente de “certidumbre jurídica”, justo en momentos en que las inversiones nacionales y extranjeras se han caído por el temor que les da el nuevo poder judicial politizado, fue un duro revés para el bloque radical e ideológico de la Corte. Porque fue Lenia Batres quien pidió reabrir y revisar dicha sentencia judicial el pasado 13 de noviembre de 2025, argumentando que el monto disputado por el SAT ameritaba su revisión. Extrañamente en esa fecha 6 de los 9 ministros apoyaron la propuesta de Batres, cuando apenas una semana antes, el 6 de noviembre, en la primera votación del mismo caso de Femsa, 8 ministros habían votado por no reabrirlo y sólo Lenia votó a favor.
Este caso ejemplifica muy bien por qué las inversiones extranjeras y nacionales se han contraído en lo que va del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Si bien el gobierno presume cifras altas de Inversión Extranjera Directa, en realidad lo que presumen son reinversiones de utilidades de empresas e inversionistas que ya están en México, pero omiten decir que desde hace casi dos años no han llegado nuevas inversiones significativas y que eso obedece a que fondos de inversión importantes, al igual que empresas trasnacionales y hasta nacionales, han frenado nuevas inversiones ante el temor y la falta de certidumbre que les genera la politización e ideologización del nuevo Poder Judicial, y en particular el activismo de un grupo radical comandado por Lenia Batres.
Y aún con el revés que le dieron el jueves pasado, la llamada “ministra del pueblo” que hasta peleó por esa denominación que claramente habla de su militancia morenista, Lenia no se cansa de presentar proyectos y propuestas polémicas y controvertidas en la Suprema Corte, como la que esta misma semana propuso gravar con impuestos las herencias y hasta los retiros de las afores de trabajadores que mueren y cuyos familiares reclaman esos recursos. Batres quiere que los beneficiarios de la clase trabajadora paguen impuestos al retirar los fondos del trabajador fallecido y, por si eso no fuera poco, también quiere que los mexicanos paguen impuestos cuando reciben una herencia familiar.
“Hay una situación injusta respecto de que no se graban el legado ni la herencia, pero no se resuelve exentando estos pagos y estos retiros (de los trabajadores) porque yo creo que lo injusto es que no se graben las herencias y el legado, tanto en este caso, como en el caso de la herencia y el legado, una persona recibe un recurso que no provino de su esfuerzo que gana y que en estricto sentido reproduce desigualdades sociales, entonces yo creo que debe gravarse”, argumentó ante el pleno la ministra que se dice “del pueblo”.
¿Y el esfuerzo y el trabajo del familiar que hereda un fondo de retiro o cualquier tipo de herencia no cuenta para la ministra Batres? ¿Por qué el gobierno que ya le cobró impuestos durante toda su vida a quien deja una herencia o una pensión como trabajador tendría que volver a cobrarle impuestos a sus ahorros entregados en herencia a sus familiares? Esa es la Corte que espanta y ahuyenta no sólo a los inversionistas sino a todos los mexicanos que ahora tienen que compartir hasta sus herencias y pensiones heredadas con el gobierno, porque así lo considera la ministra Lenia.
Y eso es lo que también motiva que desde un gran sector del empresariado nacional y extranjero, además del sector jurídico nacional, se esté fortaleciendo cada vez más una propuesta para tratar de evitar a toda costa que Lenia Batres asuma la Presidencia de la Corte en el 2027, según lo que establece la cuestionada Reforma Judicial. Si con su bloque radical, con el que controla a cuatro o cinco ministros, incluido el presidente de la Corte, Lenia no deja de intentar vulnerar la certeza jurídica e impulsa proyectos ideológicos y sentencias sólo a favor del gobierno, abonando a la incertidumbre jurídica que espanta inversiones, si le llegan a dar la Presidencia de la Corte, su radicalismo ideológico acabaría con lo poco que queda del debilitado Estado de Derecho en México. Vaya, Batres sentada en la silla de la presidencia de la Corte sería la venezualización final de la justicia mexicana.

Fuente: Zócalo de Saltillo.

[Regresar a la página principal]