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Atrapado en su propio y alocado manejo de cifras y análisis, promesas y tropiezos, con sustitución recurrente de funcionarios encargados de medir siquiera con exactitud el problema para luego atenderlo, emborucada en la construcción de un sistema de identificación forense (cuya necesidad confirma la desgracia) y con una triste proliferación de cementerios clandestinos y tumbas por todas partes, México se sintió agredido y violentado en su dignidad soberana por la petición del comité respectivo en las Naciones Unidas.
Enese clima la presidenta (con A), fue criticada frecuentemente por los grupos de personas buscadoras, primero porque la lenidad pública les genera la necesidad de hacer ellas ese trabajo y, segundo, por no atenderlas personalmente.
La última queja --tras el fallido cerco al estadio de Santa Úrsula en la inauguración del decorativo Mundial de Futbol--, tuvo algo de surrealista: prefierió recibir en el Palacio Nacional al Pato Merlín y no a las madres buscadoras quienes aciden a otras oficinas.
La información más reciente dice:
“(AN).- El secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, transmitió a la Asamblea General una carta enviada por la Presidencia del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), encabezada por Juan Pablo Albán Alencastro, en la que se expone la situación de México, lo que representa un paso previo para que el máximo organismo internacional analice la problemática.
“Esta solicitud se realizó de conformidad con el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el cual se invoca por primera vez y está diseñado para activarse cuando el Comité recibe indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio de un Estado Parte.
“Tras recibir información de organizaciones de la sociedad civil y grupos de víctimas entre febrero y mayo de 2025, el Comité solicitó respuestas al Estado mexicano. Luego de analizar la información aportada por México hasta marzo de 2026, el Comité decidió, con carácter de urgencia, llevar la situación a la consideración de la Asamblea General”.
Esto quiere decir sencillamente: sus explicaciones no convencen.
He ahí otro revés a la H. Secretaría de Relaciones Exteriores abrumada por los problemas en el inútil esfuerzo de lidiar con el amenazante gobierno de Donald Trump, con el cual somos capáces de poner juntos unos fábrica de moscas.
O mejor dicho, poner nosotros el territorio y ellos el mágico laboratorio y el dinero para esterilizar a las peligrosas “Cochliomyia hominivorax” cuya costumbre consiste en depositar huevecillos sobre heridas abiertas de animales y hasta humanos.
Pero en el asunto de las despariciones de personas (sin importancia para la agenda de Trump o la CIA), la estrategia mexicana para impedir la mirada universal sobre sus incapacidades, fue un absoluto fracaso. El dos de abril se divulgó esta información (Animal político):
“El Gobierno de México expresó su rechazo al informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición FOrzada (CED) por el que dicho órgano solicitó al Secretario General de la ONU, António Guterres, remitir a la Asamblea plenaria, de manera urgente la situación de este delito cometido en nuestro país.
“A través de un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores calificaron el documento internacional como tendencioso, parcial y sesgado”.
Pues tendencioso, parcial o sesgado o haiga sido como haiga sido, por primera vez en la memoria de la ONU un asunto de esta naturaleza llegará a la Asamblea General impulsado por su carácter de urgencia.
--¿Tiene eso alguna consecuencia?
Ninguna, excepto la exhibición general de una incapacidad, una limadura más a nuestro de por sí mellado prestigio internacional y una trompetilla para quienes quisieron ocultar el problema debajo de la alfombra o dentro de una agujero perdido en el monte.
En los días iniciales de este proceso, “el gobierno mexicano lamentó que el Comité de la ONU (supuestamente) se negara a estudiar la información actualizada que el Estado presentó el pasado 27 de marzo, antes de que se publicará la resolución.
“Además, argumentó que el informe internacional no corresponde a la realidad actual del país, ya que se enfoca principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y se limita a estudiar la situación de solo cuatro estados”.
Sin embargo, y a pesar de las quejas por una “falta de rigor jurídico” y señalar un conflicto de interés dentro del Comité (al menos uno de sus integrantes trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano), el tiro de invitar al Alto Comisionado Türk y promover una pelea de gallos, salió por la culata.
De todos modos, con quejas, subterfugios y lamentos de parte de México, se aplicó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Se hizo todo para evitarlo.
“…Cuando el Comité recibe información que contiene indicios bien fundados de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático, puede: “[…] llevar urgentemente la cuestión a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Secretario General”. Nuestra decisión publicada el pasado jueves no es una remisión o informe dirigido al @OACNUDH, sino al máximo órgano deliberante de la ONU”.
Poco tiempo después de la presentación del informe y la solicitud ahora lograda de colocar el tema en la agenda de la Asamblea General (septiembre de este año) , se realizó una visita estratégica: la del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.
El Centro Pro (no muy bien visto por el gobierno federal), dijo en ese tiempo:
“…La visita fue conocida inicialmente por algunos trascendidos y columnas de opinión, que desde un inicio alertaron que fuera utilizada por el gobierno para confrontar la reciente decisión del Comité Contra las Desapariciones Forzadas, de remitir la urgente situación de México a la Asamblea General de la ONU.
“Sólo unos días más tarde la Oficina de Naciones Unidas dio a conocer detalles de la visita, destacando una reunión con la Presidenta de la República. La agenda, amplia y diversa como en otras visitas similares, incluyó de última hora una reunión con un grupo de colectivos de familiares de personas desaparecidas, lo que sumado a la usual limitación del espacio y tiempo, generó descontento en algunas familias, reflejando en una escena concreta, la urgencia de escucha que tienen las víctimas en el país, a pesar de los múltiples discursos de supuestos espacios de diálogo por parte del Estado”.
Pero frente a evasivas, rectificaciones, alegatos e inconformidad, Antonio Guterrez ya dio el indeseado paso: las desapariciones en México son materia de interés internacional y serán ventiladas en la tribuna del mundo durante la Asamblea de septiembre. Vaya pena con los vecinos.
La explicación diplomática para colocar a México en el microscopio del buen comportamiento internacional (de manera justa o injusta, no importa), es conmovedora, aunque en el fondo sea una crítica terrible: “…que la Asamblea evalúe la adopción de medidas para ayudar a México a prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones forzadas en el país”.
Eso en el lenguaje de la calle significa: lo hecho hasta ahora por México para prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones, no ha servido para mucho.
O si se quiere: no sabe hacer las cosas y necesita ayuda, dirección, guía, orientación y consejo.
Como diría Eugenio Derbez: ¡Óigame, no!, ¿qué dirá Doña Soberanía?
Fuente: Crónica.
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