Noticia publicada a las 02:17 am 02/07/26

Por: Maira Martínez Pineda.

Las desapariciones son el indicador preciso de la capacidad de un Estado para encontrar personas. Un país comienza a perderse cuando normaliza que sus personas desaparezcan y acepta que nunca regresen.
México acumula más de 130 mil personas desaparecidas y no localizadas desde 2012. La cifra oficial del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO)

superó ese umbral durante 2025. Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León concentran una parte importante de los casos.
El fenómeno tiene un perfil definido, la mayoría de las víctimas son hombres de entre 15 y 39 años. Sin embargo, las desapariciones de mujeres y adolescentes han crecido de manera sostenida. Entre las mujeres desaparecidas, tres de cada diez son menores de edad. En niñas y adolescentes, la proporción femenina ya supera a la masculina.
No existe un registro nacional que identifique la orientación sexual o identidad de género de las personas desaparecidas, por lo que la dimensión de las desapariciones de población LGBT+ permanece estadísticamente invisible. Esa ausencia de datos también es una forma de desaparición institucional.
La disputa entre las cifras oficiales y las organizaciones civiles no radica tanto en el número total como en su interpretación. Mientras el gobierno registra poco más de 130 mil casos, organizaciones como la Red Lupa y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos advierten subregistros, retrasos y deficiencias en las fiscalías estatales. La verdadera discusión no es cuántos faltan, sino cuántos ni siquiera han sido registrados.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU considera que México vive una crisis estructural. En 2026 solicitó que la situación mexicana fuera analizada por la Asamblea General de Naciones Unidas, un mecanismo extraordinario reservado para escenarios de especial gravedad. México es además el país con mayor número de acciones urgentes abiertas ante dicho Comité en todo el mundo: 819 acciones urgentes activas o acumuladas desde 2012.
La desaparición en México dejó de ser un fenómeno exclusivamente político para convertirse en una tecnología criminal. Reclutamiento forzado, trata de personas, control territorial, disputas entre grupos armados, corrupción local, colusión institucional e impunidad producen desapariciones masivas. La ONU estima niveles de impunidad cercanos al 99 por ciento.
La crisis también es forense. Existen decenas de miles de cuerpos sin identificar y los especialistas internacionales han advertido que, al ritmo actual, México necesitaría más de un siglo para procesar todos los restos pendientes.
Colombia creó la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, separada de las fiscalías y con carácter humanitario. Argentina desarrolló equipos forenses autónomos reconocidos internacionalmente. Ambos modelos privilegian la identificación científica, las bases genéticas y la coordinación nacional.
En Reino Unido existe una unidad nacional especializada y organizaciones civiles que trabajan junto con la policía.
México necesita cinco decisiones: una base nacional de ADN obligatoria; autonomía constitucional del sistema de búsqueda; un Instituto Nacional de Identificación Humana; fiscalías especializadas con capacidades reales; y protección federal para los colectivos de búsqueda.
Las desapariciones son el indicador preciso de la capacidad de un Estado para encontrar personas. Un país comienza a perderse cuando normaliza que sus personas desaparezcan y acepta que nunca regresen.
POR MAIRA MARTÍNEZ PINEDA
POLÍTICA, MAESTRA EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO, ABOGADA FEMINISTA, EX SECRETARIA DE LA MUJER Y EX FISCAL ESPECIALIZADA PARA LOS DERECHOS HUMANOS EN GUERRERO

Fuente: HERALDO DE MEXICO.

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