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asegurar que en las del 2030 tenga Congreso y gobiernos estatales que lo sostengan en el Ejecutivo federal, aunque la violencia continúe desatada y el país naufrague en lo económico.
Para eso, ya se blindó incluso ante las críticas del exterior, pues con eso de la no injerencia extranjera, hasta porque un sacerdote diga que estamos mal, se reclamará intervencionismo del Estado Vaticano y, en caso de perder, clamarán por la anulación de sufragios.
Lo mismo sucederá, y pareciera que las recientes reformas fueron “derecho al pecho”, si durante el proceso electoral Estados Unidos insiste en sacar nombres de políticos ligados al narcocrimen o al huachicol trasnacional.
De hecho, los mismos gringos ven en las reformas dictadas desde Palenque un blindaje para que la 4T no suelte el poder y continúe protegiendo a sus próceres, incluyendo los guardados en Tabasco, Tamaulipas, Sonora, Baja California, Puebla, Sinaloa, Colima y algunas otras entidades, donde no escapan Veracruz ni Chiapas.
Y es que, en realidad, a pesar de los estrambóticos anuncios de logros anticrimen de la actual administración, las estructuras de la delincuencia organizada están intocadas; la muestra es la violencia permanente que se vive en el país, con alcaldes y legisladores ejecutados, periodistas secuestrados o asesinados y hasta la disfrazada sobreprotección que recibe ya la presidenta en sus recorridos incluso por la capital del país.
Eso significa una sola cosa: que el aumento de los desaparecidos responde a dos razones simples: o son reclutados como soldados de las bandas criminales para sustituir a los más de 50 mil detenidos que presume la 4T o bien son los asesinatos que se esconden para bajar las estadísticas de inseguridad.
El caso es que, por el otro lado, los mismos números oficiales que proclaman 133 mil desaparecidos y una disminución del 45 por ciento en los asesinatos afirman que la percepción de inseguridad prevalece en el 75 por ciento de los mexicanos, lo cual significa que, al menos en las 17 ciudades consideradas las más violentas, 7.5 de cada 10 personas tienen miedo, ya ni siquiera de salir a la calle, sino en sus propios hogares, a donde cada vez es más frecuente la presencia de comandos para asesinar a personas como el reciente alcalde panista en Oaxaca o la periodista sustraída en Veracruz.
Son hechos reales, como también lo son las listas de distinguidas personalidades de Morena coludidas no sólo en las exacciones al presupuesto que se reparten en contratos o concesiones o roban, ya sea en especie, como el petróleo y el gas, o suministrando productos de baja calidad y sobrefacturados a la obra pública federal y municipal, donde cada vez es más frecuente la destrucción de infraestructura como carreteras y puentes.
Por eso están tan urgidos de hacer leyes que los blinden no sólo de una justicia nacional inexistente, sino de la internacional, donde ahora desconocen tratados y autoridades como las cortes internacionales, la ONU, y se atreven a desestimar los llamados de la justicia estadounidense, aunque eso conlleve colocar al país en una de sus peores situaciones económico-financieras.
Porque las listas de criminales o narcopolíticos existen; por eso van a Palenque a pedir que los defiendan, que se ordene a la encargada del Ejecutivo federal que les otorgue garantías desafiantes al poder económico, político y militar de la mayor potencia del mundo.
De ahí se deriva la defensa férrea y grotesca desde Palacio Nacional en favor de los “enlistados” por los departamentos de Justicia y del Tesoro de Estados Unidos, que con pruebas de cómplices de la “delincuencia organizada” iniciaron procesos contra los protectores de los criminales que trafican con la vida humana, con mexicanos a los que envenenan, venden, asesinan o secuestran para convertirlos en soldados.
No olvidemos que la mayor parte de los asesinados y los desaparecidos oscilan entre los 15 y los 35 años de edad, incluyendo a mujeres, del campo o zonas urbanas. No hay distingo.
Y como para mantenerse libres en México necesitan otorgarse inmunidad e impunidad, requieren del poder Ejecutivo, tener sujeto al Legislativo y sometido al Judicial, incluyendo a los órganos que antes fueron autónomos y regulaban, vigilaban y certificaban las elecciones, como el INE y el Tribunal Electoral.
Hoy todo eso lo tienen bajo su férula, por eso desde Palacio Nacional o alguna tribuna de acarreados le gritan a la oposición que, pase lo que pase, no volverán a gobernar, desdeñando, desde luego, la voluntad popular que, a pesar de ser “agradecida” por las dádivas, se da cuenta de que, con todo y los aumentos salariales, no alcanza; que la informalidad y la falta de prestaciones alcanzan a cada vez más ciudadanos, lo mismo que la violencia.
Vienen tiempos que, si son violentos, será por esa necedad y urgencia de Morena de mantenerse en el poder a cualquier costo, incluso de desbarrancar al país bajo la premisa de “si no es mío, de nadie”, por lo que no les importará violar la ley, exhibirse como lo que son, un cártel delincuencial donde todos se protegen.
Fuente: Índice Político.
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