Noticia publicada a las 02:29 am 18/06/26

Por: Eduardo R. Huchim.

En un intento de combatir ese peligro, el Congreso de la Unión aprobó la reciente reforma de la ley electoral (Legipe) propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum
Uno de los peligros que acechan a la democracia mexicana es la infiltración de la delincuencia organizada en candidaturas a cargos de elección popular y en estructuras de gobierno, sobre todo municipales.

En un intento de combatir ese peligro, el Congreso de la Unión aprobó la reciente reforma de la ley electoral (Legipe) propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, para instaurar una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas en el INE, que -hasta donde se alcanza a ver- será una suerte de oficialía de partes para hacer llegar una lista de aspirantes a candidaturas a las instancias de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera, a fin de realizar un “análisis de riesgo” sobre los perfiles respectivos.
La reforma debe interpretarse como un primer paso para evitar la postulación y la llegada a puestos de elección popular de personas vinculadas con la delincuencia organizada. Es un primer paso cuya efectividad habrá de acreditarse y que tiene el problema de no establecer la obligatoriedad en la revisión de precandidaturas, de tal suerte que guarda similitud con los llamados a misa. Además, si se detectaran perfiles riesgosos, será potestad de los partidos decidir si los postulan o no. Cierto que lo contrario sería una intromisión en la vida interna de los partidos, pero sin duda tal circunstancia puede hacer nugatoria la verificación.
Ahora bien, convendría avanzar en otras medidas porque, aun cuando todos los partidos postularan a personas impolutas, ello no es garantía de que su probidad se mantendrá firme frente a las tentaciones de aceptar -incluso candorosamente- ofrecimientos y aportaciones del crimen organizado para sus campañas.
De ahí que convenga explorar medidas que no sólo garanticen la probidad previa de los candidatos, sino también su permanencia en ella. Una de esas medidas podría ser una herramienta jurídica y política aplicada en Colombia, conocida como “la silla vacía”, con el fin de blindar al Congreso colombiano frente a la infiltración de grupos criminales.
El sistema de "silla vacía" sanciona con la pérdida de sus curules a congresistas ya elegidos (y en algunos casos otros cargos de elección) y a sus partidos, cuando se les acreditan vínculos con grupos delincuenciales. Es decir, el legislador o funcionario que esté en ese supuesto no es sustituido por nadie, su silla se queda sin ocupar y su partido pierde un lugar -y un voto- en el órgano legislativo correspondiente. Es claro que se busca desincentivar la infiltración del crimen organizado en la política, mediante la sanción al sujeto involucrado y a su partido.
La evaluación recientemente aprobada en México sería una medida a priori respecto de las elecciones, y la “silla vacía” sería sanción a posteriori. De ese modo se impondría un costo institucional a los partidos, que así serían incentivados para vigilar cuidadosamente la selección y conducta de sus candidatos durante las campañas.
PLUS DIGITAL: PÉRDIDA DE REGISTRO COMO SANCIÓN
Ante la presencia polifacética de la delincuencia organizada en México, es evidente la necesidad de blindar no sólo candidaturas sino al propio servicio público de origen electoral, además, por supuesto, de la vigilancia y sanción a servidores públicos sin origen comicial.
En ese sentido, la fiscalización rigurosa a los gastos de campaña se vuelve esencial, pero a todas luces los esfuerzos del INE en ese sentido no alcanzan a detectar ni siquiera un porcentaje elevado de los excesos de los candidatos, habida cuenta de que rebasar los límites de gastos de campaña es en México un deplorable deporte nacional.
Es necesario encarecer el costo de las violaciones de ese tipo. En esa dirección apunta una propuesta del PAN, en el sentido de castigar con la pena de muerte, es decir con la pérdida de registro, a los partidos que usen en sus campañas recursos provenientes de la delincuencia organizada.
Sería bueno que los legisladores panistas presentaran una iniciativa en el Congreso de la Unión o negociaran un proyecto con otros grupos parlamentarios, en el entendido de que tal radical punición fuera aplicada con gradualidad, conforme a los montos involucrados y probados, y quizá cuando haya reincidencia o contumacia.
Además de la importancia intrínseca del asunto, la propuesta panista podría motivar la acción pluripartidista en temas que a todos importan. Y sin duda, evitar y sancionar la irrupción de la delincuencia organizada en instancias del sector público es -o debe ser- un rubro que exija la acción conjunta de todas las fuerzas políticas del país.
Superar rivalidad y mezquindades implicaría un importante avance de nuestra democracia.
@EDUARDORHUCHIM

Fuente: HERALDO DE MEXICO.

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