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Junio fue el mes de la resurrección política, del diagnóstico de que todo se trataba de una estrategia electoral para las elecciones domésticas en noviembre, y que el presidente Donald Trump estaba blofeando.
La acusación contra el exgobernador Rubén Rocha Moya y nueve servidores públicos en la Corte del Distrito Sur de Manhattan, donde se juzgan los casos más importantes de delitos de cuello blanco en Estados Unidos, la descolocó. Se preocupó y se enojó. El estrés se le acentuó junto con el insomnio. La solicitud de licencia de Rocha Moya, el primero de mayo, le dio oxígeno para su viaje a Palenque en una gira de trabajo intrascendente, que sirvió de cobertura para ver al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Ese encuentro no se hizo público, pero era muy importante. López Obrador era el principal apoyo de Rocha Moya y le había molestado la licencia. La presidenta, de acuerdo con personas que conocieron del encuentro, fue a explicarle lo que estaba en riesgo para su legado si la fiscalía en Manhattan demostraba los vínculos del exgobernador con el Cártel de Sinaloa. “Es politiquería”, desestimó en automático López Obrador. Lázaro Cárdenas, su jefe de Oficina, y Jesús Ramírez Cuevas, su coordinador de asesores, quienes iban como refuerzo para hablar con él, ayudaron a que entendiera lo que le decía la presidenta. Eso la tranquilizó.
A la reunión en la finca del expresidente llegó con la información que le había llegado días atrás, que estaban en la lista de investigados los gobernadores Marina del Pilar Ávila, de Baja California; Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, además de los exlíderes de Morena, Mario Delgado, actual secretario de Educación, y Luisa María Alcalde, hoy en día consejera jurídica de la Presidencia. Dos semanas después llegó la información a Palacio de que estaban listos dos expedientes, contra un gobernador y contra un secretario de Estado o militante distinguido de Morena. Días después llegó el remate: Ovidio y Joaquín Guzmán habían incriminado en la corte federal en Chicago a Delgado, Durazo y Villarreal.
Los nombres de los gobernadores causaron revuelo ayer porque el diario Los Angeles Times reconfirmó lo que se ha publicado aquí, que estaban sujetos a investigación y les habían otorgado una visa “parole”, que es un permiso de movimiento restringido en Estados Unidos por un año y los obliga a ser testigos cooperantes. Las oficinas de los gobernadores rechazaron la información del Times, pero funcionarios federales confirmaron el estatus de Durazo. De Villarreal, agregaron que, si bien le ofrecieron los estadounidenses ser testigo cooperante, “su promotor” en Palacio Nacional le recomendó rechazarlo.
La información sacudió en la Presidencia, donde están convencidos de que en este mes vendrán las acusaciones del Departamento de Justicia, y en Morena. Por ahora no se sabe con certeza que eso sucederá, y hay otro sector dentro de Palacio Nacional, estrategas electorales muy cercanos a Sheinbaum, que siguen insistiendo en que Trump está utilizando el tema de la narcopolítica para fortalecer su posición en las elecciones intermedias de noviembre próximo y que los republicanos mantengan la mayoría en el Capitolio. En este momento, la presidenta favorece esa posición, que es lo que marcó su regreso político en junio, que inició con su discurso beligerante y acusatorio contra Estados Unidos el domingo.
Sheinbaum está apostando mucho capital político. En los últimos días de mayo, de acuerdo con personas con conocimiento de las dinámicas gubernamentales, un alto funcionario del gobierno de Evo Morales en Bolivia dijo en Palacio que Trump “iba por todos” los gobiernos de izquierda latinoamericanos, pero la única con quien no podría sería contra la presidenta, que se podría convertir en el último bastión ideológico de la región. La retórica contra la ultraderecha y el intervencionismo tiene en ese planteamiento una fuerte base.
No es un análisis equivocado que la ultraderecha, encabezada por Trump en Estados Unidos, esté buscando el realineamiento de América Latina con Washington. Está a punto de caer a su buchaca Colombia; posiblemente Brasil en octubre, y México en 2027, como sugirió Shienbaum el domingo que intentará. Lo que quizás aún no esté viendo es cómo se movieron las piezas en su contra esta semana. El trabajo del Times, visto bajo esta perspectiva, no es una reiteración de lo publicado en México, sino corona 72 horas de acoso judicial, político, diplomático, económico y mediático de Estados Unidos.
Comenzó el lunes, con la declaración de la jueza en la corte de Manhattan, Katherine Polk, que en la comparecencia del general Gerardo Mérida, uno de los 10 servidores públicos en Sinaloa acusados por el Departamento de Justicia, dijo que había pruebas “abundantes” contra ellos, y que habría “olas” de acusaciones. Siguió el martes, con la comparecencia del secretario de Estado, Marco Rubio, en el Senado, donde habló de que los amigos de Estados Unidos son quienes firmaron en Miami el “Escudo de las Américas”, y advirtió sobre los riesgos de drones de los cárteles de las drogas contra objetivos de su país.
Ese mismo día, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos amenazó a México, junto con cinco países, de imponerle un arancel de 10% a sus productos que fueron manufacturados con mano de obra explotada, y ayer coronó el acoso el trabajo en el Times. Ninguna de estas variables estaba fuera de los escenarios del gobierno mexicano, aunque no se había previsto que su estrategia de esta semana incorporara todos los frentes. Viene más, y como dijo un funcionario estadounidense hace poco más de una semana, “se va a poner feo”.
Ante esto, la presidenta se definió política e ideológicamente, como mostró su dura llamada de atención al embajador Ron Johnson, que pidió no politizar la relación bilateral tras el discurso del domingo. Coincidentemente o como reacción, Johnson estará en Washington, aunque no se sabe si fue llamado a consultas –que sería muy grave e inédito en la relación–, o a reuniones programadas. En cualquier caso, lo que comenzó en mayo y se reconfiguró en junio no tiene punto de retorno.
Fuente: EL FINANCIERO.
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