Noticia publicada a las 03:24 am 06/06/26

Por: FRANCISCO RODRÍGUEZ.

Los políticos mexicanos de todos los partidos se sienten intocables, divinos, paridos por hadas y cuando son señalados por los líderes de opinión y por el pueblo raso que está cansado de tanta iniquidad a expensas de merolicos infumables, casi siempre responden que tienen la verdad exclusiva y excluyente, se refugian en un derecho de réplica que tiene parámetros inexcusables.

Ahora es la señora Claudia Sheinbaum quien “recomienda” a la teleaudiencia que no sintonice los canales de TV Azteca, lo que es un claro y evidente ataque a la libertad de expresión.
Todavía peor, anuncia un supuesto premio al mitómano de la semana –ella ganaría todos, de calle– durante la emisión de un programa de larga duración semanalmente conducido por la cada vez menos importante Luisa María ¿Albores?, no, perdón, Alcalde.
Una especie de “quién es quién en las mentiras” difundido durante el primer sexenio de AMLO en el poder, y continuación del segmento similar que en las mentiñeras hace un empleado de la Infodemia de Jenaro Villamil… pero a lo baboso, como decimos popularmente cuando nos referimos a algo exagerado.
Pese a todo ello, el pueblo tiene a su favor la sospecha de que lo están traicionando. Los políticos demagogos saben que jamás se les ha rasurado con esa hoja, y abusan de la complacencia y del retiro de las cuestiones de Estado, ésas que deberían ser patrimonio colectivo, que son soportadas por el derecho a cuidar el interés colectivo, el interés supremo de la Nación.
Los políticos tienen a su favor la impunidad retórica, esa farsa de encuentros populares que nunca han dejado nada bueno. Llegó el momento que los mandatarios, empleados nuestros, deban ser castigados por los excesos verbales, deban comparecer ante el ludibrio público para responder de sus vaciedades y de sus imposturas deleznables. Así pasa en todo el mundo desarrollado, menos aquí en el rancho grande.
La retórica desde el poder debe tener consecuencias
Debe quedar claro que ningún derecho asiste a quienes han jurado la defensa de la verdad, el respeto a las garantías constitucionales, mientras ejercen un cargo público, pues definitivamente no les asiste defensa posible cuando se trata de conducir a buen puerto los destinos de una Nación demolida.
Afortunadamente, el ameritado jurista José Alberto Sánchez Nava ha puesto el dedo en esta llaga. Ha demostrado jurídicamente que los mentirosos y pendencieros no deben tener cabida en las sociedades democráticas o que aspiran a serlo. Su real responsabilidad es con la verdad, con la convivencia civilizada y con el juicio popular.
El daño moral no puede ser juzgado con el mismo rigor entre ciudadanos de a pie, que cuando es causado desde el poder, con premeditación, alevosía y ventaja evidentes. Las acusaciones contra la corrupción, el prevaricato, la mentira y los trastupijes siempre serán una garantía ciudadana que no puede estar al criterio de jueces sin escrúpulos que interpretan la ley a su antojo. Más claro ni el agua.
Y así como ahora viene a colación por la sentencia en contra de TV Azteca, lo mismo aplica contra quien desde las alturas del poder prestado se cree intocable mientras provoca con sus invectivas e imprecaciones un caldo de cultivo demasiado ruin en contra de los derechos ciudadanos.
La retórica desde el poder debe tener límites jurídicos y constitucionales. Si estos existen, como es el caso, no debe quedar como letra muerta, pues sólo abona a un concepto dictatorial del ejercicio desmesurado del cargo presidencial. Nada contra la ley. Nadie por encima de la ley. Llegó el momento de detener a como dé lugar el daño que causa la retórica impune.

Indicios
Morena y gobiernos emanados de ese partido han impulsado medidas o discursos que pueden afectar libertades como la de expresión o reunión, por ejemplo mediante críticas fuertes a medios, reformas institucionales, uso del aparato estatal frente a protestas o tensiones con organismos autónomos. En una democracia, la discusión suele centrarse en distinguir entre: Crítica política legítima por parte del gobierno. Uso indebido del poder estatal para inhibir críticas, protestas o pluralidad. Reformas legales que podrían fortalecer o debilitar contrapesos institucionales. Pero, en el caso de México, el debate sobre libertades públicas se analiza frecuentemente a partir de temas como la relación del gobierno con periodistas y medios; el (mal) trato a manifestaciones y movimientos sociales; la ausencia de autonomía del Poder Judicial y organismos electorales; el nulo acceso a la información pública, y la violencia contra periodistas y activistas. * * * Reciba mi agradecimiento por haber leído este Índice Político. Y como siempre, le deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días!
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Fuente: Índice Político.

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