Noticia publicada a las 03:58 am 04/06/26

Por: Dr. Héctor San Román Arriaga.

La pobreza y la desigualdad han acompañado a la humanidad desde sus orígenes, pero nunca como ahora habían alcanzado dimensiones tan obscenas. Durante siglos, la pobreza significó la amenaza permanente del hambre, la enfermedad, la intemperie y la muerte. Hoy, aun cuando en algunas regiones del mundo se hayan superado ciertos umbrales mínimos de supervivencia,

la pobreza continúa expresándose en formas igualmente crueles: mala educación, acceso precario a la salud, viviendas indignas y ausencia de oportunidades reales de desarrollo.
La desigualdad contemporánea no sólo es económica; es también educativa, tecnológica y cultural. Jacques Attali advertía en La Voie Humaine que apenas 22 países —donde habita únicamente el 14% de la población mundial— concentran más de la mitad del comercio y de las inversiones globales, mientras que los 49 países más pobres reciben apenas el 0.5% de la producción mundial. El 90% de la riqueza planetaria permanece en manos del 1% de la población. Y pese a semejante tragedia moral, marcada hoy además por guerras, desplazamientos humanos y tensiones geopolíticas, el mundo parece avanzar hacia una peligrosa normalización de la concentración de la riqueza.
México no es ajeno a esta realidad. La pobreza no sólo se mide en ingresos; también se refleja en las aulas abandonadas, en los jóvenes que dejan de estudiar, en las escuelas sin infraestructura y en gobiernos incapaces de comprender que la educación no es gasto público: es inversión estratégica de supervivencia nacional.
Resulta profundamente preocupante observar cómo, mientras la ciudadanía exige el cumplimiento del Objetivo 4 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas —educación de calidad—, desde el poder se envían señales contradictorias, improvisadas y hasta frívolas. Ajustes arbitrarios al calendario escolar, ocurrencias administrativas y recomendaciones absurdas que privilegian espectáculos internacionales por encima del derecho de los estudiantes a la educación, revelan una alarmante pérdida de prioridades del Estado.
Difícilmente puede hablarse de prosperidad cuando la educación pública deja de concebirse como motor de movilidad social y se transforma en variable secundaria de la administración burocrática.
El lingüista George Lakoff explicaba que basta pedirle a alguien que no piense en un elefante para que inevitablemente lo imagine. Algo semejante parece ocurrir con la educación pública en México: el poder intenta que la sociedad deje de pensar en ella. ¿Por qué tanto miedo a educar críticamente al pueblo? ¿Por qué incomoda tanto una ciudadanía informada, reflexiva y capaz de cuestionar?
La respuesta quizá sea simple: los pueblos educados son menos manipulables.
La educación pública mexicana fue una conquista histórica derivada de la Revolución Mexicana y del espíritu social de la Constitución de 1917. El artículo 3º constitucional no nació como concesión graciosa del poder, sino como resultado de profundas luchas sociales que entendieron que sin educación no puede existir democracia verdadera.
Sin embargo, hoy prevalece una peligrosa visión populista que reduce la educación a propaganda, debilitando su esencia emancipadora. La educación puesta al servicio de la obediencia política y del adoctrinamiento constituye un atentado contra la libertad intelectual y contra la formación de ciudadanos críticos.
Existe una ecuación elemental que muchos gobiernos parecen ignorar deliberadamente:
{Educación} + {Salud} + {Empleo} = {Combate a la pobreza}
No existe combate serio contra la pobreza sin educación de calidad. Y los datos son contundentes: México permanece entre los países con peores resultados en ciencias, lectura y matemáticas dentro de la OCDE, mientras el rezago educativo continúa creciendo según cifras del INEGI. Tales deficiencias impiden el fortalecimiento de la clase media, reducen la productividad y condenan a millones de trabajadores a salarios precarios.
La educación no sólo constituye un derecho humano fundamental; es además la herramienta más poderosa para romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. Permite acceder a empleos dignos, adaptarse a los cambios tecnológicos y construir ciudadanía democrática.
En un mundo transformado por la inteligencia artificial, la digitalización y la transición tecnológica, los países que no inviertan seriamente en educación quedarán condenados a nuevas formas de dependencia y marginación. Mientras naciones desarrolladas construyen superordenadores capaces de revolucionar la ciencia y la innovación, México continúa atrapado en debates burocráticos y decisiones improvisadas que exhiben una preocupante ausencia de visión de Estado.
La historia demuestra que los grandes avances educativos del país fueron posibles cuando existió voluntad política auténtica. Nombres como José Vasconcelos, Gonzalo Vázquez Vela, Jaime Torres Bodet, Jesús Reyes Heroles o Fernando Solana representan etapas en las que la educación fue entendida como proyecto nacional y no como simple instrumento administrativo.
Cuando José Vasconcelos inició su cruzada educativa en 1920, México era un país mayoritariamente analfabeto. A pesar de enormes limitaciones materiales, existía claridad sobre una convicción esencial: educar era construir patria.
Hoy, en cambio, pareciera que la mediocridad administrativa y la indiferencia política amenazan con destruir décadas de avances.
La pandemia agravó todavía más las desigualdades educativas. Millones de estudiantes sufrieron pérdidas severas de aprendizaje y cientos de miles abandonaron definitivamente las aulas. Sin medidas urgentes y profundas, millones de niños y jóvenes llegarán a 2030 sin habilidades básicas de lectura, escritura y matemáticas.
Y una nación que renuncia a educar está renunciando también a la justicia social, al desarrollo y a la libertad.
Porque la educación no sólo transmite conocimientos: forma conciencia, fortalece la dignidad humana y permite a las personas ejercer plenamente sus derechos. Una sociedad sin pensamiento crítico está condenada a la manipulación, al autoritarismo y a la pobreza perpetua.
La indiferencia frente al deterioro educativo constituye una forma silenciosa de violencia social.
Combatir la pobreza exige mucho más que discursos asistencialistas o programas clientelares. Exige construir ciudadanos libres, preparados y capaces de transformar su realidad mediante el conocimiento.
La educación sigue siendo la gran frontera entre la democracia y la barbarie.
Y ningún país podrá aspirar a la prosperidad mientras continúe dándole la espalda a sus escuelas, a sus maestros o cultivando la indolencia entre los juventud.

Fuente: Índice Político.

[Regresar a la página principal]