Noticia publicada a las 02:22 am 28/05/26

Por: Julieta del Río.

A lo largo de los años hemos visto casos donde familiares de gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores y otros funcionarios intervienen directa o indirectamente en asuntos de gobierno
En una democracia, el voto ciudadano tiene un destinatario claro: la o el candidato. La ciudadanía no acude a las urnas para elegir hermanos,

esposas, hijos o familiares del futuro presidente, gobernador, legislador o alcalde. Sin embargo, en México se ha vuelto cada vez más común observar cómo las familias de los políticos terminan ocupando espacios de poder, influyendo en decisiones públicas o participando en negociaciones que jamás les fueron conferidas por mandato popular.
A lo largo de los años hemos visto casos donde familiares de gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores y otros funcionarios intervienen directa o indirectamente en asuntos de gobierno. En muchos de estos episodios aparecen señalamientos de nepotismo, favoritismo y tráfico de influencias.
La práctica es conocida: familiares que llaman a funcionarios para “dar instrucciones”, intervenir en contratos, recomendar proveedores o gestionar negocios. En ocasiones ni siquiera ocupan un cargo oficial, pero ejercen poder político y económico desde las sombras.
Hoy el tema vuelve a colocarse sobre la mesa tras el intercambio público entre Mariana Rodríguez e Ivette Morán, derivado de señalamientos sobre presuntos vínculos del hermano de Mariana Rodríguez como proveedor del gobierno de Nuevo León.
La reacción no tardó en llegar. Mariana Rodríguez respondió mediante diversos mensajes en redes sociales y lanzó descalificaciones contra quienes difundieron la denuncia. La respuesta de Ivette Morán también ocurrió en plataformas digitales, donde aseguró que “las mentiras se combaten con información y el odio con amor”.
Más allá del intercambio mediático, el fondo del asunto es mucho más delicado.
Primero, porque los familiares de gobernantes y legisladores no fueron electos por la ciudadanía. No forman parte del mandato popular. Su papel debería mantenerse en el ámbito privado y no convertirse en actores políticos paralelos con influencia pública.
Segundo, porque las acusaciones relacionadas con posibles actos de favoritismo o adjudicaciones a familiares no pueden minimizarse ni resolverse únicamente con estrategias de comunicación digital. Son temas que deben investigarse por los órganos de fiscalización y las autoridades competentes.
Y este no es un caso aislado. En distintos estados del país, las familias de las autoridades terminan involucradas en decisiones gubernamentales: desde la asignación de contratos hasta la compra de bienes y servicios. Muchas veces el nepotismo se normaliza dentro de las estructuras de poder, cuando en realidad puede constituir una falta grave conforme a las leyes de responsabilidades administrativas.
Por eso, cuando lo privado invade lo público, la fiscalización también debe ser pública. Aunque la ley no obliga a familiares a presentar declaraciones patrimoniales por no ser servidores públicos, en el momento en que trasladan su influencia a la arena gubernamental, el escrutinio ciudadano debe ser inmediato y transparente.
La discusión de fondo no es personal ni partidista. Se trata de entender un principio básico de la democracia: el poder público pertenece al funcionario electo y está limitado por la ley. No es una extensión familiar ni una herencia política compartida.
Hoy vemos a través de redes sociales y medios de comunicación denuncias y reportajes como detrás de muchas decisiones tomadas desde la sombra existe una práctica que no debe normalizarse: el nepotismo.

Fuente: EL FINANCIERO.

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