|
Lo legitimó permitiendo que las estructuras municipales, estatales y nacionales de Morena establecieran sus acuerdos específicos con los grupos criminales de cada localidad. La elección del 2021 fue un festín y un derroche de recursos económicos y acuerdos donde los criminales fueron integrados a las estructuras del Estado, perpetuando su capacidad de operación en todos los terrenos.
El partido se convirtió en un cártel, y ya no puede dejar de operar como uno. Para quienes piensan que la presidenta va a poder cubrir sus espaldas, dando un aspecto de respetabilidad y decencia al gobierno de la 4T, se equivocan. Ella finalmente tiene que cumplir con el mandato, y la herencia, que le endilgó López Obrador. Y no tiene de otra porque ahí reside el único poder que la mantiene en el puesto que ocupa. Si pretende romper con esa herencia maldita, caerá irremediablemente.
Ella lo sabe. Siempre ha sabido del lado oscuro de su poder. No es ingenua. Sabe que ganó la presidencia con el acompañamiento de ese lado oscuro. El argumento de que Morena, y la presidenta, ganaron en el 2024 por el apoyo de los beneficiarios de los programas sociales ha quedado plenamente desacreditado.
En las dos elecciones extraordinarias, tanto la revocación del mandato de López Obrador en el 2022 como la elección judicial del 2025, la participación de los beneficiarios fue raquítica y sin entusiasmo. Demostró que su movilización no ganó una elección. En la primera elección votaron 15 millones a favor de López Obrador y en la segunda, para jueces, votaron 13 millones. Esos números no aseguran ni ganan elecciones.
Esos ejercicios electorales sirvieron, en realidad, para confirmar que el voto masivo de beneficiarios es un mito que se usa para encubrir los “otros” métodos que emplea Morena para ganar elecciones. Notoriamente destaca en este rubro de “otros” su alianza con los cárteles del crimen organizado dispersos por todo el territorio nacional.
Cuando esa alianza con el narcotráfico entra en cuestionamiento, como es el caso actual, inmediatamente las condiciones políticas del país cambian radicalmente. Bajo las premisas políticas anteriores a los indictments estadounidenses a Rocha Moya y 9 coacusados, las encuestas del 70% a 80% de popularidad de la presidenta parecían creíbles.
Pero con los indictments, el estado de ánimo social ha cambiado radicalmente. Es como si se le hubiera corrido el velo que cubría los ojos del país. Por fin podía ver con claridad las cosas. Las verdades afloran y las mentiras quedan expuestas.
En el contexto del maremagnum nacional, Lorena Becerra realizó una encuesta nacional hecha en vivienda, de 800 entrevistas efectivas hechas a personas de 18 años y más, con credencial de elector, y se establecieron como unidades de muestreo las secciones electorales conforme a criterios del INE. Es una encuesta técnicamente impecable.
El 68% de los respondientes dijeron que la presidenta ha perdido el control del país. El 28% piensa que retiene el control.
En marzo del 2025 el 80% aprueba el trabajo de la presidenta. En mayo de 2026 su aprobación cayó al 59%. Perdió 21 puntos de aprobación en un año y dos meses. El 60% considera que Sinaloa es un caso real de vínculos de Morena con el crimen organizado. El 26% considera que es un pretexto para golpear a Morena.
Los 21 puntos que perdió la presidente se explican en gran medida, aunque no exclusivamente, porque el caso de Sinaloa ha abierto los ojos a millones de mexicanos sobre el peligro para México que representa la alianza de Morena con el narcotráfico.
La realidad va quitando el velo de los ojos de la gente y los hechos se esclarecen. La relación entre tener la información y el cambio de percepción es directa e inmediata. Morena ha buscado esconder toda la información relevante de su gestión, para que sus verdades no se sepan. El desmantelamiento del acceso ciudadano a información sobre la gestión gubernamental, el ejercicio presupuestal y sus planes a futuro tienen el propósito de obstaculizar el conocimiento público sobre la relación de Morena con el crimen organizado.
La crisis interna de Morena explotó y es creciente. La dirección nacional de Morena se comprometió a nombrar a sus candidatos a gobernadores para principios de junio. Pero en el contexto de las amenazas estadounidenses de emitir más indictments contra morenistas ligados al narcotráfico, se abre la duda inquietante: ¿quiénes pueden asegurar, de entre los posibles candidatos a gobernadores, que no estén en las listas de los estadounidenses?
¿Qué tal si el candidato a suceder a Durazo en Sonora está en la lista, como presumiblemente lo está el propio Durazo? Lo mismo se puede decir en los casos de Baja California, Baja California Sur, Colima, San Luis Potosí, Zacatecas, Tlaxcala, Michoacán, Guerrero, Campeche y Quintana Roo. Lo mismo se puede decir, obviamente, de Sinaloa.
¿Cuántos han visto sus visas canceladas? ¿Cuántos personajes con visas canceladas participarán en la marcha convocada por Morena contra Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, exigiendo su destitución por haber desmantelado una fábrica de producción de fentanilo en las montañas del estado?
Ahora que dos de los 10 sujetos con indictments de Estados Unidos se entregaron voluntariamente a la justicia de ese país, es que cae la realidad encima del partido gobernante y a la presidenta: un indictment es un arma de destrucción masiva. Lo revelado por la encuesta de Reforma lo confirma: la mayoría de los mexicanos confían más en la justicia estadounidense que en la propia, la mexicana.
Es una tragedia, sin duda, pero la entrega de estos dos indiciados refiere que se sienten más seguros en las mazmorras estadounidenses que esperando ver quién los “da de baja” primero: el cártel o Morena.
En la mayoría de los estados gobernados por Morena estaban apuntados para ser el candidato a gobernador operadores que les ayudaron a pactar con el narcotráfico en el 2021, cuando los actuales mandatarios ganaron sus elecciones. Y pactaron con el narcotráfico espacios importantes en las áreas de seguridad, justicia, administración y finanzas. Igual a como lo hizo Rocha en Sinaloa.
Esos operadores, convertidos en los nuevos gobernadores, tendrían la misión de dar continuidad a lo pactado desde el 2021. Morena estaba preparándose para la nueva elección donde en la superficie estarían movilizando los votos de los programas de beneficiarios, cortesía de Ariadna Montiel. Pero en los sótanos estarían los acuerdos con el narcotráfico y sus operadores aún enquistados dentro de las estructuras estatales actuales, listos los renovados pactos con los liderazgos del mundo criminal.
La fusión Morena-narcotráfico dentro de las estructuras del Estado se jugaría en la elección del 2027. Esto explica por qué Morena aceleró su toma de decisiones, para que no hubiera revueltas internas entre grupos de morenos y grupos dentro de los cárteles.
Decisiones tempranas, se pensaba, aseguraban estabilidad y paz en la transición entre un gobierno y otro. Además, dado el acuerdo Morena-Cártel, se considera ganada desde ahora la elección. Cuando se trata de un acuerdo entre Morena y el crimen organizado, la idea de la alternancia es considerada fuera de lugar y está descartada.
Pero no contaban con los indictments de Estados Unidos. Y peor: hasta ahora, ha llegado solamente el caso Sinaloa. El rumor es que faltan otros: Sonora, Baja California, Zacatecas, Michoacán y más. Todo eso desestabiliza por completo la toma de decisiones dentro de Palacio Nacional y Morena. No pueden decidir candidaturas sin saber quiénes más van a recibir indictments de Estados Unidos, para descartarlos de la lista.
En todo esto, subyace una verdad ineludible: un indictment mata una candidatura. Y muchos indictments matan un gobierno nacional.
POR RICARDO PASCOE
COLABORADOR
ricardopascoe@hotmail.com
@rpascoep
Fuente: HERALDO DE MEXICO.
[Regresar a la página principal] |
