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sino de una crisis institucional donde el poder político y el crimen organizado parecen haberse cruzado en una zona gris que nadie quiere reconocer, pero que todos entienden.
La violencia no es nueva. Pero su dimensión actual sí lo es, desde 2024, el estado ha registrado miles de asesinatos, desapariciones y enfrentamientos entre facciones criminales, particularmente ligadas al propio Cártel de Sinaloa y sus divisiones internas. La disputa no es solo territorial, es por el control político, por la capacidad de influir en decisiones públicas, por el dominio de un Estado entero y por el botín económico que los políticos han obtenido mirando hacia otro lado cuando los narcos lo requieren.
En ese contexto estalla la bomba, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó directamente al gobernador Rubén Rocha Moya y a al menos nueve funcionarios de su entorno de presuntos vínculos con el narcotráfico, señalando colaboración con el Cártel de Sinaloa a cambio de apoyo político, protección y sobornos. No es una acusación menor.
Es una imputación que, de sostenerse, redefine la relación entre crimen y poder en México.
Por primera vez, el señalamiento no es contra un capo, sino contra la estructura política misma, no solo en Sinaloa sino a nivel nacional.
La reacción fue inmediata el aparato entero de Morena, se movilizó pidiendo pruebas irrefutables, cuando hace un par de meses mandaron 92 narcos a Estados Unidos, sin haberse preocupado de cubrir ningún requisito solo por aplacar la furia arancelaria de Trump, los legisladores de Morena defendiendo lo indefendible (otra vez) y la Presidenta clavada en el discurso de la soberanía nacional, la no intervención y la terquedad de no permitir que los americanos colaboren activamente en la lucha contra el crimen en México, además de aventarse una mañanera donde según cuentas de los medios pidió 27 veces (contadas) pruebas, cuando hay incluso acusaciones en las fiscalías justo por los mismos delitos que imputa Estados Unidos desde los dias siguientes de la última elección.
Rocha tuvo que salir a medios diciendo que no tenía nada de que preocuparse y que no se iría, al día siguiente, cambio su discurso y pálido ante cámaras, pidió licencia al cargo para enfrentar la investigación, después de un casual viaje de la Presidenta a.., ¡nada menos que Palenque! en un movimiento que busca contener el daño político más que esclarecer los hechos. Pero el gesto no resuelve el problema de fondo. Lo evidencia.
Porque el poder no se fue, el Congreso estatal nombró como gobernadora interina a Yeraldine Bonilla Valverde, quien formaba parte del círculo cercano del propio Rocha como secretaria de Gobierno. Es decir, el relevo no implica ruptura alguna, sino continuidad de su gestión y el símbolo es aún más potente y revelador: la misma funcionaria a la que el propio gobernador llamó públicamente “meserita” Una frase que en su momento fue vista como un exceso retórico y un abuso de género, hoy adquiere otra dimensión: exhibe no solo la lógica de poder interna, sino el nivel de control político que se ejerce sobre las instituciones cuando no hay contrapesos en el poder legislativo, porque fue el congreso local el que la nombró gobernadora al mejor estilo “Juanita” de la última década.
Sinaloa no cambió de gobierno. Solo cambió de narrativa; pero el problema no es solo institucional. Es político-electoral, porque lo que está en juego no es únicamente la estabilidad de un estado, sino la legitimidad de lo que viene: la elección de 2027, a la que ironicamente se perfilaba como candidato de Morena a la gobernatura al Senador, casualmente de Badiraguato (igual que el Chapo) Enrrique Inzunza Cázares, hoy también acusado por el gobierno de los Estados Unidos de narcopolítico, otro al que estaban perfilando ya por si les fallaba Izunza era el ahijado de Rocha y alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil parte del mismo grupo político, que ya también pidió licencia por que también fue acusado por el gobierno de Trump.
El mensaje es devastador, los posibles aspirantes están bajo sospecha y en un estado donde históricamente el crimen organizado ha intervenido en procesos electorales —mediante intimidación, secuestro, financiamiento o control territorial—, el escenario rumbo a 2027 no es de competencia democrática, sino de riesgo sistémico, no se trata de quién podría ganar, se trata de si la elección pudiera en algún momento llegar a ser libre.
Mientras todo esto pasaba, el PRI salió a exigir que se retire el registro a Morena por ser un partido financiado por los narcos, presentaron las denuncias que en su momento fueron ignoradas por el instituto electoral de Guadalupe Taddei, que juega más de facilitador de Morena que de árbitro electoral, a las fiscalías y hasta la OEA, pero nada se puede hacer cuando se juega en una cancha ajena, con el balón del local y cuando el marcador lo llevan los mismos militantes guindas, mucho daño hizo el que la Presidenta y los legisladores de Morena omitieran incluir en su Plan B de la Reforma Electoral el artículo que haría desaparecer a cualquier partido que tuviera financiamiento o apoyo de los carteles de la droga y de la delincuencia organizada, el PRI y el PAN la propusieron en todos los foros y Morena decidió ignorarlo sin siquiera discutir al respecto.
El caso Sinaloa ya rebasó lo local. Se convirtió en un problema de seguridad nacional y de credibilidad internacional. La acusación de Estados Unidos no solo golpea a un gobernador: tensiona la relación bilateral, pone en duda la cooperación en materia de seguridad y abre un precedente peligroso donde actores externos terminan evidenciando lo que internamente no se investiga con rigor y eso tiene un costo político enorme.
Porque cuando un país no puede garantizar que sus autoridades no estén infiltradas por el crimen, pierde algo más que gobernabilidad: pierde soberanía real.
Hoy Sinaloa es el espejo incómodo de México, un estado donde la violencia no solo disputa territorios, sino instituciones. Donde la política no logra separarse del crimen. Donde el relevo de poder no implica cambio, sino continuidad del mismo sistema y donde el futuro electoral ya está contaminado antes de empezar.
La única esperanza para Sinaloa es que se nulifique a su corrupta clase política estatal, que se empaquete al gabinete Rochista entero a Nueva York, con un moñito que diga extraditados para dar ejemplo a los que se quedaron y se convoque a elecciones, pero en el estado en el que queda Sinaloa, solo cambiaríamos a unos narcopolíticos morenistas por otros, por qué ser candidato de oposición allá no es peligroso, es básicamente un suicidio y despues de casi 650 días de guerra, la presencia del ejército, ya vimos que no cambia nada, la protección de la policía y cualquier otra promesa vacía que les hagan, no la pueden cumplir por que el gobierno federal está rebasado y no tiene autoridad.
Incluso si bajaran 5 helicópteros repletos de Marines, se llevaran a los 10 sujetos con todo y la rabieta de la Presidenta y el soponcio que le vendría al cacique de Palenque, no se lograría corregir el rumbo del estado, Sinaloa hoy es un estado acorralado y no se ve una salida limpia para la tragedia que dejaron los abrazos no balazos, las 16 visitas y los pactos de López Obrador en el corazón del narcotráfico nacional.
La pregunta ya no es si hay crisis, mas bien es, si con lo profundo que está el daño alguien está dispuesto a enfrentarlo.
Fuente: Índice Político.
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