Noticia publicada a las 02:41 am 12/05/26

Por: Carlos Ramírez.

Además de la política, económica y militar, el cuarto territorio de las guerras está siendo prodigado por el presidente Donald Trump: la propaganda en forma de misiles declarativos, tanques mediáticos, fuerza aérea digital y organismos de inteligencia como drones desestabilizadores con desinformaciones que minan al adversario.

La acusación formal de una Corte de Nueva York contra el gobernador-exgobernador sinaloense Rubén Rocha Moya y nueve cómplices, aún con las limitaciones de procedimientos probatorios que cumplieron los requisitos del Gran Jurado como eje judicial, encontraron un acuerpamiento gubernamental, institucional, judicial, político y de complicidad en el espacio del sexenio del presidente López Obrador y ahora de la presidenta Sheinbaum Pardo.
Los elementos probatorios presentados en la solicitud de arresto con fines de extradición fueron suficientes para satisfacer los requerimientos del Tratado de Extradición, y en este sentido se estableció un blindaje institucional a los diez de Sinaloa. En términos legales, México no tiene más que dos respuestas: determinar que las acusaciones no son suficientes y negar el arresto-extradición o entregar a los diez señalados y que sea la justicia americana la que determine grados de responsabilidad. Cada una tendrá sus consecuencias.
En el camino, Trump sigue horadando la credibilidad nacional e internacional con señalamientos de que México es un narcoestado y que los cárteles controlan a las instituciones; y el problema no es que se le pida a Trump pruebas de esos dichos, sino que el auge de los cárteles del narcotráfico de 2018 a la fecha corrobora todos los análisis en el sentido de que el poder económico, regional, político y delictivo solo ha sido posible con la complicidad o apatía de instituciones públicas.
Esta semana será decisiva para los escenarios políticos de corto plazo de Rocha Moya y nueve de coacusados, pero con la circunstancia agravante que ya se perfila la liberación de dos solicitudes adicionales en los mismos términos contra otros dos titulares de ejecutivos estatales y la acumulación de expedientes –y no los de hechos de la Casa Blanca– son los que ya minaron la credibilidad política del periodo de la 4ªT, sobre todo porque se trataría de entidades de sobra conocidas como controladas por el crimen organizado.
Sólo los militantes de Morena sostienen la inocencia de Rocha Díaz y nueve coacusados, pero a pesar de evidencias adicionales sobre corruptelas locales en los que esta banda de los diez sinaloenses construyó una mafia de corrupción alrededor del presupuesto público y con ramificaciones familiares.
Frente a la obstinación gubernamental de defender a capa y espada a Rocha Moya y nueve acusados, la narrativa mediática en redes no ha dado ningún signo de apoyo a los señalados y por el contrario se han sumado evidencias locales nuevas. No se explica –a lo mejor sí, pero no se quiere entender– la tozudez gubernamental de negar los pactos políticos de Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa y la facción de los mayitos, sobre todo por las evidencias y varias de ellas autoconfesadas de que Rocha Díaz sí pactó a la luz del día con los capos de la droga.
Y ahora que se revelan señalamientos de que los cárteles del narcotráfico confesaron en Estados Unidos cómo controlaron las elecciones de gobernador en 2021 bajo las narices de connivencia del INE de Lorenzo Córdova Vianello –hay complicidades por omisión, por comisión y, la peor de ellas, por la estupidez de la arrogancia– y Rocha Díaz y el alcalde de Culiacán estuvieron gobernando a la luz del día como un cártel político-electoral a favor del cártel de Sinaloa de los mayitos.
Trump no ha ido hasta ahora más allá del contenido estricto de las 34 páginas de la solicitud de arresto-extradición del 29 de abril y Palacio Nacional se está ahogando en la cobertura política a Rocha Moya y los nueve coacusados, inclusive a costa de abrir expedientes colaterales de distracción que a su vez deterioran la credibilidad gubernamental, como la decisión de inventar un expediente contra Hernán Cortés a más de 500 años y de entorpecer sin ningún rubor diplomático la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuyas revelaciones en España volvieron a descomponer el expediente del perdón por los abusos criminales en la conquista.
La decisión de entregar a Rocha Moya y a nueve coacusados a las autoridades estadounidenses cayó ya en el terreno personal y de poder del ex presidente López Obrador y la tardanza en cumplir o no cumplir con la solicitud afectó la credibilidad de la presidenta Sheinbaum Pardo frente al Gobierno de Donald Trump y sobre todo frente a la comunidad internacional de naciones que está viendo con ojo crítico el gobierno mexicano está protegiendo a políticos cómplices del narcotráfico.
La guerra de propaganda de la Casa Blanca ya la ganó Trump.
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Política para dummies: La política es de percepciones.
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