Noticia publicada a las 02:23 am 09/05/26

Por: Fernando Maldonado.

En Puebla, el avance de los expedientes judiciales no es uniforme; algunos experimentan retrasos significativos que pueden extenderse por años. Por otro lado, ciertos casos avanzan con una celeridad que resulta notable, incluso para aquellos familiarizados con la dinámica del sistema. Así́ los procesos instaurados por Mónica Caballero, ahora Olga Romero,

carpetas que ya se encontraban en archivo vuelven a nacer y en tan solo cuatro meses generan penosas ordenes de aprehensión de adultos mayores.
Por eso recibieron un revés del estado de derecho representando por el juez Francisco Javier Orozco que envió́ a su domicilio a Estela Romero y al notario Ramiro Rodríguez Maclub. No es un acto heroico, es una aplicación del estado de derecho que hizo quedar en ridículo el mega operativo que la fiscal Idamis Pastor le regaló a Caballero, ahora Olga Romero.
El proceso sucesorio de Socorro Romero constituye un claro ejemplo de esa disparidad. Lo que inicialmente se presentó́ como una contienda patrimonial tras el deceso de Socorro Romero, una empresaria que consolidó una fortuna estimada en cientos de millones de pesos, ha escalado hasta convertirse en un asunto que ha involucrado a juzgados, fiscalías y diversas estructuras estatales.
Y en ese tránsito, hay nombres que aparecen de forma recurrente. Uno de ellos es el de Olga Romero, actual dirigente de Morena en Puebla. Desde hace años impulsa una ruta legal para reclamar una supuesta participación en la herencia de Socorro Romero, bajo el argumento de que ella era una sobrina muy querida, aunque como dicen familiares de la difunta, nadie la conocía.
A partir de su llegada a la vida política, durante el gobierno de Miguel Barbosa el litigio tomó un avance que jamás pensó́. Ambos oriundos de Tehuacán, conocían el tamaño de la fortuna y operaron para generar un entramado para afectar los derechos de a herederos naturales y legales.
No es una afirmación, es una secuencia de hechos. Distintos procedimientos vinculados al caso han sido impulsados en tiempos poco comunes. Carpetas que avanzan en semanas, actuaciones que se procesan con rapidez y resoluciones que, en más de una ocasión, han sido posteriormente cuestionadas o revertidas por instancias superiores.
La contraparte ha logrado frenar varios de estos movimientos demostrando falta de sustento legal. Y aunque cada resolución tiene su propio contexto, el patrón comienza a llamar la atención.
En ese contexto aparece también el nombre de la Fiscalía General del Estado, que durante distintas etapas del conflicto ha tenido intervenciones relevantes, y más recientemente, bajo la titularidad de Idamis Pastor, se presenta uno de los momentos más controvertidos del caso. Una carpeta que, según antecedentes del propio expediente, ya había sido conocida y archivada.
Fue retomada, integrada y judicializada en un periodo de tiempo particularmente corto. Generó un operativo mayor que la reciente detención que el del líder huachicolero el Bucanas. Se utilizo el Ejército, Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado; cerraron calles, cortaron comunicaciones de la empresa, catearon domicilios y aprendieron a una señora de 86 en silla e ruedas, con oxígeno y a un anciano notario.
Arrestando a Estela Romero le retiraron el oxígeno que ella necesita para vivir ya que tiene epoc, estando ya presa muchas horas después se le permito su oxigeno y medicamentos, mermando la salud del señora Estela Romero que al día de hoy se encuentra grave por esas acciones
La pregunta es inevitable. ¿Cómo un expediente que había sido previamente desahogado logra reactivarse, integrarse y judicializarse en cuestión de meses? ¿A quien en su sano juicio se le ocurre la detención de dos adultos mayores con una salud mermada?.
No es un hecho menor que una dirigente de partido se asocie con la fiscal de estado con un propósito: La obtención de una herencia.
¿No se trata de afirmar irregularidades sin sustento, tampoco normalizar coincidencias que dejan de ser casuales, cuando un litigio privado coincide de manera sistemática con decisiones institucionales que lo favorecen en momentos clave, el estándar de escrutinio se eleva por sí mismo? Y más aún, cuando el fondo del asunto involucra una herencia de alto valor económico y a actores con presencia política activa, donde los incentivos rebasan lo estrictamente jurídico.

@FerMaldonadoMX

Fuente: Municipios.

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