Noticia publicada a las 03:24 am 03/05/26

Por: Javier Coello Trejo.

México no necesita falsos patriotismos. México necesita autoridad, necesita gobierno y necesita dar un manotazo en la mesa a la delincuencia organizada.
He dicho muchas veces que la política no debe mezclarse con la justicia. El Estado de derecho requiere instituciones serias, no linchamientos políticos “escudados” en la ley.

Por eso es tan bajo lo que se pretende hacer con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, al buscar llevarla a juicio no por haber delinquido, sino por haber combatido a la delincuencia organizada en su estado.
Este alboroto es un asunto de hecho, más que de derecho. Si hubo coordinación institucional o no con autoridades extranjeras, eso es lo de menos. Lo que es verdaderamente grave es convertir un operativo de combate frontal contra la delincuencia organizada en un pretexto mal hecho para perseguir a una gobernadora de oposición.
La realidad es simple: en el estado de Chihuahua se actuó contra un laboratorio de narcóticos, se ejecutó una diligencia de ataque frontal a una estructura delincuencial. Eso, en un país que está evidentemente controlado y gobernado por el narcotráfico, no debería ser motivo de condena, sino de reconocimiento.
El problema es que al partido en el poder le molesta cuando alguien que no comparte sus colores demuestra que sí se puede enfrentar la delincuencia organizada sin abrazos y discursos vacíos.
El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha pretendido vendernos que la seguridad se resuelve con marketing y publicidad. La verdad es otra: zonas enteras del territorio nacional viven bajo una galopante inseguridad.
Amenazas, extorsiones, pagos de “derecho de piso”, familias destruidas, desapariciones, entre otras cosas; y, frente a este trágico escenario, cuando una auténtica servidora pública decide actuar, el poder no la respalda, sino que la “invita” a rendir cuentas.
Sin embargo, lo anterior no es lo más hipócrita de toda esta historia. Lo más cínico es que el senador Javier Corral Jurado, exgobernador del estado de Chihuahua, fue quien se tomó el atrevimiento y tuvo la audacia de volverse juzgador de una administración que, a diferencia de la suya, sí combate a la delincuencia.
Resulta incomprensible que un hombre así, quien ha sido investigado por graves señalamientos de ilícitos cometidos durante su gestión y que cuenta con un mandato de captura activo, quiera dar sermones de legalidad y justicia. Debe decirse que, si el senador no está detenido, es porque alcanzó, apenas, a agarrarse del fuero constitucional.
No se equivoquen, el Senado de la República no debe ser protección de delincuentes, ni origen de venganzas políticas. Un legislador que cuenta con una orden de aprehensión, acusaciones de corrupción y un historial político deplorable, no tiene calidad moral para perseguir a quien cumple con su obligación ética y constitucional. Al final, congruencia es algo que Javier Corral Jurado no tiene.
Por eso, es de celebrarse la intervención del senador Ricardo Anaya Cortés. Debe insistirse al Poder Legislativo en que, aun en contravención a la soberanía e independencia de los estados, si la gobernadora María Eugenia Campos Galván va a ser obligada a acudir ante el Senado de la República del Congreso de la Unión, que vaya a explicar cómo en su estado sí se combatió a la delincuencia organizada.
Que restriegue su actuar y que no vaya a pedir perdón a cobardes que pretenden juzgar desde una curul. Pero, entonces, que haya piso parejo, y que vayan todos y cada uno de los gobernadores morenistas que día a día pactan con el narcotráfico.
No se trata de condenar sin debido proceso. Se trata de exigir que la vara se mida igual. Si el partido Morena quiere convertir al Senado de la República en un tribunal de persecuciones políticas, que no lo use únicamente contra la oposición. Que abran las puertas, que dirijan los reflectores y que comparezcan todos los gobernadores, sea el partido que sea, y empezando con los del estado de Sinaloa y del estado de Tamaulipas.
México no necesita falsos patriotismos. México necesita autoridad, necesita gobierno y necesita dar un manotazo en la mesa a la delincuencia organizada. Si la gobernadora constitucional del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, es convocada por combatir a la delincuencia organizada, que vaya con la frente en alto; pero juzguen en igualdad de condiciones al resto de los gobernadores y a otros políticos como el propio senador Javier Corral Jurado.
El verdadero escándalo no es que el estado de Chihuahua haya enfrentado a los delincuentes. El escándalo es que el régimen quiera castigar a quien lo hace, mientras protege, disculpa y encubre a tantos que tienen mucho que explicar.

Fuente: EL FINANCIERO.

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