Noticia publicada a las 02:53 am 24/04/26

Por: Eduardo Sadot.

Hemos escrito en algún momento sobre la falacia de las izquierdas de nuestro tiempo, personificada recientemente en la IV Cumbre por la “Defensa de la Democracia” —autollamada de “líderes progresistas”— celebrada en Barcelona. En la práctica, su lucha no es por el pueblo; ése es el antifaz que usan para disimular su populismo y sus intereses mezquinos para encarnarse en el poder y perpetuarse en él.

Buscan embozar la intolerancia y fundir la dictadura con el concepto de pueblo, pero no para beneficio de los mexicanos, sino para provecho de una nueva oligarquía autollamada “del pueblo”. Estos liderazgos no son ni de izquierda ni progresistas, pues se anclaron en el dogma de un marxismo obsoleto y un idealismo de Marx que quedó inconcluso – porque le faltó vida para completarlo – cayendo en sus propias contradicciones frente a una realidad global que los observa con lupa.
Mientras en el foro español se hablaba con vehemencia de “ensanchar las democracias” y proteger las libertades, en México la realidad administrativa y política cuenta una historia de exclusión sistemática. El sistema de partidos vive una asfixia burocrática diseñada para impedir la competencia. Para registrar un nuevo partido político, la ley exige el 0.26% del padrón electoral, lo que en este 2026 se traduce en aproximadamente 260,850 firmas ciudadanas verificadas, sumado a la realización de 200 asambleas distritales con quórum estricto.
Este umbral es uno de los más altos entre los países de la OCDE y funciona, en la práctica, como un filtro discrecional que blinda el monopolio de las formaciones actuales. Según el Índice de Democracia de The Economist, México ha sido degradado consistentemente hasta la categoría de “régimen híbrido”, perdiendo su estatus de democracia defectuosa debido al debilitamiento del pluralismo y la captura de los órganos institucionales que deberían ser ciudadanos.
A este panorama se suma la evidente disonancia entre la retórica internacional y la política doméstica. La propuesta presentada en Barcelona de destinar el 10% del gasto armamentista mundial a programas de reforestación masiva choca frontalmente con la frialdad de los datos presupuestarios en casa. Mientras se predica la paz y la ecología en el extranjero, el presupuesto de la SEDENA en México ha mantenido un crecimiento exponencial, asumiendo tareas civiles que van desde la administración de aduanas hasta la construcción de infraestructura, mientras que carteras críticas para la sustentabilidad, como la SEMARNAT, han enfrentado recortes operativos que limitan cualquier ambición climática real.
El World Justice Project, en su Índice de Estado de Derecho, coloca a nuestro país en posiciones críticas respecto a los límites al poder gubernamental, señalando que la militarización no es progreso, sino una regresión que contradice los principios básicos de cualquier izquierda democrática y civilista.
Lo que presenciamos en Barcelona no fue un mensaje de futuro, sino un grito de ultratumba de una casta que utiliza el lenguaje de la justicia social para justificar prácticas de acumulación de poder dignas de las peores oligarquías del siglo pasado. La desesperación por mantener una narrativa de superioridad moral se estrella contra los indicadores de transparencia y libertad política.
Esta nueva élite confunde la propaganda con la política pública y la voluntad de un hombre con la voluntad de la nación. La verdadera democracia es aquella que permite la alternancia, la crítica y, sobre todo, el registro libre de nuevas voces ciudadanas sin obstáculos punitivos. El mensaje lanzado desde Europa es el último recurso de un modelo que ha caducado y que hoy, ante la falta de resultados, solo puede ofrecer retórica para intentar ocultar que la verdadera democracia está siendo enterrada viva bajo el peso de la burocracia y el dogma. En este escenario, la presión internacional y la vigilancia ciudadana son las únicas herramientas para evitar que el pluralismo termine por desaparecer en aras de un proyecto
@eduardosadot
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Fuente: Índice Político.

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