Noticia publicada a las 02:44 am 18/04/26

Por: Miguel A. Rocha Valencia.

En el evangelio de la 4T el fracking es pecado capital, y cuando se invita al sector privado a que le entre con la tecnología y el capital, pero sin darle concesiones y estar bajo la férula de Pemex que todo lo corrompe, no pasa de ser verborrea o la acostumbrada demagogia para distraer la atención de temas como derrames petroleros, accidentes en dos bocas y el robo de las afores.

Pero más curioso resulta que se hable de un fracking “ecológico” cuando es precisamente la 4T quien más ha dañado al medio ambiente precisamente con la destrucción de más de cinco millones 860 mil metros cuadrados de manglares en Dos Bocas, así como la tala de entre siete millones y 10 millones de árboles para la construcción del Tren Maya y con ello colocar en riesgo de colapso a ecosistemas en cerca de siete mil hectáreas de selva que incluyen mantos freáticos, riqueza arqueológica y posible extinción de especies de flora y fauna.
Incluso los derrames de hidrocarburos -aunque se nieguen- son parte de las incapacidades, soberbia y corrupción de la 4T que hoy afecta al litoral del Golfo de México con sus consecuencias en la economía y medio ambiente.
Porque el cártel de Morena no sólo resultó ser un depredados financiero que se roba las afores de millones de trabajadores a quienes ni siquiera permiso les pidieron para usar y arriesgar sus fondos de retiro en proyectos de tan alto riesgo como los de la 4T que, hasta hoy, han resultado fallidos.
Claro que, para llegar a ello, la destrucción de los cuatroteros debió acabar con instituciones, marcos legales y una precaria estabilidad que de alguna manera permitía el ingreso, participación de la iniciativa privada que poco a poco retiró su inversión incluso en deuda pública desde el sexenio pasado.
Para nada de ello los cuatroteros pidieron permiso, actuaron por poder, de nada valieron las leyes vigentes, los amparos y hoy, con la nueva “suprema corte de justicia” y la mayoría calificada que les regaló su propio Tribunal Electoral del Poder Judicial, menos.
Y si eso fuera poco, la administración cuenta con los instrumentos administrativos y formula sus propias reformas legales para dar cuello a empresarios, políticos, periodistas, medios y todo causante que no se someta o se le ocurra volverse “tirador” contra la 4T. Arma representada por el SAT y la UIF para poner quieto a quien se atreva a rebelarse bajo el argumento de evasor fiscal o lavador de dinero.
La amenaza que lleva implícito el chantaje, hoy cobra forma jurídica a modo para un gobierno centralista y que según las instituciones internacionales tiene todo el carácter de autoritarismo, autócrata, entendiéndose como un sistema político que concentra el poder y la restricción de libertades a través de diversas formas como la amenaza, con un sujeto único que ejerce ese poder absoluto. En suma, autoritarismo es el régimen, el autócrata es quien lo dirige.
Por eso no hay inversión, la Coparmex volvió a alzar la voz luego de la determinación de la SCJN que justifica la irrupción de la UIF en cualquier caso “sospechoso” de lavado o financiamiento al terrorismo, sin necesidad de la orden de un juez, para congelar cuentas.
Y es que según el sindicato empresarial, el primer requisito que pide la inversión es la seguridad de que el dinero estará garantizado por las leyes así como cualquier disputa antes y no después de consumado algún acto de expropiación, congelación o cuestionamiento de cuentas.
“La inversión depende de la certeza en el entorno institucional y cuando una autoridad puede restringir activos sin control judicial previo, se deteriora la percepción de riesgo y la disposición de inversionistas nacionales e internacionales para apostar por México”, precisa Coparmex al apuntar que “en un contexto de incertidumbre, las decisiones que debilitan los contrapesos o la protección de activos elevan el riesgo y reducen la disposición para invertir en el país”.
El tema dice la patronal, resulta “especialmente sensible en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la competencia global por capital”, y pidió al poder Legislativo y a las autoridades regulatorias a corregir los vacíos que persisten en la norma vigente.
Es decir que ese es otro ingrediente que hace ver que la convocatoria al fracking es un recurso discursivo, pero sin intención de lograr la inversión privada, ya que de entrada la inhibe no sólo por las modificaciones a la actuación de la UIF sino a las precisiones de la nueva ley de participación que limita a la iniciativa privada a poner todo, pero no le garantiza utilidades, seguridad para el dinero y menos aún, concesiones.
Es decir, otro cuento cuatrotero que en su evangelio tiene como pecado no sólo aceptar culpas y responsabilidades de sus acciones sino también el fracking y reconocer que son corruptos, rateros y delincuentes o que en algún momento vayan a buscar el desarrollo y crecimiento de México.

Fuente: Índice Político.

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