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Desde hace por lo menos tres meses ha habido un derrame de crudo en el Golfo de México, silenciado y después negado por el gobierno, hasta que la indignación social lo evidenció.
Ante los tres accidentes recientes en zonas mineras, que costaron la vida de trabajadores, se ha revelado la presencia del crimen organizado en todos los casos. En las negociaciones del T-MEC, Estados Unidos ha denunciado la complicidad entre sindicatos y crimen organizado, empezando por la industria petrolera y minera, pasando por la automotriz. Todos estos casos acontecen, en su contexto, por la corrupción oficial.
La Fiscalía General de la República exoneró, en el caso del accidente de tren TransÍstmico, al constructor de la vía, incluyendo al hijo de AMLO, y al gobierno de toda responsabilidad y acusó al operador y a su asistente de ser los culpables del evento que mató a 14 personas y dejó a más de 100 heridos.
Las investigaciones sobre los notorios casos de corrupción en México desde 2018 se han estancado: SEGALMEX, con un desfalco de 15 mil millones de pesos, el robo mayor de más de 200 mil millones de pesos en el caso del huachicol fiscal, las irregularidades en BIRMEX por sobrecostos de 13 mil millones de pesos, los contratos millonarios de PEMEX, INSABI, PROFECO son casos denunciados pero ignorados por las autoridades.
Ante esto, la respuesta del gobierno de la 4T es negar, ocultar y acusar a terceros. Las megaobras de la gestión de López Obrador, donde todas costaron el triple de lo originalmente presupuestado, son una carga al erario público que puede durar por lo menos los próximos veinte años. Son obras deficitarias, insolventes e incapaces de generar utilidades en su vida útil. Me refiero, obviamente, al Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el AIFA, Mexicana de Aviación.
Y habría que agregar los pagos durante décadas a los constructores despedidos del original aeropuerto internacional en Texcoco, obra abruptamente cancelada por AMLO después de una consulta amañada y en nada representativa de la opinión de los mexicanos.
Esta lista no incluye a la pública y cínica corrupción mostrada por el llamado Grupo Tabasco, creado y financiado por la generosidad del ex presidente de México, originario de Tabasco. El mismo que, por cierto, vive en una finca reconstruida por el Ejército mexicano, y cuenta con el apoyo y seguridad de una inexistente guardia presidencial y un hospital totalmente equipado para atender sus necesidades médicas.
Además de lo anterior, y agregando un factor políticamente preocupante, la inclusión del Ejército mexicano y la Marina en las actividades constructivas y productivas del Estado generó, no hay que dudarlo, un nuevo foco de corrupción. La inclusión de las Fuerzas Armadas en actividades no constitucionalmente propias de ellas, hace que corre el riesgo de su desprestigió. Y así ha sucedido, empezando por la Marina, que anteriormente era considerada el brazo más limpio y honesto de todas las Armas de México.
Pero resulta que estaban involucradas, en sus más altos niveles, en el caso más sonado de corrupción de los gobiernos de la 4T: el huachicol fiscal.
Para consolidar sus adquisiciones y negocios, el Ejército creó un corporativo especial para manejar sus negocios. Se denomina GAFSACOMM, integrado por 26 empresas, todas creadas y manejadas con dinero del erario público y sin obligación de transparentar sus gastos, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Seguridad Nacional. Administra aeropuertos varios en el país, ferrocarriles, aerolíneas y varios hoteles, bares, restaurantes y antros.
Los altos y medios mandos del Ejército mexicano pelean por dedicarse a la administración de estos negocios, que son fuente de riqueza instantánea.
El proyecto político de Lopez Obrador y la 4T necesitaba domesticar a las Fuerzas Armadas para que no se opusieran a su plan de perpetuarse en el poder. La mejor manera de lograr ese objetivo, le recomendaron Evo Morales, Hugo Chávez y Díaz Canel, era facilitando a los mandos de las Fuerzas Armadas el acceso libre y sin restricciones a recursos económicos en grandes cantidades, tanto estatales como privados. ¡Y vaya que el Grupo Tabasco sabe de eso!
Sigue la política oficialista de negar, ocultar y acusar a terceros. Todo indica que los pasos a seguir para transformar a México en un paraíso tipo Venezuela, Bolivia o Cuba son, primero, eliminar todos los instrumentos públicos que permitan verificar los gastos gubernamentales, después el cierre al acceso del público a la información y, finalmente, el control sobre los órganos de fiscalización. El enemigo número uno de la 4T es la rendición de cuentas y la transparencia.
Durante los últimos 7 años, el gobierno de la 4T ha trabajado sistemáticamente para eliminar todos estos obstáculos que significaban rendición de cuentas, información pública y la fiscalización al gobierno en sus gastos. Todos los órganos autónomos dedicados a estas actividades fueron estratégicamente eliminados de plano o subordinados a una estructura jerárquica dentro del gobierno o totalmente colonizados por militantes de Morena.
Esto último es lo que ocurrió con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es lo que se pretende ahora con el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
La prueba de que la 4T haya logrado sus objetivos en gran medida se comprueba con los hechos relatados aquí. Todos los ilícitos son del dominio público y sus promoventes están libres de cualquier acción legal por parte del Estado mexicano. La destrucción de la institucionalidad democrática de México es la esencia del proyecto político de Morena.
Destruyen a la democracia alegando que están creando más democracia. Pero no somos los mexicanos los únicos que sabemos esto. También lo sabe el mundo que nos observa y lo confirma. Y también el mundo evalúa a México y sus perspectivas a futuro a través de ese prisma.
La revisión del T-MEC no se va a escapar de esa evaluación. Cuando se habla de México en el exterior, se menciona corrupción, narcotráfico, violencia, bellas playas y tequila en ese orden. A menos de que seas un Springbreaker, en cuyo caso los mencionas al revés.
En la percepción de los mexicanos sobre corrupción en el sector público, se mantiene la opinión de que es alta y muy extendida. Esto lo publica la Organización para la Transparencia Internacional. Mide la corrupción en 180 países. El estudio encuentra que México se mantiene en el lugar 126, indicando la persistencia de mucha corrupción, en opinión de los mexicanos.
Este índice se debe correlacionar con el índice sobre el acceso a la información, como derecho ciudadano y humano. Increíblemente México se sitúa en el segundo lugar DEL MUNDO en inaccesibilidad a la información, sólo después de Afganistán. Con un poco más de información se ubican países como Serbia. Sri Lanka, Gambia, etc. Sigue la lista de 180 países.
La explicación es simple. La 4T no quiere que sepamos en qué gasta el presupuesto público. No quiere que preguntemos por el destino del nuevo endeudamiento en el que incurre el gobierno federal. No quiere que tengamos información clara y detallada sobre la corrupción de sus camaradas en el gobierno y el partido. Y mucho menos quiere que tengamos datos sobre la corrupción en las Fuerzas Armadas. Esto se debe a que no tienen la menor intención de castigar a sus miembros por sus conductas delictivas.
Morena opera como un cártel: delatar a uno es traicionar a todos. La traición se castiga con la muerte, como se habrán percatado, en su último instante, tanto Sergio Carmona Angulo como el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar. Morena no anda con juegos limpios. Lo que está en juego es la cárcel en Estados Unidos para muchos de ellos, porque su “sistema de gobierno” se construyó sobre un cimiento de corrupción.
Sin corrupción, la 4T desaparece en un suspiro.
ricardopascoe@hotmail.com
@rpascoep
Fuente: HERALDO DE MEXICO.
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