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la dirigente estatal de Morena promovió un cambio de nombre y apellido con el objetivo de disputarle a su “tía” Estela Romero Bringas la herencia multimillonaria de 600 millones de dólares, denunciando penal y civilmente el testamento que la dejó fuera de la sucesión.
El salto de Mónica Caballero a Olga Romero Garci-Crespo se dio en 2015, seis años después de la muerte de Socorrito Romero; documentos exclusivos en poder de Diario CAMBIO revelan que nació el 6 de diciembre de 1970 en el entonces Distrito Federal y, a los 11 años, en 1981, cambió de nombre tras el matrimonio de su madre, María de Lourdes Garci Crespo, con Edmundo Caballero Albarrán, adoptando la identidad de Mónica Caballero Garci Crespo.
Durante más de 30 años utilizó dicho nombre, e incluso disputó y recibió la herencia de Edmundo Caballero, quien la reconoció como su “hija natural”, de acuerdo con el acta de nacimiento con folio 7968, registrada en 1981 en el entonces Departamento del Distrito Federal, cuya copia está en poder de esta Casa Editorial.
Ampliamente conocida en Tehuacán como “Monina”, apelativo de su nombre de pila Mónica, en 2015 ya fallecido Edmundo Caballero y seis años después de fallecida su “parienta” Socorrito Romero Sánchez, la hoy dirigente estatal de Morena promovió un juicio civil para cambiar nuevamente su nombre y ostentarse como, hasta hoy, Olga Romero Garci-Crespo, para poder disputar la multimillonaria herencia.
La herencia que dejó la empresaria Socorro Romero está estimada en alrededor de 600 millones de dólares, pues era propietaria de la empresa avícola El Calvario, de la sociedad Socorro Romero Sánchez e Incubadora Mexicana, así como de un amplio imperio inmobiliario.
La codicia de la dirigente estatal de Morena, ya con su cambio de nombre, fue tal que inició diversos procedimientos en contra de su “tía” Estela Romero Bringas, la heredera universal del emporio Romero Sánchez y sus hijos.
El conflicto dio inicio por la existencia de un testamento público abierto, firmado el 2 de diciembre de 2009 ante el notario No. 2 de Tehuacán, Ramiro Rodríguez Maclub, dos días antes del fallecimiento de Socorro Romero. En este documento se habría nombrado como heredera universal a Estela Romero Bringas y como albaceas a Miguel Ángel y Alfonso, lo que habría excluido a otros posibles reclamantes, entre ellos “Monina”.
El uso del cargo para influir en el juicio
Para 2016, Romero Garci-Crespo promovió un juicio sucesorio intestamentario contra los herederos universales establecidos en el testamento de Socorro Romero, radicado bajo el expediente 622/2016. En ese proceso, un juez le otorgó el carácter de albacea provisional; sin embargo, la decisión fue impugnada por la contraparte, que denunció presuntas irregularidades y la posible falsificación de documentos. Posteriormente, los inconformes promovieron un amparo encabezado por Miguel Ángel Celis Romero.
Familiares de la empresaria acusaron que, el 15 de septiembre de 2018, cuando asumió el cargo como diputada local, volvió a promover recursos legales para intentar anular el testamento, bajo el argumento de que Socorro Romero habría sido manipulada debido a su estado de salud y posibles afectaciones en sus facultades mentales.
Más tarde, un órgano jurisdiccional resolvió a favor de Celis Romero, al determinar que el juicio 296/2020 del Juzgado Familiar de Tehuacán debía quedar sin materia e insubsistente, restituyendo el reconocimiento de los albaceas designados originalmente en el testamento.
En 2022, el conflicto volvió a escalar luego de que familiares acusaran a Olga Lucía Romero Garci-Crespo de haber utilizado su cargo en el Congreso del Estado, así como presuntamente a la Agencia Estatal de Investigación (AEI), para influir en el juicio relacionado con la nulidad del testamento, en el que ponía como heredera universal a Estela Romero Bringas.
Amenazas desde 2022 de órdenes de aprehensión vs sus familiares
Apoyada por el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta y el fiscal Gilberto Higuera Bernal, en junio de 2022, Olga Romero Garci-Crespo lanzó una advertencia pública en una entrevista en la que aseguró que existían órdenes de aprehensión en contra de integrantes de la familia Celis Romero, es decir, incluida Estela Romero Bringas. Sus declaraciones fueron interpretadas como una forma de presión directa en medio de la disputa por la herencia, al anticipar acciones penales que oficialmente no habían sido confirmadas.
La gravedad del señalamiento radicó en que, mientras Olga Lucía hacía públicas esas supuestas órdenes, tanto la Fiscalía como jueces penales negaban su existencia en respuesta a los amparos promovidos por la propia familia Celis Romero. Esta contradicción no solo evidenciaba una posible irregularidad, sino que también abría la puerta a una probable violación a la secrecía de las investigaciones, ya que al difundir información que debía ser confidencial, Romero Garci-Crespo habría utilizado datos reservados para amedrentar a sus adversarios, una amenaza que terminó materializándose el pasado 9 de abril con la detención de Estela Romero Bringas.
Cumple advertencia y detienen a su tía
El caso alcanzó su punto más crítico apenas el pasado jueves 9 de abril de 2026, cuando Estela Romero Bringas, de 86 años, fue detenida en su domicilio en Tehuacán durante un fuerte dispositivo de seguridad. La mujer, que utiliza silla de ruedas, tiene EPOC y requiere de un tanque de oxígeno, fue asegurada tras una denuncia presentada por la propia Olga Romero Garci-Crespo.
Posteriormente, tanto Estela Romero como el notario público Ramiro Rodríguez fueron vinculados a proceso por el delito de fraude, mientras que la octogenaria fue trasladada a su domicilio bajo resguardo.
Fuente: Diario Cambio.
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