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Es vivir entre la esperanza y el duelo sin poder habitar ninguno por completo.
Es una herida abierta que no cierra porque nunca se confirma, pero tampoco se niega.
Y en México, lo que debería ser excepcional se ha vuelto cotidiano.
Tan cotidiano… que corremos el riesgo de acostumbrarnos.
Pero hay algo que no podemos permitirnos perder:
la capacidad de indignarnos.
Porque cuando una persona desaparece, no solo se pierde una vida en el espacio público…
se fractura el tejido mismo de lo que entendemos por Estado, por justicia y por humanidad.
Y entonces la pregunta deja de ser dónde están.
Y empieza a ser mucho más incómoda:
¿Quién permitió que esto se volviera normal?
Cuando la desaparición deja de ser sólo ausencia.
Hay ausencias que duelen.
Pero hay otras que no solo duelen… rompen la realidad misma.
Una desaparición no es sólo la falta de alguien en casa.
Es una silla vacía que nunca vuelve a ocuparse, un teléfono que ya no suena, una vida suspendida en el tiempo.
Y en México, esa ausencia ya no es excepción. Se ha convertido en una constante.
El pasado 2 de abril de 2026, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU tomó una decisión excepcional y sin precedentes en el caso de México.
Activó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y solicitó al Secretario General, António Guterres, que remita urgentemente la situación del país a la Asamblea General.
El objetivo: que el máximo órgano de la ONU considere medidas concretas de apoyo técnico, financiero y especializado en búsquedas, identificación forense e investigaciones.
El Comité concluyó que existe “indicios bien fundados” de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en distintas regiones y momentos.
No identificó una política federal deliberada de desapariciones, pero sí patrones de participación directa, aquiescencia u omisión de funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, en alianza o colusión con el crimen organizado.
México acumula el 38% de todas las acciones urgentes registradas por el Comité a nivel mundial (819 hasta febrero de 2026).
La cifra oficial habla de más de 132 mil personas desaparecidas en el Registro Nacional (de las cuales alrededor de 43 mil serían casos “activos” sin actividad posterior, según la reciente reinterpretación del gobierno presentada a finales de marzo).
Miles de restos humanos siguen sin identificar y hay una crisis forense reconocida.
El problema no empezó en 2018 ni termina en 2026: se arrastra desde hace décadas, con picos brutales en diferentes sexenios.
La reacción del gobierno de Claudia Sheinbaum fue inmediata y firme.
A través de un comunicado conjunto de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, calificó el pronunciamiento como “parcial, sesgado y tendencioso”, argumentando que omite los avances institucionales desde 2018 (y especialmente desde 2025), que se centra en periodos anteriores (2009-2017) y que ignora la información actualizada proporcionada por México.
El gobierno insiste en que la mayoría de las desapariciones son obra del crimen organizado y no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas por parte del Estado.
Organizaciones de la sociedad civil, colectivos de buscadoras y organismos como el Centro Prodh, ARTICLE 19 o la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en cambio, valoraron positivamente la decisión de la ONU.
La ven como una oportunidad para fortalecer el diálogo, romper la impunidad y dar resultados reales a las familias que siguen buscando en fosas clandestinas, bajo el sol inclemente o en oficinas de fiscalías saturadas.
Aquí radica el nudo central de la columna: ¿es este pronunciamiento un ataque injusto contra México o un llamado urgente que no podemos seguir ignorando con descalificaciones?
Desde una perspectiva humanista, el dolor de las madres y padres buscadores trasciende cualquier disputa política o diplomática.
Cada nombre en esa lista de más de 132 mil representa una ausencia que desgarra familias enteras, comunidades y, en última instancia, la trama social del país.
La impunidad no sólo perpetúa el crimen; también erosiona la confianza en las instituciones y deja un vacío de verdad y memoria que tarde o temprano cobra factura.
El gobierno tiene razón en defender la soberanía y en destacar los esfuerzos realizados: creación de instituciones, reformas legales y localizaciones de personas.
Pero también es innegable que los resultados siguen siendo insuficientes frente a la magnitud de la crisis.
Rechazar de plano el informe de la ONU, en lugar de usarlo como palanca para profundizar la cooperación técnica que el propio Comité ofrece, corre el riesgo de repetir un patrón que no ha resuelto el problema en los últimos años.
México es un país que ha ratificado casi todos los tratados internacionales de derechos humanos y que se enorgullece de su apertura al escrutinio.
Precisamente por eso, la mejor respuesta no es el rechazo frontal, sino un compromiso constructivo: aceptar la asistencia especializada en búsquedas y forense, transparentar información, fortalecer la independencia de las investigaciones y, sobre todo, poner en el centro a las familias.
La desaparición forzada no es sólo un delito común; cuando se vuelve sistemática o se tolera con omisión estatal, toca la esencia de lo que significa ser una sociedad civilizada.
La ONU no viene a “intervenir” para humillar; viene a ofrecer herramientas porque el problema ha rebasado la capacidad actual de respuesta.
Cerrar los ojos o descalificar al mensajero no hará desaparecer el dolor de miles de familias.
Al contrario: sólo prolonga la sombra que cubre a un país que, por lo demás, aspira a ser ejemplo de transformación y justicia social.
¿Qué tipo de México queremos dejarles a las generaciones que vienen?
Uno donde la verdad se busca con todas las herramientas disponibles —incluidas las internacionales— o uno donde el orgullo nacional se antepone al derecho elemental a saber qué pasó con un hijo, una hija, un hermano.
Las buscadoras ya eligieron su camino: no se detienen.
El Estado mexicano aún tiene la oportunidad de elegir acompañarlas con hechos, no solo con comunicados.
Las voces que no pueden ignorarse
Colectivos, organizaciones, universidades, defensoras… no celebraron el pronunciamiento.
Lo entendieron como lo que es:
Un grito internacional que refleja un dolor nacional.
Para ellas —para las madres buscadoras— esto no es geopolítica, no es diplomacia, no es narrativa.
Es esperanza.
La esperanza de que alguien más mire, de que alguien más escuche, de que alguien más obligue a que el Estado haga lo que no ha hecho.
Más allá de la soberanía, aquí hay una discusión de fondo.
¿Hasta dónde llega la soberanía de un Estado cuando no puede —o no quiere— garantizar derechos fundamentales?
¿Es una intromisión internacional…o es un llamado urgente a cumplir con lo básico?
Porque no estamos hablando de cualquier derecho.
Estamos hablando del derecho a no desaparecer.
Del derecho a ser buscado.
Del derecho a ser encontrado.
Esto es lo que realmente está en juego.
Este pronunciamiento no solo cuestiona cifras.
Cuestiona algo mucho más profundo:
La capacidad del Estado mexicano para responder a una de las crisis humanitarias más graves de su historia.
Y abre preguntas que no son cómodas, pero son necesarias:
• ¿Se está enfrentando el problema o administrando políticamente?
• ¿Las cifras reflejan la realidad o la maquillan?
• ¿La cooperación internacional será aprovechada… o rechazada por razones políticas?
Porque esto no es sólo un tema de gobierno.
Es un tema de país.
Porque cada persona desaparecida no es solo un expediente.
Es una historia interrumpida.
Es una familia rota.
Es una deuda pendiente.
Y cuando esa deuda se acumula durante años…se convierte en una herida colectiva.
A usted que me escucha y me lee…
La ONU ya encendió la alerta.
Los colectivos nunca dejaron de hacerlo.
La pregunta no es si el problema existe.
Eso ya no está en discusión.
La verdadera pregunta es otra:
¿Vamos a seguir discutiendo quién tiene razón o vamos a empezar, por fin, a buscar a quienes nos faltan?
Porque en México no sólo desaparecen personas.
También desaparece algo más peligroso: la capacidad de indignarnos ante su ausencia.
Porque un país que no puede explicar dónde están los suyos… tampoco puede sostener en pie la verdad sobre sí mismo.
Y es ahí donde el Estado se mide en lo esencial: en garantizar, sin excusas ni simulaciones, que ni un mexicano más sea desaparecido.
Porque no se trata de discursos, ni de cifras maquilladas, ni de promesas que se repiten cada sexenio como si la memoria fuera corta. Se trata de la obligación más básica de cualquier Estado: proteger la vida, la libertad y la integridad de quienes lo habitan.
Cuando una persona desaparece, no solo falla una institución… fallan todas.
Falla la prevención.
Falla la reacción.
Falla la investigación.
Y, sobre todo, falla la justicia.
Y lo más grave es que esa falla no es aislada: es estructural.
Un Estado que no puede —o no quiere— evitar que su gente desaparezca, no solo pierde control territorial… pierde legitimidad.
Pierde la capacidad de llamarse garante de derechos.
Pierde, poco a poco, su vínculo con la sociedad.
Porque aquí ya no hablamos de casos.
Hablamos de patrones.
De omisiones sistemáticas.
De una normalización que lastima, que indigna… pero que también empieza a volverse costumbre.
Y ese es el verdadero riesgo.
Que aprendamos a vivir con la ausencia.
Que dejemos de preguntar.
Que bajemos la voz.
Por eso, hoy más que nunca, hay que decirlo con claridad: no es una exigencia excesiva, es lo mínimo indispensable.
Que ni un mexicano más sea desaparecido.
Fuente: Status.
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