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Ideología y desaparecidos
Noticia publicada a
las 03:39 am 14/04/26
Por: Facundo Rosas.
Lo anterior equivale a decir que izquierda y desaparecidos no combinan, que son antinatura, sin embargo, en materia de Derechos Humanos y desaparición de personas.
De acuerdo con las más recientes declaraciones del gobierno de México en materia de desaparición forzada, a propósito del Reporte del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU,
los gobiernos de izquierda son incapaces de cometer este delito considerado como de lesa humanidad y los únicos que los cometen o han cometido son los gobiernos de derecha o algo más cercano al centro.
Lo anterior equivale a decir que izquierda y desaparecidos no combinan, que son antinatura, sin embargo, en materia de Derechos Humanos y desaparición de personas, las cosas son relativas, todos los violan y todos la cometen, la diferencia radica en la forma en que lo niegan, unos son más estridentes y refractarios que otros.
Desde su perspectiva, del 1° de diciembre de 2018 a la fecha no se ha cometido ninguna desaparición forzada por razones políticas, lo cual podría tener cierta lógica, pero no es así, ya que antes que la actual administración pasaron 6 años en los que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró varios casos a pesar de haber volteado hacia otro lado, particularmente cuando se encontraban involucradas las fuerzas armadas y Guardia Nacional antes de que esta última se incorporara completamente a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Pero si nos vamos más atrás en el tiempo, hasta las administraciones azules y tricolores, es muy probable que se hayan presentado algunos casos de desaparición forzada, pero por lo menos entre 2007 y 2012 no fueron cometidas por instituciones civiles y ejemplos hay varios, todos documentados por la CNDH e incluso algunos llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con resoluciones en contra del Estado Mexicano, como el caso de Nitza Paola Alvarado en el estado de Chihuahua en 2009.
Decir que desapariciones forzadas solo hubo hasta el 30 de noviembre de 2018 es como negar que mañana va a salir el sol, tal vez no todas las han cometido las instituciones federales, estatales y municipales, que son parte del Estado Mexicano, pero en algunos casos fueron omisos y ese también es delito.
En otros casos el ilícito se cometió con conocimiento de causa, como el del ex Secretario de Seguridad Pública del estado de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, quien hace unos días fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada. Tampoco estaría detenido el ex Secretario de Seguridad Pública Municipal de Matehuala, SLP por la desaparición de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad.
Quizá lo que más le duela a este gobierno es que el citado Reporte en algún momento trata de generalizar en el sentido de que todas las desapariciones podrían caer en el supuesto de que fueron forzadas y lo colocarían como responsable de un delito catalogado como de lesa humanidad.
Rechazar el Reporte en su totalidad evidencia que las autoridades federales emanadas de la izquierda no asumen su responsabilidad histórica, como tampoco asumieron en su momento los reclamos de las madres y padres buscadores, de los colectivos y diversas Organizaciones No Gubernamentales, quienes tuvieron que acudir a instancias internacionales como la ONU para que les hicieran caso. Así es que no pueden fingir demencia.
Tampoco reconocen que llegaron tarde a su cita con la historia y si no fuera por el Reporte de dicho Comité, hoy seguirían pateando el bote que significa el tema de los 132 mil 500 desaparecidos, cuyo informe vinieron postergando desde finales de 2025, pero ya no pudieron hacer nada para seguirlo ocultando.
No es casual que antes de que se diera a conocer el Reporte del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED por sus siglas en inglés), apresuradamente en la mañanera del pueblo salieran a exponer las cifras de desaparecidos y todas las acciones que han emprendido, por cierto en su mayoría de carácter administrativo y solo de gabinete. Lo que sucedió después tiene un claro interés de denostar el contenido y de desprestigiar a quien lo elaboró diciendo que ni a la ONU pertenecen, que son independientes.
POR FACUNDO ROSAS R.
EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL
@FACROSAS