Noticia publicada a las 12:20 am 13/04/26

Por: Fernando Maldonado.

Lo ocurrido el 9 de abril en Tehuacán no debe leerse como un episodio judicial. Sus implicaciones son económicas, institucionales y profundamente desestabilizadoras para la región.
La detención de Estela “N”, de 85 años de edad, dentro de la empresa Socorro Romero Sánchez S.A. de C.V., junto con la captura simultánea del notario público número 2,

Ramiro “N”, envía una señal grave al ecosistema empresarial estatal y no es un hecho menor ni aislado.
Se trata de una empresa emblemática para Tehuacán, vinculada históricamente con la generación de empleo, derrama económica y estabilidad para miles de familias.
Por ello cualquier acción que altere su operación, su imagen pública o la tranquilidad de su plantilla laboral tiene efectos que trascienden el expediente penal.
El problema de fondo está en la percepción de riesgo. Cuando órdenes de aprehensión sustentadas en carpetas con más de ocho años de antigüedad se ejecutan de forma simultánea, aparatosa y en puntos estratégicos, el mensaje que recibe el sector privado no es de certeza jurídica, sino de vulnerabilidad.
Y esa vulnerabilidad se agrava por el contexto del caso principal: Miguel Ángel Celis Romero permanece en prisión, en buena medida, porque quiso.
No porque no hubiera rutas jurídicas o políticas para atemperar el conflicto, sino porque optó por pelear. Su contraparte, según se sabe en el entorno del caso, siempre se mantuvo abierta a una negociación. Él eligió la confrontación, esa decisión cambió la dimensión del conflicto.
Porque cuando un diferendo se radicaliza por orgullo, cálculo equivocado o soberbia, deja de afectar únicamente al involucrado directo. Arrastra familia, patrimonio, relaciones profesionales, estabilidad corporativa e incluso la percepción de seguridad para hacer negocios.
La reactivación de expedientes añejos no puede desligarse de ese contexto. Aunque jurídicamente pudiera justificarse, políticamente y económicamente provoca alarma. La pregunta que hoy se hacen empresarios de Tehuacán no es solo si las detenciones proceden, sino quién sigue y bajo qué lógica.
El periodo del barbosismo sigue siendo un referente inevitable en el análisis actual de la situación en Tehuacán. Durante aquella etapa, el sector empresarial vivió momentos de tensión, marcados por denuncias de presiones y la reactivación selectiva de carpetas judiciales. Numerosos empresarios señalaron el uso de las instituciones como herramientas para influir en sus decisiones. Hubo incertidumbre y percepción de vulnerabilidad.
La percepción generalizada era que existía una intención de despojar a una familia de su empresa y fortuna, a través de mecanismos institucionales para forzar voluntades. Lo más preocupante, según las voces del entorno, es que los operadores involucrados en estos procesos permanecen activos, manteniendo las mismas intenciones y estrategias, aunque ahora actúan bajo una nueva imagen institucional, representada por el chaleco guinda.
El riesgo es que esa narrativa se reinstale. Y la narrativa importa. Porque la inversión no solo responde a indicadores; responde, sobre todo, a percepciones de estabilidad, límites institucionales y certeza jurídica.
Si en Puebla se instala nuevamente la idea de que viejos expedientes pueden convertirse en herramientas de presión en medio de disputas personales, el daño no se quedará en Tehuacán; más aun, cuando se utiliza al Ejército y la Guardia Nacional para entrar al domicilio de una mujer de avanzada edad y detenerla para meterla presa en un reclusorio donde no tendrá las atenciones médicas que su edad y estado de salud requieren.
Se expandirá como desconfianza. Y la desconfianza, en términos económicos, siempre termina costando más que cualquier litigio.

@FerMaldonadoMX

Fuente: Municipios.

[Regresar a la página principal]