Noticia publicada a las 03:37 am 10/04/26

Por: José Gil Olmos.

La militarización como estrategia ha confirmado que la violencia genera más violencia y que el poder de las agrupaciones criminales ha crecido porque se han coludido con políticos y autoridades de todos los niveles, desde el municipal y estatal, hasta el federal.
La guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón en Apatzingán, en 2006, es un vórtice de violencia que no para desde entonces.

Desde hace un siglo, con la Revolución y la Guerra Cristera, el país no vivía una violencia tan cruenta como la que ahora se sufre en todo el país.
La posibilidad de que en la sesión de la ONU se declare como un crimen de lesa humanidad la cantidad de desapariciones en México, es la señal más clara de la situación de violencia generada por la llamada guerra contra el narcotráfico.
En los hechos esa declaración lanzada irresponsablemente por Calderón en su tierra natal, Michoacán, mantenida por Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y ahora por Claudia Sheinbaum, no ha servido de nada, pues el poder de las organizaciones criminales ha crecido desmesuradamente no sólo en lo económico con asociaciones criminales en más de 40 países, sino también en lo social, territorial y político.
Las consecuencias sociales de esta guerra irrisoria son brutales: 360 mil homicidios, más de 130 mil desaparecidos y 400 mil desplazados, es el panorama devastador que tiene registrado este periodo de dos décadas de guerra contra el narcotráfico en el país.
La militarización como estrategia ha confirmado que la violencia genera más violencia y que el poder de las agrupaciones criminales ha crecido porque se han coludido con políticos y autoridades de todos los niveles, desde el municipal y estatal, hasta el federal.
Los ejemplos de esta colusión los tenemos muy claros con el exsecretario de seguridad pública Genaro García Luna, así como con los gobernadores Tomás Yarrington, Mario Villanueva, Jesús Reyna, Roberto Sandoval, el fiscal nayarita Edgar Beitia, y a quienes actualmente se acusa como Rubén Rocha y Ricardo Gallardo.
No hay partido político que se salve de estas vinculaciones, lo mismo que miembros del Ejército, Marina y empresarios que han hecho negocios de lavado de dinero.
Pero también la sociedad ha sucumbido a esta influencia creando lo que se llama “sociedad narca”, que simpatiza y hasta participa con los grupos y capos del crimen organizado, a quienes ven como héroes o ejemplos a seguir. Basta con recordar cómo el Señor de los Cielos se hizo más famoso luego de la serie que realizó Epigmenio Ibarra en 2013 y hasta ahora continúa con el anuncio de la temporada 10.
Poco o casi nada se ha hecho en esta guerra para actuar donde le duele al crimen organizado: el dinero.
Es evidente que ya no se trata de un problema sólo de México, sino global. Y sólo de una estrategia internacional, con investigaciones profundas en los principales mercados financieros de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina es como se podrá hacer un frente serio para combatir el crimen organizado.
Los miles de muertes, desapariciones y desplazamientos forzados como una expresión del poder y la violencia del crimen organizado en su ramificación del tráfico de drogas seguirán sino se toma como un problema global y financiero.
México tiene ya 20 años sumido en esa espiral de violencia que ha dejado miles de familias heridas que huyen de sus hogares o mantienen un duelo abierto ante la imposibilidad de encontrar a sus seres queridos.
La decisión del Comité sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED) de turnar al secretario general de la ONU, Antonio Guterres una resolución sobre la situación de los desaparecidos en México para someterla a la Asamblea General “para que ésta considere medidas destinadas a apoyar al Estado Parte en prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen”, es un paso en el reconocimiento de la gravedad del problema.
El rechazo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a este informe del CED que concluyó que hay “indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país”, en nada ayuda a enfrentar el problema.
Cerrar los ojos no significa que deja de existir esta situación. La violencia que se vive ahora en México y que solo se compara con la de hace un siglo, requiere de actos y decisiones que trascienden la estrategia militar y el combate aislado.
Actuar contra los políticos, gobernantes y empresarios coludidos es una parte. La otra esta en los mercados financieros y en esa parte hace falta la participación de gobiernos como el de Estados Unidos, donde existe el mercado de consumo más grande del mundo.

Fuente: Proceso.

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