Noticia publicada a las 03:46 am 07/04/26

Por: Arturo Luna Silva.

En Puebla se gobierna o al menos eso se repite “por amor a Puebla”. Es la consigna que ha intentado posicionar el gobernador Alejandro Armenta como eje moral de su administración. Una línea clara, insistente, casi catequística. El problema es que, en tierra, esa narrativa se desmorona frente a una realidad mucho más cruda: funcionarios y operadores que han convertido el poder en un negocio personal,

anticipando la disputa de 2027 mientras incendian, literalmente, las regiones que deberían cuidar.
Tehuacán es hoy el mejor ejemplo de esa descomposición. Ahí donde opera sin pudor un viejo conocido de las corruptelas electorales Pedro Tepole, un ex alcalde que ni siquiera ha podido aclarar sus propias cuentas públicas, pero que autorizó nombramientos, como si fuera el gran cacique de la región. Presume controlar municipios, imponer candidatos y decidir destinos políticos como si se tratara de una franquicia privada. No es liderazgo: es simulación de poder sostenida en redes clientelares.
Su nivel de desgaste es tal que cuando su nombre apareció como posible rector de una institución educativa, la reacción no fue de respaldo, sino de rechazo abierto: paro de labores, inconformidad generalizada y un mensaje claro desde la comunidad: no lo quieren. Aun así, insiste. No por vocación pública, sino por supervivencia política.
A su lado “porque aquí nadie juega solo” aparece Marco Balseca, el aspirante perpetuo. Ese personaje que solo existe cuando hay elecciones cerca y desaparece cuando se le niega la candidatura. Hoy, investido como delegado de Gobernación, tenía una responsabilidad: garantizar estabilidad. Ha hecho exactamente lo contrario.
Lejos de actuar como árbitro, se comporta como jugador. Parcial, torpe y peligroso. En vez de desactivar conflictos, los alimenta. En vez de mediar, toma partido sin entender “o sin importarle” el fondo de los problemas. Es la caricatura de lo que no debe ser un operador político en funciones de gobierno.
El tercer caso no es menor: Ana Lilia Tepole. Su paso por el Congreso no solo ha sido gris; ha sido prácticamente inexistente. Sin iniciativas, sin posicionamientos, sin trabajo territorial. Pero eso sí: con apellido. Porque en su caso, el acceso al poder no se explica por capacidad, sino por prebenda política. Nepotismo puro y duro.
Su trayectoria es el reflejo de una práctica que el discurso oficial dice combatir, pero que en los hechos se tolera: la política como patrimonio familiar.
Y finalmente, el actual alcalde, Alejandro Barroso, quien llegó prometiendo un cambio que nunca ocurrió. Su administración es opaca, intrascendente y sin rumbo. Ni gobierna, ni ordena, ni contiene. Eso sí: rompió con quien lo impulsó políticamente en cuanto tomó el cargo, demostrando que su única lealtad es a su propia sobrevivencia.
Cuatro personajes distintos. Un mismo patrón: ambición sin límites y responsabilidad nula.
Lo verdaderamente grave no es su mediocridad individual, sino su coincidencia estratégica. Porque lejos de confrontarse, estos actores han encontrado puntos de acuerdo en lo más oscuro: operar conflictos, presionar inversiones y generar inestabilidad como herramienta política.
El mecanismo es burdo, pero efectivo: se acercan a empresarios, prometen “control” territorial, exigen dinero. Si no hay acuerdo, activan el conflicto. Bloqueos carreteros, marchas, movilización de grupos que ni siquiera pertenecen a las comunidades afectadas. Todo orquestado.
Y cuando la tensión escala, aparece la autoridad… para ponerse del lado equivocado.
Así, lo que debería ser desarrollo económico se convierte en rehén de intereses políticos. Lo que debería ser gobernabilidad se transforma en chantaje.
No es improvisación. Es un modelo de operación.
Mientras tanto, el discurso del “amor a Puebla” queda reducido a propaganda. Porque no hay amor en la extorsión política, ni en la desestabilización inducida, ni en el uso faccioso de las instituciones.
Aquí hay otra cosa: cálculo, negocio y una carrera adelantada rumbo a 2027 que está dispuesta a sacrificar lo que sea “inversión, paz social, credibilidad institucional” con tal de posicionarse.
La pregunta ya no es si esto está ocurriendo. La pregunta es por qué se está permitiendo. Porque en política, la omisión también es complicidad. Y si nadie pone un alto, el escenario es claro: Tehuacán no solo será un campo de batalla electoral anticipado, sino un foco rojo de ingobernabilidad.

Fuente: Puebla on Line.

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