Noticia publicada a las 03:43 am 07/04/26

Por: Jesús Solano Lira.

Es cada vez más evidente que el Estado mexicano se ha visto totalmente rebasado por la magnitud de los casos de personas desaparecidas, lo que pone en evidencia la grave situación de este problema, que se ha incrementado en los últimos ocho años.
Este problema, se encuentra directamente vinculado a la violencia del crimen organizado, la impunidad y una severa crisis forense,

con más de 52, 000 restos humanos sin identificar y miles de fosas clandestinas.
Si a eso agregamos que México, de acuerdo con diversas Organizaciones No Gubernamentales y colectivos de madres y familiares buscadores, enfrenta una grave crisis humanitaria con más de 132, 000 personas desaparecidas y no localizadas.
Y ahí le van los datos con bolitas y palitos. Un estudio de Red Lupa, detalla que: “Después de llegar en el 2022 a 100,000 casos de personas desaparecidas la cifra aumentó en un 7.3% en 2023 y siguió aumentando en el 2024 en un 6.3%, y en el 2025 en un 12%.
A la fecha los reportes de casos de personas desaparecidas siguen en aumento, es persistente y se repite en el país, siendo los estados de Jalisco, Tamaulitas, México, Veracruz y Nuevo León, los que concentran el mayor número de personas desaparecidas.
Es tal la magnitud del problema que el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) pidió a la Asamblea General que discuta de forma urgente la situación de las desapariciones en México.
De acuerdo con el CED la solicitud a la Asamblea General, es para que tome medidas destinadas a apoyar al Estado en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen. Para ellos no aplica la política del No Pasa Nada.
La posición del CED, ha sido una de las críticas en los últimos años, al considerar que hay “indicios fundados” de que en el país se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas, que podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad, alegando que se han producido ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes partes del país.
El CED advierte que, a pesar de las medidas adoptadas en los últimos años, la situación no ha mostrado una mejora sustancial, según los datos oficiales y públicos disponibles, y lamenta que las autoridades sigan desbordadas por la magnitud de la crisis, y le urge a impulsar reformas estructurales, para prevenir las desapariciones y garantizar la rendición de cuentas.
En respuesta, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, rechazó esa solicitud al considerar que es “parcial y sesgado”, sin embargo, reiteró que México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual. Defendiendo lo indefendible.
Para Somos México, la decisión inédita del CED, fue advertida previamente en múltiples ocasiones al gobierno mexicano.
Somos México también condenó el hecho de que el gobierno mexicano, que se dice “humanista”, pretenda minimizar una crisis tan grave que está siendo catalogada como “crímenes de lesa humanidad” y rechace el informe del Comité́ de la ONU, “por ser tendencioso y no tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno de México”.
Como lo hemos documentado en este espacio, el gobierno de México nada más no ha podido con esta crisis humanitaria que se incremento en el sexenio pasado, en el que la indolencia, indiferencia y desinterés fue la constante, ante el incremento de personas desaparecidas.

Fuente: Índice Político.

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