Noticia publicada a las 02:45 am 05/04/26

Por: Aurelio Contreras Moreno.

La historia oficial sobre el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México se derrumba y en su lugar queda expuesta la serie de mentiras con las que el gobierno ha pretendido encubrir su propia responsabilidad en un desastre ambiental de proporciones históricas.
Lo que se presentó oficialmente como una contingencia súbita, atribuida a causas inciertas,

a barcos de empresas que no atinaban a identificar e incluso a fenómenos naturales, hoy se revela como un desastre del que tenían pleno conocimiento las autoridades y que deliberadamente decidieron ocultar.
La evidencia disponible es contundente: el vertido comenzó a principios del pasado mes de febrero en un ducto de Pemex que transporta crudo hacia la refinería de Dos Bocas. Y eso tendría que obligar a fincar responsabilidades ambientales, administrativas e incluso penales.
De acuerdo con la investigación de cerca de 20 organizaciones civiles ambientalistas que no han quitado el dedo del renglón, pese a las descalificaciones y presiones gubernamentales, el derrame no inició en marzo, como se quiso hacer creer, sino desde el 6 de febrero. Imágenes satelitales mostraban ya manchas de hidrocarburos frente a Campeche, justo sobre el ducto OLD AK C de Pemex, a donde el 7 de febrero arribó el buque Árbol Grande, especializado en reparación de ductos, operado por la empresa Constructora Subacuática Diavaz S.A. de C.V. y contratado por Pemex Exploración y Producción.
Durante ocho días, la embarcación permaneció sobre la línea de 36 pulgadas de diámetro que conecta la plataforma AKAL-C con la Terminal Marítima Dos Bocas. Es decir, hubo intervención técnica en el sitio, presencia de embarcaciones de apoyo y maniobras de dispersión. Pero lo que no hubo fue una alerta pública sobre lo que estaba sucediendo.
El gobierno de Claudia Sheinbaum decidió callar y, semanas después, solo hasta que era inocultable el envenenamiento de toda la vida en el océano, admitió la contingencia como si apenas comenzara. La falsedad oficial no es un detalle menor: es la diferencia entre una población informada y preparada, y comunidades costeras sorprendidas por el arribo del chapopote sin protección ni planes de contención.
Fue hasta finales de marzo, el día 26, que las autoridades federales decidieron dar un “informe” y atribuyeron el contaminante a tres fuentes: un buque que no identificaron y, para azoro de todo mundo, dos chapopoteras naturales, algo que ni ellos se creyeron. El objetivo era sembrar la idea de que el derrame no era responsabilidad del gobierno. Pero la evidencia los exhibe.
Ocultar la información tuvo consecuencias directas: retrasó la presión pública para tomar acciones y contener el derrame, impidió la preparación de las comunidades y dejó a pescadores y habitantes costeros enfrentando el desastre prácticamente por su cuenta y costo.
Sin exagerar, estamos ante uno de los peores derrames en la historia reciente del país. Las comunidades pesqueras han visto comprometidos sus proyectos de vida en toda la costa del Golfo de México, desde Tabasco hasta el norte de Veracruz y Tamaulipas. Los ecosistemas arrecifales y manglares, de por sí vulnerables, enfrentan daños que podrían ser irreversibles. Y todo ello ocurrió ante la mirada del Estado mexicano, que decidió ocultar lo que estaba sucediendo, hasta que las manchas de hidrocarburo ennegrecieron las costas y las playas.
Y no se trata de un problema de comunicación, sino de una decisión política que diluyó responsabilidades y ayudó a potenciar el daño sobre los ecosistemas marinos y la actividad económica de los habitantes de por lo menos 13 municipios en el estado de Veracruz.
Las responsabilidades son múltiples: Pemex, como operador del ducto, tenía la obligación de informar de inmediato sobre cualquier contingencia. Su silencio constituye una omisión grave; Semar, ASEA, Semarnat, Sener y Profepa tenían el deber de coordinar la respuesta y alertar a la población. No solo no lo hicieron, sino que minimizaron la magnitud de la emergencia y hasta se atrevieron a decir que no había afectaciones mayores.
Por supuesto, también tienen que responder los gobiernos federal y estatal de Veracruz. Al presentar versiones falsas sobre el origen del derrame, incurrieron en omisiones deliberadas que tendrían que ser investigadas. Lo cual, se sabe, no va a suceder. Pero al menos deberán enfrentar el escarnio público que, más temprano que tarde, traerá consecuencias.
La salida fácil que han tomado –y que ya se les ha hecho costumbre-, es acusar a los medios y hasta a las organizaciones ambientalistas de desinformar y difundir información falsa para “atacar” a la presidenta Sheinbaum o a la gobernadora Nahle.
Empero, el mar no ha dejado de lanzarles a la cara un escupitajo negro, que ya simboliza su irresponsabilidad e ineptitud.

Fuente: Índice Político.

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