Noticia publicada a las 02:03 am 01/04/26

Por: Alberto Woolrichs Ortiz.

La inmensa mayoría de los estudiosos y practicantes del derecho hemos sido afines, desde tiempo inmemorial, no sólo a los acontecimientos históricos más relevantes vinculados con la justicia, sino incluso a las trepidantes vivencias de aquellos funcionarios del entorno de procuración e impartición de justicia, algunos de los cuales por infortunio incurrieron en degradantes actos de corrupción.

Por ello no debe de extrañar que, desde un punto de vista de nuestro Derecho Positivo, nos opongamos rotundamente a la designación de jueces electos por voto popular, ya que con ello median factores de índole político o emocionales, que dan lugar a que esas togas traten de congraciarse con el movimiento político que los postuló, lo que resulta en justicia un menoscabo a la independencia.
Para la justicia ello resulta ser un inconveniente, además, de que una vez que han sido elegidos por ese sufragio, juzgan a justiciables que fueron o son partidarios o adversarios del movimiento político que los condujo a ocupar ese sitial, lo que estropea la imparcialidad.
La experiencia nos ha llevado a afirmar que la Reforma Judicial de Andrés Manuel López Obrador, ha dado como consecuencia que los electos, cuenten con cualidades de simpatía, popularidad y falso prestigio, el cual fue adquirido como adeptos al Movimiento de Regeneración Nacional y no a una justa apreciación de sus virtudes como togados. A la contienda electoral para obtener ese voto, se han presentado los aplaudidores de los movimientos políticos que los postulan, incluso aquellos simpatizantes a la defensa de la narco-política, lo cual compromete gravemente esa independencia y prestigio de las togas que asumen esos cargos. Esta opinión es innegociable.
Acerca de la intervención de todos los partidos políticos de la Nación en las contiendas electorales de esos “letrados”, la presidencia de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados, sostiene el parecer que, para ser juez o magistrado de esa mal habida reforma, sólo se requiere la patente para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho y por desde luego tener amistad o relación con algún político influyente. Para ello, los conocimientos salen sobrando.
Para esas togas “electas” no existe un procedimiento de selección a través de pruebas que confirmen sus méritos y sus conocimientos y, que esas pruebas sean realizadas por letrados calificados, selectos, con experiencia y amplia solvencia moral e intelectual, que desatiendan las influencias de la política y/o narco-política para conceder la toga a quien verdaderamente la merece y que pueda desempeñar la difícil y augusta misión de impartir justicia, sin incurrir en actos de corrupción.
Es cuánto.
Lic. Alberto Woolrich Ortiz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Fuente: Índice Político.

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